El Senado aprobó la noche de ayer, 30 de abril, la nueva Ley de Delitos Electorales, la cual obliga a las autoridades a perseguir de oficio este tipo de actos y a que cada Estado deba contar con una Fiscalía especializada en su persecución.
[contextly_sidebar id=”542a768b2eacad91d4768fff3b2630ea”]La nueva legislación cuenta con sólo 26 artículos y fue el último punto aprobado por el Senado antes de clausurar su periodo ordinario, ayer por la noche.
Las penas que se imponen en dicha Ley abarcan desde votar dos ocasiones en la misma elección, los funcionarios o precandidatos que usen recursos públicos o quienes compren votos.
Las penas mínimas son de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años, hasta un máximo de 200 a 400 días de multa y de dos a 9 años de prisión, dependiendo el tipo de delito que se cometa.
Con la nueva Ley, las autoridades federales y locales tendrán facultades para investigar este tipo de actividades.
“Las procuradurías de las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas en delitos electorales, dotados de los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación”, señala el artículo 25.
