[contextly_sidebar id=”cc29437007fbcc7a22af90b0e3358ce8″]Al aprobar un proyecto de ley en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Congreso de Estados Unidos avanzó este martes hacia la imposición de sanciones contra funcionarios venezolanos a los que acusa de cometer abusos contra los derechos humanos en la crisis política que sacude el país desde febrero.
El presidente del comité, el demócrata Robert Menéndez, dijo que se trata de “penalidades contundentes” contra miembros del gobierno de Nicolás Maduro por “aterrorizar a grandes segmentos de la población con una impunidad inquebrantable”.
Menéndez es una de las figuras más visibles de un grupo de congresistas demócratas y republicanos que piden que Washington reaccione más fuertemente ante lo que consideran son excesos de las autoridades contra manifestaciones de la oposición.
Desde que en febrero empezaron las movilizaciones antigubernamentales, se han registrado 42 muertes -entre opositores, simpatizantes del gobierno y una decena de policías-, según datos de la fiscalía, y han sido arrestadas más de 3.000 personas, de las que poco más de un centenar permanecen detenidas a la espera de procesos judiciales.
El grupo que promueve sanciones contra el gobierno venezolano cuestiona la dura represión ejercida por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, aunque el gobierno y la fiscalía aseguran que han actuado respetando los derechos ciudadanos, e incluso muestran la detención de unos 20 funcionarios como demostración de su intolerancia con los excesos policiales.
Mientras en el Capitolio muchos están dispuestos a imponer sanciones a Caracas, en la Casa Blanca hay una actitud más renuente y su estrategia es la de apoyar con “optimismo cauteloso” el incipiente diálogo político que iniciaron las partes hace dos meses para buscar una salida al conflicto. Éste actualmente está congelado, precisamente por las quejas de la oposición sobre la represión de las manifestaciones.
Por ahora las iniciativas legislativas deberán ser consideradas en los plenos de la Cámara de Representantes y el Senado, antes de ser presentadas al presidente Barack Obama, quien tiene la potestad de convertirlas en ley o vetarlas.
Funcionarios del gobierno de Obama han aclarado que sólo contemplan el uso de sanciones dirigidas contra funcionarios venezolanos si esas conversaciones fracasan, aunque han advertido que imponerlas podría ser “contraproducente”.
Impacto contraproducente
La principal razón de esa cautela es que la Casa Blanca considera que las sanciones, en vez de ponerle fin a la crisis, podrían afectar el diálogo y darle nuevos argumentos a Maduro.
La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo este mes ante el Congreso que las sanciones le servirían al presidente para recurrir a una “mentalidad de víctima”.
Washington teme que una reacción punitiva genere aun más acusaciones de injerencia de parte de Venezuela, lo que desviaría la atención de la crisis local a los problemas bilaterales.
“Este no es un tema entre Estados Unidos y Venezuela”, dijo Jacobson, quien es la diplomática estadounidense de más alto rango enfocada en América Latina. “Es un problema interno de Venezuela”.
Caracas piensa distinto. El gobierno venezolano acusa a Estados Unidos de entrometerse en su política interna hasta el punto de buscar un cambio de gobierno.
El canciller Elías Jaua aseguró el domingo que denunciará a Washington ante organismos internacionales como la ONU por su “injerencia” y las amenazas de sanciones.
Este tipo de reacciones ha puesto a la Casa Blanca en un incómodo dilema.
“La política de Obama está atrapada entre el imperativo político de hacer algo y el efecto que eso pueda tener en el terreno”, le dice a BBC Mundo Cynthia Arnson, directora del programa de América Latina en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, un centro de estudios con sede en Washington.
“Los imperativos son políticos y provienen del Capitolio, pero es probable que el impacto sea contraproducente”.
En ambas cámaras del Congreso fueron presentados proyectos de ley que pretenden penalizar con congelamiento de activos y prohibición de entrada a Estados Unidos a quienes consideren responsables de la violencia.
Rusia y Venezuela
El temor a una reacción distinta a la esperada explica sólo una parte de la actitud del gobierno estadounidense. A fin de cuentas, Washington ha impuesto sanciones en otros casos sin tener claridad total sobre sus efectos.
El senador republicano Marco Rubio, otro importante crítico del gobierno de Maduro en Washington, se refirió a ese argumento cuando comparó la crisis en Venezuela con la de Ucrania y Rusia.
“Hemos sancionado a violadores de derechos humanos en Rusia”, dijo. “¿Por qué es más importante lo que está pasando en Rusia que lo que está pasando en Venezuela? Nosotros sancionamos a violadores de derechos humanos todo el tiempo”.
Rubio tiene razón en que las sanciones se han convertido en uno de los métodos preferidos por la Casa Blanca para responder a crisis internacionales. Además de Rusia y Ucrania, países como Birmania y Sudán del Sur se vieron recientemente afectados por sanciones estadounidenses.
Pero detrás de esa estrategia se esconde a veces una reticencia inicial que es recurrente en el estilo de gobierno de Obama. Así como sucede con Venezuela, Washington se demoró meses antes de decidir públicamente si sancionaba a funcionarios ucranianos.
Aunque en ocasiones no ha dudado en utilizar el poder que tiene en sus manos -como en el uso de drones o el ataque contra Osama bin Laden- en varios conflictos internacionales Obama ha preferido ser cauteloso y buscar alianzas antes de actuar.
Una de sus máximas es que las responsabilidades del poder tienen que ser compartidas. De ahí que su gobierno defienda el proceso del diálogo mediado por Unasur y asegure que de imponer sanciones contra Venezuela, le gustaría que fuera en un ambiente de presión multilateral.
Los opositores de Obama consideran que eso debilita el poder del país aunque responda al deseo de buena parte de los estadounidenses. Varias encuestas han señalado que una proporción considerable de ciudadanos quiere que Washington se preocupe de sus propios problemas y deje que el resto del mundo resuelva los suyos.
Estos argumentos explican por qué, a pesar de las presiones en el Congreso, todavía no está claro si Obama cambiará su cautela y apoyará las sanciones, si bien no ha cerrado esa puerta del todo.
Como dijo Tom Malinowski, subsecretario de Estado para temas de derechos humanos, “es cuestión de escoger el momento adecuado para asegurarnos de que logremos el efecto que queremos”.
¿Qué buscan las sanciones a Venezuela?
Washington ha explicado que sus sanciones contemplan prohibirles la entrada al país y congelar los activos de quienes consideren responsables de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. El gobierno no contempla inicialmente imponer sanciones a sectores de la economía, como el petrolero. El proceso en otros casos -como Ucrania- ha sido primero proponer sanciones individuales, luego a entidades y luego a sectores.
Según Tom Malinowski, subsecretario de Estado encargado de los derechos humanos, las sanciones tienen dos propósitos: atribuir responsabilidades a través de un hecho concreto y enviar un mensaje que presione, en el momento adecuado, para cambiar la situación sobre el terreno.
