El programa de prevención del delito del gobierno federal —uno de los pilares de la estrategia contra la violencia del presidente Enrique Peña Nieto— se aplica sin una metodología clara sobre cómo elegir a las demarcaciones beneficiadas, con diagnósticos de crimen “frágiles y sin evidencia” y sin indicadores para poder medir su efectividad, concluyó la organización civil México Evalúa.
Para responder a la pregunta de si es posible prevenir el delito en el país, México Evalúa se dio a la tarea de analizar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob). La conclusión del análisis, explicó Edna Jaime, presidenta de la organización, es que con lo que se está haciendo en México en materia de prevención desde febrero del año pasado —cuando Peña Nieto presentó el programa—, “difícilmente” se logrará el objetivo de prevenir el delito y con ello disminuir la violencia, pues se cuenta con una estrategia que se queda “en las buenas intenciones”.
“¿Es posible prevenir el delito con lo que estamos haciendo en el país? Difícilmente si la selección de las demarcaciones no se justifica y su metodología no es clara y transparente, difícilmente si la distribución de los recursos no está basada en los objetivos y en los factores de riesgo, no lo podremos hacer si la mayoría de los proyectos no cuentan con diagnósticos sólidos ni evidencia, no si las metas indicadoras de los proyectos no permiten evaluar su efectividad y si cumplieron su objetivo”, dijo durante un seminario celebrado este martes en el Colegio de México, al que asistió Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob.
[contextly_sidebar id=”551a8a4d4d8ba3937c5a3992716b99ae”]El plan de prevención del gobierno federal cuenta con un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos que están dirigidos a proyectos para combatir “factores de riesgo” o posibles causas del delito en 57 demarcaciones prioritarias con altos índices delincuenciales.
México Evalúa analizó los criterios para definir cuáles son las demarcaciones beneficiadas, los mecanismos de asignación de recursos y los diagnósticos presentados para justificar la adhesión al programa. Tomó como muestra a 15 regiones: zona metropolitana de Monterrey, la de Cuernavaca, Tijuana, Iztapalapa, Puebla, Durango, Ahome, Celaya Centro, Tabasco Centro, Tepic, Cuautla, Zihuatanejo, Tapachula, Fresnillo y Tulancingo.
En primer lugar concluyó que la metodología para la selección de las demarcaciones no es clara, pues al analizar la normatividad del programa notaron que ni el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 —que prevé los recursos asignados y su distribución—, ni en las bases, ni en los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se menciona la metodología para seleccionar a los beneficiarios.
En cuanto a la distribución de recursos, el gobierno federal ha hecho énfasis en que la base del programa es atacar los factores de riesgo —que van desde el embarazo adolescente y la violencia familiar, hasta la relación con parientes delincuentes, el fracaso escolar o la deserción— y que de ellos depende el financiamiento a favor de la prevención.
Sin embargo, México Evalúa destacó en su análisis que los recursos no están asociados a factores de riesgo, sino a población y homicidios, además de que se asignaron antes de que cada demarcación hubiera presentado los proyectos específicos a desarrollar.
“Sería deseable que hubiera una relación entre efectividad, buen diagnóstico y asignación de recursos. No queda claro si la prevención tiene que ver con factores de riesgo porque los recursos no están vinculados con esto”, dijo Edna Jaime.
En mayo de 2013, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob dio a conocer que tras realizar los diagnósticos sobre la prevalencia del delito en las demarcaciones elegidas, mil 067 colonias con 3.9 millones de habitantes serían las beneficiadas con los recursos del programa.
México Evalúa dio a conocer este martes que tras realizar un análisis de los diagnósticos presentados, en 54% de los casos estos se realizaron con información insuficiente y/o subjetiva y 14.5% presentó una justificación de por qué ser adherentes al programa, pero no evidencia sobre delito y violencia.
“Los diagnósticos no son verdaderos diagnósticos. Las consecuencias de tener diagnósticos frágiles es que las metas no son claras, no hay indicadores en estos proyectos y por ende, es muy difícil que sean efectivos, es muy difícil dar seguimiento y es muy fácil perder la brújula. Las metas indicadoras permitirán medir resultados solo en el 27.5% de los casos, pero no podrán hacerlo en 65.5%”, explicó Edna Jaime.
Sobre el análisis de México Evalúa, Roberto Campa rechazó profundizar pero dijo que asumía “al 100%” las observaciones, puesto que todas “son atendibles”, sobre todo la de “garantizar un esquema mayor de transparencia”.
Desde que el programa se presentó en febrero de 2013, no se había realizado una evaluación del mismo. Sin embargo, Campa lo calificó como exitoso, con “diagnósticos sólidos a nivel municipal” que permiten atacar los factores de riesgo.
