Una de las frases que más se ha repetido en los últimos días en Washington es esta del presidente de Estados Unidos, Barack Obama: “Yo tengo un bolígrafo y tengo un teléfono”.
Obama la pronunció en su primera reunión del año con su gabinete para ejemplificar el mensaje que está presentando la Casa Blanca para 2014: un “año de acción” en el que el presidente firmará órdenes ejecutivas cuando no pueda trabajar con el Congreso y llamará a más personas en busca de apoyo.
En su discurso del Estado de la Unión, este martes 28 de enero, el mandatario volvió a reiterarlo: explicó que está “deseoso” de trabajar con el Congreso, pero que actuará “donde sea y cuando sea que pueda dar un paso sin legislación para ampliar las oportunidades de más familias que viven en Estados Unidos”.
Ese enfoque es una reacción clara tanto a sus fallas internas del año pasado como a la parálisis política que afectó su agenda en temas como el control de las armas o la reforma migratoria.
El gobierno, esencialmente, quiere que su desempeño no se mida por sus relaciones con el Congreso, pero la idea de gobernar a través de órdenes ejecutivas ha generado una reacción negativa en el Partido Republicano.
El representante y excandidato vicepresidencial Paul Ryan, por ejemplo, dijo que le suena a que Obama “quiere evadir la Constitución”. Y el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, explicó que su partido estará vigilando para asegurar que el gobierno no exceda su autoridad.
Poder “muy limitado”
El discurso de Obama de este martes ante el pleno del Congreso se enfocó en la lucha contra la desigualdad del país porque es precisamente un área en la que ya empezó a tomar decisiones ejecutivas que no necesitan la aprobación del Capitolio.
La Casa Blanca, por ejemplo, anunció que Obama ordenaría el aumento del salario mínimo (a US$10,10) para quienes trabajen para contratistas federales. Esto, según la versión oficial, beneficiará por ejemplo a porteros, trabajadores de la construcción, cajeros o quienes lavan los platos y la ropa. Boehner respondió poco después con el argumento de que la medida ayudará a muy pocas personas.
La orden es una versión limitada de su meta de elevar el salario mínimo general, que presentó en su discurso del Estado de la Unión del año pasado, pero que languideció en el Congreso como tantas otras de sus propuestas.
A su vez, es un ejemplo que explica el alcance de lo que puede lograr el gobierno con esta estrategia de la acción ejecutiva, que ha resultado novedosa más por la intensidad con que la ha defendido recientemente que por el hecho mismo de utilizarla.
Como todos sus predecesores, Obama ha recurrido a ellas y, como todos los presidentes anteriores, lo ha hecho con el objetivo de evitar el Congreso. El presidente, además, fue profesor de derecho constitucional, así que debe conocer muy bien sus alcances. Son acciones legalmente vinculantes, aunque pueden ser anuladas por la rama judicial.
Y, como le explica a BBC Mundo Elaine Kamarck, experta en políticas públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard, tienen un poder “muy limitado”.
“Cualquier cosa significativa no puede hacerse por una orden ejecutiva a menos que lo consienta el Congreso”, dice. “No hay nada nuevo en las órdenes ejecutivas, pero lo que no se valora de manera suficiente es que no pueden llevarse muy lejos porque las cortes las tumbarán”.
La reforma migratoria
Una de esas áreas en las que no está previsto que el gobierno utilice una orden ejecutiva es la reforma migratoria, que fue mencionada en el discurso de este martes pero no ocupó un lugar central.
Obama reiteró que quiere que el tema se solucione este año y explicó que “si hablamos en serio sobre el crecimiento económico, es hora de responder al llamado de nuestros líderes empresariales, líderes laborales, líderes espirituales y de cumplimiento del orden público para arreglar nuestro sistema de inmigración que no funciona”.
El proyecto de reforma fue aprobado en junio del año pasado en el Senado, de mayoría demócrata, pero está estancado en la Cámara de Representantes, que controla el Partido Republicano. En 2012, el presidente utilizó su poder para suspender las deportaciones de ciertos jóvenes inmigrantes indocumentados y abrirles el camino para la solicitud de permisos de trabajo.
Un funcionario de alto rango de la Casa Blanca, que pidió que no se revelara su nombre, le explicó a BBC Mundo que el presidente ha dejado “muy claro que el camino para arreglar lo que está dañado de nuestro sistema migratorio pasa de lleno por el Congreso de Estados Unidos”.
“Este es el momento para que la Cámara determine cómo quiere actuar y la buena noticia es que hay indicios de que está buscando tomar esa decisión”, agregó el mismo funcionario.
El gobierno considera que el presidente no tiene las herramientas administrativas para solucionar, sin recurrir al Congreso, el complejo tema de 11 millones de indocumentados que se cree viven en el país. La Casa Blanca, además, ha insistido en que busca una reforma “completa”.
En ese sentido, el aumento parcial del salario mínimo y la reforma migratoria representan dos lados del debate sobre las órdenes ejecutivas.
Mientras el primero es un ejemplo de las decisiones limitadas que puede tomar el gobierno por cuenta propia, el segundo es una muestra de que Obama, por más que lo intente, no podrá lograr todos sus objetivos sin lo que decidan los legisladores en los corredores del Capitolio.
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