[contextly_sidebar id=”5dd5274a6d87e5939a85a22aa1f9a819″]Les llaman “maestros aviadores”. Son cerca de 70.000 profesores de educación básica que cobran su sueldo sin trabajar, o que hacen tareas distintas a impartir clases.
El dato, revelado en un censo de escuelas realizado por el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ha causado una polémica que no cesa, especialmente este 15 de mayo, cuando México celebra su día de los maestros.
Organizaciones civiles exigen que la Secretaría de Educación Pública cancele el salario a esos profesores, e incluso algunos grupos como Mexicanos Primero -una ogranización que se define como “una iniciativa ciudadana, independiente y plural que tiene como objetivo impulsar el derecho a la educación de calidad”- presentaron denuncias penales contra los funcionarios que autorizan los pagos.
“Es increíble que haya tantos maestros ausentes de las escuelas y que sigan cobrando, eso nos sorprende”, le dice a BBC Mundo Milagros Fernández Fernández, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento e Investigación Educativa (IFIE), una organización privada sin ánimo de lucro.
“Las organizaciones vamos a seguir presionando al gobierno para que esto no vuelva a ocurrir, que no se pague a un maestro que no está dando clases”.
Un reclamo que las autoridades atenderán, según ha dicho el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffett. “Si la pregunta es que si pueden quedar fuera de la nómina, la respuesta es sí”.
Muertos asalariados
De acuerdo con el censo del Inegi en México existen 39.222 profesores a quienes nadie conoce ni se sabe en dónde se encuentran, pero que su sueldo es cobrado puntualmente cada quince días, el período de pago usual en el país.
También hay otros 30.695 que se encuentran comisionados en tareas sindicales, aunque reciben salario como el de los maestros que atienden a sus alumnos.
Pero no son los únicos que reciben dinero sin impartir clases. La organización Mexicanos Primero encontró, en el conteo de escuelas, que más de 114.000 profesores están jubilados, y muchos de ellos incluso ya fallecieron pero alguien se encarga de cobrar el sueldo.
Esto representa un gasto mayor a 35.000 millones de pesos, unos US$2.600 millones al año, según cálculos de la organización civil. Con ese dinero se podría alimentar a 12 millones de estudiantes durante un año y aplicar 27 programas nacionales de vacunación.
Pero los recursos se desperdician en profesores que no trabajan, insiste la presidenta del IFIE. “El presupuesto para la educación en México es muy alto, pero tenemos que hacerlo más eficiente”.
¿Reforma educativa?
Sin embargo, el sueldo de los “maestros aviadores” es sólo una parte del problema, advierten especialistas.
En estados como Chiapas, Oaxaca y Michoacán, el Inegi aplicó el censo de manera parcial, porque la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no permitió encuestar a todos los maestros de su región.
Eso significa que no se conoce cuántos profesores hay en esos lugares ni el número que realmente imparten clases. En esos estados se ubican muchas de las escuelas con la peor evaluación del país, según mediciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y allí se concentra la mayor parte de las comunidades en pobreza extrema de México.
Una de las razones del bajo rendimiento escolar es que muchos maestros no imparten clases porque invierten el tiempo en protestas y marchas en las capitales de sus estados, o en Ciudad de México. Las movilizaciones se intensificaron el año pasado cuando se aprobó la Reforma Educativa.
Miles de profesores permanecieron en la capital del país para tratar de echar abajo la enmienda legal, e incluso establecieron un campamento que dura ya más de un año.
Las protestas provocaron que en lugares como Oaxaca, Chiapas, Sonora y Michoacán se suspendiera la modificación de las leyes locales para poner en marcha la reforma constitucional en educación. La presidencia mexicana inició un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso.
Las reformas contemplan, entre otros elementos, evaluar a todos los profesores del país para determinar si tienen o no capacidad de impartir clases, y establece un servicio profesional docente para que las plazas de profesor se asignen por el resultado de sus exámenes y no por decisiones sindicales o políticas, como hasta ahora ocurre.
Pero estas modificaciones legales, que según las autoridades permitirían un sistema educativo más eficiente, no podrán aplicarse sin resolver antes problemas como el de los “maestros aviadores”, insisten organizaciones civiles.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, una organización especializada en vigilar el uso de los recursos públicos, insiste: gastar dinero en quienes no imparten clases agrava el problema. “No podemos permitirlo, hay carencias muy sentidas en las escuelas”.
