La llamada “Ley 5 de junio” -que se publicó hace casi cuatro años para garantizar que las estancias infantiles del país cuenten con requisitos mínimos de seguridad y protección civil y así evitar otra tragedia como la ocurrida en 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora– no es operativa por el atraso de las entidades federativas en armonizar su legislación y por la falta de reglamentos locales para su funcionamiento.
Aunque la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil —publicada en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2011— indica que los estados tienen un año para expedir sus propias leyes o adecuar las existentes, sólo Colima, Sonora, Estado de México, Puebla, Yucatán, Baja California y Jalisco lo han hecho; mientras que el Distrito Federal y Tabasco están en proceso.
Pero además del retraso en el resto de los estados, dentro de los que ya tienen una ley local sólo Jalisco la ha reglamentado e instalado —en mayo pasado— el Consejo Estatal para el Funcionamiento de los Centros de Atención, encargado de operar y evaluar la política sobre las estancias infantiles.
[contextly_sidebar id=”ddd03581f8b65f8a539bfc443fb6cd1b”]Según lo establecido en la Ley General, los estados deben legislar y crear reglas para que los centros de atención del país cuenten con un Programa Interno de Protección Civil, con rutas de evacuación definidas, con instalaciones hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas y de intercomunicación; además de tener detectores de humo, suficientes extintores y un plan de refugio seguro al que se conducirá a los menores en caso de evacuación.
La legislación surgió tras la muerte de 49 niños en el incendio de la Guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. Tanto en peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) como en documentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se determinó que la estancia infantil no contaba con medidas de protección civil mínimas para alojar niños ni con un plan de evacuación en caso de siniestro.
El atraso en las entidades también provoca que en el país no se conforme el Registro Nacional de los Centros de Atención que, según la ley, debe crearse con los Registros Locales, pues los estados deberían proporcionar información sobre los prestadores del servicio, la ubicación de las estancias infantiles, la capacidad instalada y ocupada.
“En el país no se cumple la ley, no hay intenciones de avanzar para que se pueda aplicar y que sea efectiva. El gobierno federal ha sido omiso y deficiente en la obligación que tiene de velar porque la ley se implemente y opere en los estados. Al día de hoy no hay aplicación ni operación efectiva por este retraso en los tiempos marcados por la misma legislación”, dijo en entrevista José Francisco García Quintana, representante de los padres que perdieron a un hijo en el incendio y forman parte del Movimiento 5 de junio.
Otra de las fallas que el Movimiento 5 de junio ve en la armonización legislativa es que los estados no están contemplando la participación ciudadana para evaluar la política local ni establecen como base lo mencionado en el artículo 11 y 12 de la Ley General sobre los derechos de los niños al acudir a un centro de atención infantil.
Según la legislación federal, en los servicios para la atención, cuidado y desarrollo se debe garantizar un entorno seguro y libre de violencia, la atención y promoción de la salud, la alimentación para tener una nutrición adecuada, recibir orientación y educación y el derecho a no ser discriminados.
José Francisco García Quintana también cree que es necesaria mayor difusión de la ley sobre estancias infantiles para que sean los mismos padres de familia los que exijan a sus estados una legislación local y evalúen si el sitio en el que dejan a sus hijos cuenta con los requisitos mínimos de seguridad establecidos por la federación.
“Los padres son los primeros que deben saber cuáles tienen que ser las características de un centro, ellos son quienes pueden exigir que esto avance para que los estados cumplan con una ley que se publicó en 2011 y todavía no es efectiva”.
Ésta es la ley completa:
