El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) violó el derecho a la información pública al respaldar la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) de reservar durante 12 años las averiguaciones previas de las masacres de 72 migrantes, de 49 personas en Cadereyta y del hallazgo de 49 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas.
A esta conclusión llegó el juez Fernando Silva García al resolver el amparo que la Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho interpuso contra el IFAI y con ello sentó un precedente en materia de acceso a la verdad y la justicia.
El juez octavo en materia administrativa en el DF señaló, tomando la misma ley del IFAI, que en el caso de graves violaciones a los derechos humanos no puede permanecer la reserva de ley sobre los expedientes, pues sólo con la máxima publicidad de las investigaciones se puede lograr el escrutinio ciudadano para llegar a la justicia y a la no repetición.
Aquí sus argumentos
“Este juzgador constitucional considera que cuando existan violaciones graves a derechos humanos, éstas afectan toda la colectividad por lo que debe operar una excepción a la restricción de la información de las averiguaciones previas, puesto que la sociedad está interesada en conocer la verdad histórica de los hechos y exigir la rendición de cuentas para que la investigación sea llevada con la debida diligencia a fin de sancionar y enjuiciar a los responsables y de esa manera, evitar la impunidad y la repetición de dichos actos en el futuro”
La sentencia de amparo, con fecha del 11 de abril del 2014, exige al IFAI ordenar a la PGR a entregar una versión pública de las averiguaciones previas.
También, abstenerse de utilizar cualquier norma, incluido el Código Federal de Procedimientos Penales, para negar el acceso a las averiguaciones previas cuando se trate sobre graves violaciones a los derechos humanos.
[contextly_sidebar id=”08f18145964229faeb0a2979fd13e69d”]El caso inició el 1 de abril del 2013 cuando la Fundación para la Justicia solicitó a la PGR copia del expediente de la masacre de 49 personas ocurrida en mayo del 2012 en Cadereyta, de los 72 migrantes en Tamaulipas y de las fosas en San Fernando.
En respuesta, la PGR dijo que los expedientes estaban reservados durante 12 años por estar contenidos en averiguaciones previas.
La Fundación presentó un recurso de revisión que, en noviembre del 2013 y bajo la ponencia de la comisionada Singrid Arzt, el IFAI resolvió confirmar la clasificación de reserva de la PGR.
Los argumentos del IFAI para negar la información es que la averiguación previa sigue la línea de investigación de homicidio por delincuencia organizada, lo cual no implicaría graves violaciones a derechos humanos por tratarse de particulares, además de que el peticionario debería comprobar su interés jurídico.
Ésta es la segunda ocasión que un juez resuelve un juicio de amparo en contra del IFAI por negar la información. La primera fue en el 2013 y resultó de un amparo promovido por la organización Artículo 19, aunque en ese juicio sólo se reclamó la información de la masacre de 72 migrantes y no la de las fosas de San Fernando y la masacre de 49 personas en Cadereyta. Aún así, la información no ha sido pública.
