En los últimos cuatro años del sexenio pasado, el 76% de las quejas que se presentaron ante el Instituto Nacional de Migración (INM) por presuntas violaciones a los derechos humanos de migrantes terminaron archivadas y sólo el 0.41% fueron merecedoras de una sanción administrativa, según datos oficiales entregados por esa dependencia a la Auditoría Superior de la Federación.
De 2008 a 2012, el Órgano Interno de Control registró mil 203 quejas formales por abusos en contra de migrantes cometidos por algún funcionario del INM, de las cuáles, sólo 63 pasaron al Área de Responsabilidades y finalmente, sólo cinco terminaron en una sanción.
Según la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que la mayoría de las quejas se archiven pese a que éstas registren un crecimiento promedio anual de 7% desde 2008 pone “en riesgo el cumplimiento del principio del respeto irrestricto de los derechos humanos”.
[contextly_sidebar id=”6bf08651922e5257d58b7d107291149c”]Pero además, en la Cuenta Pública 2012 la ASF señala que el 65.7% de los servidores públicos registrados en la plantilla no fueron evaluados o no completaron los exámenes de control de confianza y que de los 188 funcionarios que no pasaron la prueba el 50.5% todavía está registrado como activo.
“La falta de evaluación en control de confianza o de la culminación de dicha evaluación (…) aunada al incremento anual promedio (…) en el número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de los migrantes por parte de los elementos del INM, podría constituir un riesgo en el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos con que estos deben conducirse”, concluyó la Auditoría.
En términos generales, la Cuenta Pública 2012 señala que el INM no programó acciones, ni estableció indicadores para garantizar la protección de migrantes, ni trabajó con los estados, municipios y organizaciones de la sociedad civil para avanzar en la defensa de sus derechos humanos, su integridad física y patrimonial.
Aumentan las deportaciones, no hay estrategia
Cifras del INM —dependiente de la Secretaría de Gobernación— muestran que de 2010 a 2012 el número de personas deportadas del país aumentó 17.1% pero según la ASF en ese periodo no se contó con un procedimiento para llevar a cabo las revisiones migratorias que derivan en la presentación de migrantes en situación irregular que serán alojados y posteriormente devueltos.
En 2010 la cifra de personas deportadas fue de 65 mil 802, de los cuales el 43% eran de Guatemala, el 35.8% de Honduras y el 15.96 de El Salvador.
Esa tendencia no cambió para 2012, cuando de los 79 mil 643 deportados, el 44.1% fue de Guatemala, el 36.6% de Honduras y 15.97 de El Salvador.
Pese a que las cifras muestran la concentración en el origen de los migrantes irregulares —el 94% son de esos tres países— en esos años el INM no contó con un diagnóstico preciso sobre los puntos por los que se internan o su procedencia.
La ASF da cuenta que teniendo un diagnóstico sobre los puntos de mayor tránsito, origen y la forma de llevar a cabo las revisiones con respeto a derechos humanos, se podría definir una estrategia para frenar el flujo migratorio irregular en el país.
Finalmente, según la Cuenta Pública 2012, en el Instituto Nacional de Migración tampoco se cuenta con un sistema de control presupuestario para determinar si los recursos destinados a los 72 centros de alojamiento de migrantes se ejercieron con eficiencia, eficacia, economía y control.
