[contextly_sidebar id=”c345133c265c20113790cde389167ff9″]La PGR anunció el miércoles 13 la creación de una Fiscalía Anticorrupción, la cual se sumará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) -que será sustituida por la Comisión Nacional Anticorrupción, una vez que lo apruebe el Congreso-. Pero, a pesar de que existen muchos frentes de atención en el Gobierno mexicano, expertos en la materia consideran que hay una fragmentación de funciones que, de forma inevitable, repercute en pocos resultados.
Para Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa, y José Roldán Xopa, académico del CIDE, existe una tendencia a crear organismos dedicados a castigar los actos de corrupción, en vez de que trabajen en prevenirlos. Pero, lo más grave, es que al final ni siquiera se acaban poniendo sanciones.
Aunque la PGR publicó el miércoles el acuerdo que crea la nueva Fiscalía, el texto señala que el organismo no entrará en funciones hasta que el Senado elija a su titular. Aunque ya existía una Unidad para atender los delitos que comenten los servidores públicos, la nueva área podrá crear políticas públicas para atender esta problemática.
“Necesitamos un sistema para combatir la corrupción y que todos los organismos dedicados a esta tarea estén vinculados. Pero lo que tenemos es una fragmentación terrible. Y lo único que se hace es reaccionar al cúmulo de casos escandalosos de corrupción, pero no se están enfocando en prevenirlos”, consideró Jaime, de México Evalúa.
“No hay un esfuerzo claro por construir un sistema nacional para combatir la corrupción que realmente funcione. Hay una actitud sistemática de decir que habrá cambios cada vez que hay un escándalo, pero no pasa nada”.
Actualmente existe la Auditoría Superior de la Federación, la cuál entrega cada año al Congreso una serie de auditorías a la Cuentas Públicas de la administración federal.
A la par existe la SFP, pero desde diciembre de 2012 su perfil ha bajado, pues se tenía contemplado que fuera sustituida por la Comisión Nacional Anticorrupción. Este organismo fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, durante el proceso de transición.
Pero hasta la fecha, la creación de la Comisión no se ha logrado en el Congreso. En diciembre pasado, el Senado aprobó el dictamen y lo envió a la Cámara de Diputados. No hay fecha para que sea aprobado.
“Tenemos una fragmentación de controles que más que resolver el tema de la corrupción, pueden generar soluciones contradictorias”, señaló Roldán Xopa, “y esto se suma a que no hay un propósito por prevenir y evitar los actos de corrupción y todos los esfuerzos siempre se enfocan más en la sanción”.
El académico agrega: “Habrá que estar atentos al proceso de selección del Fiscal Anticorrupción, ojalá un buen perfil no se pierda entre negociaciones políticas”.
Para Jaime, uno de los mayores problemas es que los esfuerzos por castigar actos de corrupción se acaban diluyendo en el área de procuración de justicia y en el poder judicial, donde los casos quedan sin efectos y no se imponen sanciones.
El acuerdo publicado por la PGR señala: “La corrupción no es un fenómeno aislado, pues adopta múltiples formas de transgresión al Estado de Derecho; constituyéndose en una acción u omisión de un servidor público que usa y abusa de su poder para favorecer a intereses particulares, a cambio de una recompensa o de su promesa, dañando así el interés público”.
El Fiscal que deberá nombrar el Senado, tendrá entre sus facultades diseñar políticas de combate a la corrupción en conjunto con los Gobiernos estatales, así como diseñar programas de prevención y denuncia.
