La organización Human Rights Watch presenta este martes 21 de enero su Informe Mundial 2014, en el que hace una dura crítica al desempeño del presidente Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos.
En el documento, HRW reconoce que si bien durante su toma de protesta el priista reconoció las graves violaciones por parte de las fuerzas de seguridad cometidas durante la administración de su predecesor, Felipe Calderón, al cumplir un año al mando del gobierno las violaciones continúan y las ocurridas se mantienen impunes.
“El gobierno ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto”, reclama.
El informe será presentado en Washington -a las 8:00 horas de México- por José Miguel Vivanco, director para las Américas.
En un adelanto, Animal Político te presenta los focos rojos de los derechos humanos en México según la organización.
Desapariciones
Las desapariciones de personas continúan ocurriendo durante la administración de Enrique Peña Nieto, algunas de ellas cometidas por la colusión de fuerzas de seguridad en colaboración con organizaciones delictivas, denunció HRW.
En febrero de 2013, a dos meses de asumir el poder, el priista reconoció que había más de 26 mil personas desaparecidas y la PGR creó la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas.
Sin embargo, de acuerdo con el informe, no ha tenido resultados significativos en la investigación penal de los casos o la ubicación de las personas ausentes, pues ni siquiera ha logrado concretar una base de datos nacional de personas desaparecidas ni otra sobre los miles de restos humanos encontrados en fosas comunes y no identificados.
Tortura
Entre los primeros 10 meses de administración de Enrique Peña Nieto, enero y septiembre del 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 860 denuncias de tortura y trato cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios federales.
Las prácticas más recurrentes fueron golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual y generalmente ocurren desde que las personas son detenidas arbitrariamente hasta que son puestas a disposición de agentes del MP.
Cuando son denunciadas, acusa HRW, las autoridades judiciales rara vez aplican el protocolo de Estambul, un mecanismo internacional que sirve para detectar tortura.
Entre 2003 y 2012 la PGR aplicó el mecanismo en 302 ocasiones y encontró tortura en 128 casos, sin embargo sólo inició 39 investigaciones contra funcionarios y en ninguna hubo sentencia condenatoria.
Centros de detención
Durante los primeros once meses de administración de Enrique Peña Nieto, entre enero y noviembre del 2013, 108 personas presas fueron asesinadas dentro de los centros de detención.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 65 por ciento de las prisiones son controladas por la delincuencia organizada y la corrupción y violencia es sumamente grave.
Además, la sobrepoblación y falta de higiene son constantes; y si los presos reclaman agresiones o abusos de guardias o internos, no tienen un sistema efectivo para una reparación.
Impunidad de abusos militares
Pese al elevado número de denuncias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió en contra de elementos militares por abusos cometidos contra los ciudadanos, 8 mil 150 entre diciembre del 2006 y septiembre del 2013, los casos siguen siendo juzgados en el fuero militar.
Al momento de redactor el informe, la Comisión de Justicia del Senado continuaba evaluando un proyecto de reforma al Código de Justicia Militar que buscaría llevar los casos del fuero castrense al civil.
El tema amerita celeridad, pues los tribunales militares carecen de independencia y transparencia, acusa HRW. Por ejemplo, entre enero del 2007 y mediados del 2013 la Procuraduría General de Justicia Militar inició 5 mil 600 investigaciones de presuntos abusos cometidos por militares contra civiles y hasta octubre del 2012, sólo 38 uniformados habían recibido condena.
Libertad de expresión
Del año 2000 a agosto del 2013 85 periodistas fueron asesinados. Del año 2005 a abril del 2013 otros 20 fueron desaparecidos, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Desde el 2006 que se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a la fecha solo se ha logrado una condena penal en las 378 investigaciones que inició.
“Las autoridades no han conseguido investigar adecuadamente delitos contra periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura la posibilidad de que hayan sido agredidos por motivos vinculados con su profesión”, acusa HRW.
La libertad de expresión no está garantizada en México por dos frentes, principalmente: por un lado, es común que periodistas opten por la autocensura ante ataques de funcionarios o grupos delictivos y por otro, la falta de regulación de publicidad oficial genera una influencia económica desproporcionada entre los medios.
Migrantes
Los dos premios nacionales de derechos humanos que Enrique Peña Nieto ha entregado en su administración han sido a personas u organizaciones que los protegen, como el padre Alejandro Solalinde y las Patronas. Pese a ello el gobierno no ha implementado las medidas de protección en beneficio de estos centros solicitadas por organismos nacionales o internacionales.
Las agresiones a los migrantes y a sus defensores continúan, señala HRW. Durante el año 2013 al menos tres centros de migrantes se vieron forzados a cerrar sus puertas o su personal debió abandonar las instalaciones por las amenazas y hostigamiento que reciben de parte de grupos delictivos y funcionarios.
En el 2011 se aprobó en México una reforma a la ley migratoria la cual buscaba proteger los derechos humanos de los migrantes, sin embargo continúa la arraigada práctica de que las autoridades detengan y hostiguen a personas extranjeras que cruzan el territorio nacional sin documentos.
Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos relacionados a la lucha contra los “megaproyectos” de infraestructura o extracción de recursos continúan sufriendo persecuciones y agresiones. En ocasiones, acusa HRW, existe evidencia de que agentes del estado están involucrados en ellas.
Entre noviembre del 2010 y diciembre del 2012 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 89 agresiones contra defensores y no hubo condenas por parte del gobierno en ninguno de los casos.
HRW denuncia que al momento de redacción del informe el mecanismo de protección para defensores – y periodistas- no se había implementado de manera eficaz, las medidas de protección han sido en algunos casos tardías, insuficientes o incompletas.
Matrimonio igualitario
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció, en agosto del 2010, que todas las parejas del mismo sexo del Distrito Federal, tienen derecho a casarse y adoptar hijos, y estableció además que los 31 estados del país deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en el Distrito Federal.
Sin embargo, la sentencia quedó limitada, según HRW pues ésta no exige a los estados reconocer en su territorio el derecho del matrimonio igualitario.
Otras alertas
La lista de deudas en materia de derechos humanos se extiende. Aquí otras zonas de preocupación para la organización internacional HRW.
- Atención a víctimas: si bien se publicó la Ley General de Víctimas, a un año de su promulgación ésta no ha sido reglamentada ni cuenta con presupuesto.
- Reforma penal: se aprobó en el 2008 y sólo ha sido implementada completamente en 3 de los 32 estados, cuando el plazo para que se aplique en todo el país vence en el 2016.
- Arraigo: los organismos internacionales, como la ONU, han recomendado eliminar esta figura judicial. Sin embargo, en México se mantiene. En el 2013 los diputados aprobaron una reducción de 80 a 35 días máximo como periodo para que una persona pueda ser retenida sin ser consignada, los senadores tienen pendiente manifestarse al respecto.
- Derechos laborales: en la reforma a la ley del trabajo de 2012 no se abordó la falta de transparencia y democracia en sindicatos afines a intereses patronales y no contempló el derecho de trabajadores a formar sindicatos independientes y negociaciones colectivas.
Aquí puedes revisar el documento íntegro de Human Rights Watch sobre México.
