[contextly_sidebar id=”e6db23d5ba7970208c3f9e98d8975d37″]Entre julio de 2011 y junio de 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) recibió 112 quejas ciudadanas relacionadas con casos de tortura, perpetrados por autoridades locales; sin embargo, según informes oficiales de la Fiscalía General de Justicia de Yucatán y del Tribunal Superior de Justicia del estado, ninguna de estas denuncias derivó en una investigación formal y, menos aún, en la sanción (administrativa o penal) de los servidores públicos responsables de dichos ataques, todos los cuales, de hecho, forma parte de los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia de esta entidad.
Tan sólo durante 2013, la Codhey recibió 69 denuncias ciudadanas de tortura a manos de agentes estatales, de las cuales, no obstante, este organismo autónomo sólo convalidó 12 casos en los que se comprobó que, tras haber sido detenidas ilegalmente (lo mismo por por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, de cuerpos de policía municipal o la Fiscalía de Justicia yucateca) las víctimas fueron encapuchadas y conducidas a instalaciones oficiales, donde sufrieron golpizas con puños cerrados, patadas en el rostro, tórax y extremidades, así como con instrumentos contundentes, como palos cubiertos con tela; además de que fueron sometidas a asfixia con bolsas plásticas y con sumersión en agua; sufrieron quemaduras con encendedor en las palmas de las manos; así como toques eléctricos en distintas partes del cuerpo (como orejas, nuca, estómago, testículos y dedos).
Entre esos 12 casos de tortura certificados por la Codhey durante el año pasado está, además, el de una víctima del sexo femenino, cuya vivienda fue ilegalmente allanada por una decena de policías que, tras acusarla de vender droga, no sólo la torturaron con golpes con el puño cerrado y patadas, sino que los agentes también la obligaron a practicarles sexo oral, para luego violarla de forma tumultuaria.
Entre 2011 y 2012, además, la Codhey recibió 43 denuncias de tortura por parte de agentes estatales y municipales, de las cuales sólo 15 derivaron en reconvenciones al gobierno estatal, entre las que se cuentan dos casos en los que, aparte de los tormentos, los ciudadanos agraviados (varones) fueron sometidos a vejaciones de índole sexual.
Así, en total, entre 2012 y 2013, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán emitió 27 recomendaciones relacionadas con casos de tortura perpetrados por policías estatales. Sin embargo, en ninguna de estas recomendaciones se ordenó proceder penalmente contra los agentes involucrados, sino, únicamente, iniciar “procedimientos administrativos” y, cabe destacar, en ninguno de los casos se tiene registro de que los responsables recibieran algún tipo de sanción.
Tortura naturalizada
Según la organización defensora de derechos humanos Indignación, detrás de la supuesta seguridad que priva en Yucatán, estado gobernado por el priista Rolando Zapata Bello, “se encuentra oculta una práctica sistemática por parte de los cuerpos policiacos, sean ministeriales o preventivos, estatales o municipales: la comisión de actos brutales, crueles, inhumanos y degradantes, abusos policiacos de toda índole y casos que constituyen tortura”, los cuales se cometen ante “la complicidad de una Comisión Pública de Derechos Humanos que, a pesar de la gran cantidad de casos denunciados, emite recomendaciones tardías e inocuas que, en los hechos, son insuficientes para hacer frente a esta deleznable práctica”, misma que es “encubierta y tolerada por las autoridades y por el propio Obdusman local”.
A través de su informe La celda de la amargura (http://indignacion.org.mx/wp-
En ambos casos, dichos organismos estatales informaron que, en la última década, “no se ha consignado ni tramitado causa penal alguna por el delito de tortura”, situación que, además, desmiente las afirmaciones de la misma Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, que en al menos dos casos (los relacionados con las recomendaciones 12/07 y 03/08) asegura haber iniciado denuncias formales ante la Fiscalía estatal.
“Es increíble –señala el informe de Indignación– que a más de 27 años de haber contraído México las obligaciones internacionales relacionadas con la tortura, y a 10 años de la expedición de la ley estatal, hasta la fecha no se haya, siquiera, consignado un expediente judicial por el delito de tortura.”
La nula persecución de estos casos, destacó Indignación, demuestra la “aceptación general, tanto de la sociedad como de las autoridades, del uso de la tortura como práctica común en la persecución de un delito, sin considerar la gravedad de la misma y, por ende, el desinterés en prevenirla, sancionarla y erradicarla, pues, se infiere, ‘es un mal necesario'”.
Incluso, remató Indignación, el hecho mismo de que el titular de la Codhey, Jorge Alfonso Victoria Maldonado, haya tomado conocimiento de decenas de casos de tortura, sin haber presentado una denuncia formal ante las autoridades correspondientes (en este caso la Fiscalía General de Justicia de Yucatán), implica no sólo una omisión en el cumplimiento a sus responsabilidades, sino un delito en sí mismo, ya que la ley estatal contra la tortura señala, en su artículo sexto, que “el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de algún hecho de tortura está obligado a denunciarlo en un término de 48 horas a partir de que tenga conocimiento del hecho (y) si no lo hiciere se le sancionará conforme al Código Penal del Estado de Yucatán”.
Así, concluyó la agrupación civil de defensa de las garantías individuales, “la impericia de la Comisión de Derechos Humanos (de Yucatán), y el encubrimiento que ofrece con su actuación cobarde y tímida, exhiben el grado de corrupción en el que se encuentra Yucatán, que incluye, por supuesto, no sólo al poder Ejecutivo, sino, también, al poder Legislativo y al Judicial”.
