El Gobierno de Chiapas arrastra una historia de opacidad sobre el gasto que ejerce en publicidad oficial, en la cual ha sido cómplice el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) del Estado. Las negativas de la administración de Manuel Velasco a transparentar cuántos recursos públicos se destinan a campañas de propaganda, se suman a actos similares que realizó el exgobernador Juan Sabines.
Las investigadoras Justine Dupuy, de Fundar, y Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, especializadas en temas de transparencia y quienes anualmente elaboran un informe sobre el gasto de publicidad oficial en México, señalan que si bien el caso de Chiapas no es único, sí destaca porque las solicitudes de información han escalado hasta el poder judicial y a que el Instituto de transparencia local ha solapado que no se entregue la información.
Ayer, Animal Político dio a conocer que por segunda ocasión el Instituto de Comunicación Social (ICOSO) del Gobierno de Chiapas ha rechazado entregar los contratos de publicidad oficial suscritos durante la administración de Velasco. En 2013, argumentó que su entrega afectaría al “bien común” del Estado. Y en la segunda respuesta, entregada hace unos días, que forman parte de la cuenta pública del año pasado y no pueden hacerse públicos.
El último informe elaborado por Fundar y Artículo 19, correspondiente al ejercicio 2012, traza un escenario poco alentador sobre la rendición de cuentas en Chiapas: “El ICOSO reserva toda la información relativa al gasto en publicidad oficial argumentando que la misma se encuentra en un proceso de auditoría y que su divulgación sería perjudicial para el procedimiento de investigación de probables irregularidades económicas y administrativas que pueden ser detectadas en la citada auditoria”.
Las especialistas han logrado documentar, no obstante, un sobre-ejercicio en el gasto de publicidad oficial: en 2010 fue de 71.3%o, pues se aprobaron 155 millones de pesos y se ejercieron 265 millones. Lo mismo ocurrió en 2011, con un 46.8% de incremento: de 86 millones aprobados, se gastaron 127 millones.
“Chiapas forma parte de los campeones de la opacidad”, señala Dupuy, “pues en 2010, 2011 y 2012 solicitamos la información, y aunque eran para años diferentes, siempre se ha reservado la información”.
En 2012, agrega, la clasificación de información fue motivo de un recurso de revisión en el cual el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado confirmó la reserva. Ante ello se interpuso una demanda ante la Sala de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Estado de Chiapas, juicio que aún se encuentra en proceso para dictar sentencia.
Para Ana Cristina Ruelas, las negativas sistemáticas de Chiapas a entregar la información violentan el artículo 6 de la Constitución, en el cual se garantiza el derecho al acceso a la información pública.
“Esto no es una práctica de Velasco, es una práctica del gobierno chiapaneco, desde los gobernantes anteriores nunca hemos tenido acceso a los desgloses, y el Instituto de Acceso a la Información Pública solapa la opacidad del ICOSO”, expresa.
Para la diputada Alejandra Soriano, del PRD en el Congreso de Chiapas, las negativas del Gobierno estatal sólo contribuyen a aumentar la incertidumbre sobre el gasto en propaganda: “Se debería clarificar cuántos recursos públicos se han invertido en publicidad oficial y en la difusión del informe e imagen del Gobernador, para que se dejen las especulaciones”.
Ayer se solicitaron entrevistas con los consejeros del IAIP y con Víctor Hugo Alegría Cordero, titular de la Unidad de Enlace del ICOSO y quien ha firmado las negativas a entregar la información, para tener su opinión pero no dieron respuesta.
Aquí el capítulo de Chiapas del informe de publicidad oficial.
Y aquí íntegro el último informe de publicidad oficial:
