[contextly_sidebar id=”c7a1b828f4c87e03dcbb85f54b1bcc91″]El 13 de agosto del 2010 la Policía Federal presentó ante los medios de comunicación a cinco jóvenes como autores del atentado del coche bomba que explotó en Ciudad Juárez el 15 de julio de ese año, donde 4 personas murieron, un policía federal, el doctor Guillermo Ortiz que, como voluntario acudió a brindar auxilio a un herido, y dos personas no identificadas.
La presentación la hizo el entonces coordinador regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, en el hangar de la dependencia. Ahí, reunió a los medios de comunicación y dijo que los detenidos pertenecían a “La línea” y que además del atentado terrorista, habían matado a dos policías federales y solían conquistar mujeres para integrarlas al crimen organizado.
La acusación hecha por la Secretaría de Seguridad Pública, entonces a cargo de Genaro García Luna, se vino abajo.
El pasado viernes 7 de marzo los jóvenes Rogelio Amaya Martínez, Noé Fuentes Chavira, Gustavo Martínez Rentería, y los hermanos Víctor Manuel y Ricardo Fernández Lomelí, fueron liberados por el juzgado octavo de lo penal en Guadalajara luego de que la Procuraduría General de la República se desistiera de la acción penal, al comprobar que la única prueba contra los acusados era una confesión obtenida bajo tortura.
“Durante el gobierno de Felipe Calderón vimos una fabricación de delincuentes a través de la tortura. A Calderón le urgía encontrar culpables y les tocó a estos muchachos. La Policía Federal los torturó en Ciudad Juárez, durante el traslado del avión y en el hangar, después en la sede de Iztapalapa. Cinco días los tuvieron a ellos para hacerles lo que uno no se quiere imaginar”, dijo Javier Enríquez, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) organización coadyuvante en la defensa junto con el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN)
Los jóvenes inculpados, que estuvieron el martes 11 de marzo en la Ciudad de México para presentar su caso en conferencia de prensa, fueron sometidos a golpes en el cuerpo y cara, a simulación de asfixia con bolsas de plástico y agua, a toques eléctricos; se simuló su asesinato, se les amenazó con violarlos a ellos o a sus familias y se les hizo ver violaciones a otros compañeros o escuchar la tortura. Lo anterior se pudo comprobar tras la aplicación en tres ocasiones del protocolo de Estambul, por la Comisión Nacional de Derechos Humanosy el CCTI,
Además, abundó Javier Enríquez, los jóvenes presentaron estrés postraumático, pesadillas, pérdida de apetito, desconfianza, regresiones a lo que vivieron, migrañas…
“Yo soy Rogelio Amaya Martínez, fui una de las víctimas de estos acontecimientos, sé que van a contar esta historia como es, aunque hay medios que nos siguen tratando culpables de un delito que no cometimos”, dijo Rogelio, uno de los acusados, en la conferencia donde se anunció su liberación.
Los jóvenes recordarían después que fueron detenidos el 11 de agosto del 2010. Esa noche estaban tomando cervezas en la calle y acompañaron a Gustavo a llevar pañales a su hijo. Al terminar el mandado, una camioneta de la Policía Federal los detuvo, los policías los subieron a golpes y patadas boca abajo y los llevaron a las instalaciones de la dependencia, donde fueron torturados por separado. No se les permitió avisar a sus familiares.
Después, fueron trasladados en avión a la Ciudad de México, primero al hangar de la Policía Federal donde fueron presentados como culpables y después al Centro de Arraigo, donde permanecieron 80 días. Las familias se enteraron de su detención al verlos en la televisión acusados del acto terrorista.
“Cuando me vi frente a las cámaras se me paró el mundo, ya valió madres, pensé. Hasta ese momento supe de qué nos acusaban, porqué nos detuvieron… nos vimos ante todas las cámaras, amenazados de no hablar ni decir nada”, recordó Gustavo Martínez Rentería, quien tenía 24 años cuando fue detenido.
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Los detenidos tienen ahora entre 23 y 33 años de edad, tres de ellos –Gustavo, Víctor y Rogelio- son padres de familia, de hecho los hijos de Víctor y Rogelio nacieron mientras ellos estuvieron en prisión y durante ese tiempo sólo pudieron verlos una vez.
Desenmascarar al policía
En noviembre del año pasado, los familiares de las víctimas, respaldados por el CDHPN, se reunieron con el procurador Jesús Murillo Karam para denunciar que los muchachos habían sido torturados para confesar, ante cámaras de la Policía Federal, que fueron responsables del coche bomba y de pertenecer al crimen organizado, explicó Diana Morales, abogada del organismo con sede en Ciudad Juárez.
El camino para llegar hasta el procurador y ser liberados fue largo.
Tuvieron que pasar tres años y siete meses desde su detención, denunciar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos –que emitió la recomendación 75/2011 donde comprobó los dichos de tortura- convocar al CCTI para que realizara un Protocolo de Estambul independiente y reunir pruebas de los patrones de los muchachos –uno de ellos trabajaba como bodeguero en un supermercado y el resto eran cocineros o barman en distintos restaurantes de la frontera- para demostrar su inocencia.
En esa cita con el procurador, según coincidieron familiares de los detenidos y funcionarios presentes, él se comprometió a liberar a los muchachos si se demostraba, en un tercer protocolo de Estambul ordenado por la PGR, que habían sido torturados. El 7 de enero el Juzgado octavo de lo penal en Guadalajara, a cargo del proceso judicial, recibió los resultados positivos de tortura.
Además de la confirmación de tortura, se comprobó que en el proceso judicial hubo irregularidades: por ejemplo, la contradicción de la detención entre lo dicho por los policías y las víctimas y la inasistencia de los policías federales a los careos solicitados por el juez (en ocho ocasiones faltaron, retrasando así el proceso).
Con esas pruebas, la PGR se desistió de la acción penal y se liberó a los muchachos, quienes estuvieron presos en los penales federales de Tepic, Nayarit, y Perote, Veracruz, y su causa penal en Guadalajara, como una estrategia para complicar y dilatar su defensa.
Reparar el daño, castigar a los culpables
Los policías responsables de la detención de los acusados, según la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIDCS/376/2010 son Manuel Calleja Marín, Víctor Aquileo Lozano Vera, Manuel Granero Rugerio, Federico López Pérez, Adán Serafín Cárdenas Cruz y Luis Alberto González Gutiérrez.
Contar ellos, la defensa de los muchachos presentó una denuncia para que se sancione a los responsables de la detención, tortura e incomunicación, y se dé una reparación del daño, señaló Diana Morales, la abogada del CDHPDN.
La ley mexicana prohíbe a los jueces tomar como válida cualquier declaración obtenida bajo tortura. Con la reforma constitucional en derechos humanos, se apunta además que cuando exista una denuncia de ello, están obligados a investigarla a través de la aplicación del protocolo de Estambul. Sin embargo, esto aún no es realidad, acusó Morales.
“No había nada, solamente las confesiones bajo tortura, y lo dicho por los agentes aprehensores. Hay responsables de lo que les pasó a los muchachos y exigimos que se investigue y se les repare el daño. Sólo así, acabando con la impunidad, se podrá avanzar para terminar con esta práctica de la tortura”, dijo la abogada del CDHPN.
