La ley Acta de la Confianza de California que limita las deportaciones exclusivamente para indocumentados peligrosos y con antecedentes criminales violentos entró en vigor este primero de enero.
Se trata de la primera ley en el país que suspende la entrega automática de información sobre detenidos, infraccionados y testigos a las autoridades federales de migración a través del programa de Comunidades Seguras.
Desde este miércoles los departamentos de policía y de alguaciles en California proporcionarán a discreción a la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) información de detenidos, pero informarán paralelamente a los tribunales en el estado.
Más de cien mil personas fueron deportadas de California en lo que va de la administración del presidente Barack Obama, en su mayoría sin antecedentes penales de ningún tipo y muchos de ellos al ser sancionados por faltas tan comunes como las infracciones viales, de acuerdo con al autor de la ley, el asambleísta Tom Ammiano.
La directora del Centro de Política de Inmigración de California, Reshma Shamasunder, declaró que con la ley Acta de la Confianza “California pronuncia un mensaje de que la era de las deportaciones masivas y el gasto en las redadas debe terminar”.
Armas, paparazzis, salario mínimo y más…
Cientos de nuevas leyes también entraron hoy en vigor en el estado, incluyendo estatutos para reforzar el control de armas y para brindar un mayor acceso al aborto.
El gobernador de California, Jerry Brown, y la Legislatura estatal promulgaron también leyes que a partir de este miércoles están orientadas a restringir la controversial técnica de perforación de petróleo conocida como “fracking”.
Además desde este 1 de enero los estudiantes transgénero de California podrán elegir a qué baño ingresar en su escuela o en qué equipo deportivos participar, con base en su identidad de género.
Las nuevas leyes fueron aprobadas por las mayorías demócratas en ambas cámaras de la legislatura estatal y promulgadas por un gobernador también demócrata, en una nueva era de gobierno de partido único que ha permitido hacer frente a cuestiones de política contenciosa, muchas de las cuales han permanecido suspendidas a nivel federal por la división partidista en Washington.
Mientras a nivel federal, el Congreso se mantiene paralizado en temas como el de la inmigración, en California la legislatura estatal y el gobernador aprobaron más de una docena de proyectos de ley sobre el tema.
Una de las iniciativas aprobadas prohíbe a los agentes de la policía local detener a inmigrantes que se encuentren en forma ilegal más del tiempo necesario para que las autoridades federales de inmigración puedan tenerlos en custodia si se les acusa de sólo delitos menores.
Los inmigrantes tendrían que ser acusados o sentenciados por un delito grave para que puedan permanecer detenidos más de 48 horas y ser transferidos a las autoridades de inmigración de Estados Unidos bajo la nueva y polémica medida conocida como la Ley de Fideicomiso.
A diferencia del gobierno federal, California aprobó también en el 2012 controles de armas más estrictos.
Una de esas restricciones, en vigor a partir de este miércoles, es la prohibición de poseer armas a lo largo de cinco años a cualquier persona que emita una seria amenaza de violencia a los psicoterapeutas.
La ley requiere que los profesionales de salud mental notifiquen a las autoridades de tales amenazas dentro de las primeras 24 horas.
El gobernador Brown firmó un total de 800 proyectos de ley el año pasado, y la mayoría de ellos entran en vigor este miércoles. Otros se convirtieron en ley inmediatamente después de su firma o entrarán en vigor después.
El salario mínimo de California se elevará un dólar, para quedar en nueve dólares por hora. Se elevará a 10 en enero de 2016.
También una nueva ley que autoriza emitir licencias de conducir para inmigrantes indocumentados, iniciará el 1 de enero 2015, después de que se desarrollen nuevas directrices por parte de la División de Vehículos de Motor de California.
Entre las disposiciones que entran en vigor este miércoles se encuentra una que impone una sanción menor a los fotógrafos de celebridades conocidos como “paparazzi” en caso de que intenten fotografiar o video grabar a un niño de manera hostigante.
Otra ley impone mayores sanciones económicas para los que cometen el delito de hacer llamadas anónimas al número de emergencias 911 para reportar un falso incidente en la dirección de alguna celebridad o para lograr una respuesta de la policía.
