El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa informó en un comunicado que pospone para la siguiente semana el anuncio de su fallo en torno a la demanda de resarcimiento moral y material interpuesta por la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial en contra de la Procuraduría General de la República (PGR), luego que, por una falsa acusación de secuestro formulada por dicha dependencia, esta vendedora de nieves pasó más de tres años en prisión.
Aún cuando Jacinta recuperó la libertad desde 2009, hasta la fecha su inocencia no ha sido oficialmente reconocida por la PGR y los responsables de los abusos cometidos en su contra no han sido sancionados, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En agosto de 2006, Jacinta, junto con otras dos indígenas que vendían aguas frescas en un tianguis de Querétaro, fueron detenidas por supuestamente privar de la libertad a seis agentes de la PGR durante un zafarrancho que los funcionarios de la Procuraduría sostuvieron con comerciantes informales tres meses antes, luego de que los policías intentaron despojarlos de mercancía, en un operativo para el cual carecían de autorización.
Por esta acusación de secuestro, Jacinta fue sentenciada a pasar 21 años en prisión, con un juicio en el que nunca se presentaron pruebas en su contra y en el que la indígena otomí careció de la asistencia de un intérprete, violándose así distintos ordenamientos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, ya que en el momento del proceso penal Jacinta apenas entendía el español.
[contextly_sidebar id=”116c3545f12026b72ff57a6a4e69a836″]Al apelar esta sentencia, la defensa de la vendedora de nieves, madre de seis hijos, demostró que a Jacinta se le atribuyó una declaración fabricada, escrita en español, que ella no pudo haber realizado por su incomprensión de dicha lengua.
También se demostró que materialmente es imposible que ella, junto con las otras dos mujeres, pudieran privar de la libertad a seis agentes que no sólo cuentan con entrenamiento y facultades legales para repeler agresiones, sino que al momento de los hechos portaban sus armas de cargo.
La defensa de la indígena otomí, además, pudo comprobar que en su declaración inicial estos agentes supuestamente secuestrados nunca mencionaron a Jacinta ni a las otras dos mujeres, y que éstas fueron implicadas sólo hasta que sus rostros aparecieron en una fotografía de la gresca entre comerciantes y policías, publicada por un diario queretano.
Al rendir su testimonio ante un juez, el autor de dicha foto aclaró que el supuesto secuestro alegado por los agentes nunca ocurrió, y que la foto registra una protesta de tianguistas por un intento de robo de mercancía perpetrado por los funcionarios de la PGR.
Además, al ser vendedora de nieves, y no de enseres, Jacinta no estaba en el grupo de comerciantes afectados por el decomiso perpetrado por los agentes de la Procuraduría General de la República, y si estaba en la zona era para intentar vender su dulce artesanal.
Por todas estas razones, un Tribunal Unitario revocó la sentencia de 21 años de cárcel y ordenó reponer el proceso en contra de la indígena otomí, ante lo cual la PGR decidió no ejercer nuevas acciones en su contra y Jacinta pudo recuperar la libertad.
Sin embargo, el Centro Prodh denunció que la Procuraduría se ha negado en reiteradas ocasiones a indemnizarla por los daños materiales y morales que la falsa acusación generó, y por los cuales Jacinta pasó 37 meses en prisión.
Cabe destacar que, en noviembre pasado, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó a la PGR indemnizar y refrendar públicamente la inocencia de las otras dos indígenas que, junto con Jacinta, pasaron tres años en prisión por las falsas acusaciones de las autoridades federales, y se espera que el fallo de este miércoles vaya en el mismo sentido, confió el Centro Prodh.
