A trece días para que se cumpla el plazo para que las 18 entidades que tienen comicios en 2015 armonicen su legislación con la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) solo Colima ha completado la homologación. Por mandato constitucional las leyes electorales locales deben estar armonizadas 90 días antes de que empiecen los procesos electorales, es decir la primera semana de julio.
Por lo tanto quedan menos de dos semanas para que Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luís Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, aprueben su reforma constitucional, cambien su código electoral y los artículos del Código Penal que estén relacionados con los delitos electorales. 11 de ellos ya han aprobado la reforma aunque les falta la adecuación de todo lo demás, Querétaro la aprobó pero le falta publicarla y los demás están en proceso. El más retrasado es Oaxaca, dónde ni siquiera hay fecha para el inicio del ajuste legislativo.
Sin embargo, en el Instituto Nacional Electoral (INE) están confiados en que las homologaciones se den en tiempo y forma. “El ambiente que vimos cuando platicamos con los legisladores fue estar trabajando en esta dirección. Así que dejemos que se venzan los plazos, dejemos que cada Congreso Local termine su tarea. Estoy seguro que hay voluntad de armonizar para poder construir una mejor elección. Nos conviene a todos que así sea”, aseveró el Consejero Arturo Sánchez.
Si los estados no cumplen, se caería en una contradicción legal que complicaría los trámites, pero la norma constitucional regiría por encima y se seguiría con el procedimiento electoral. “El hecho de que eso no ocurriera no pone en riesgo las elecciones, dificulta. Dificulta de una forma que sería poco deseable, pero tenemos de tener todos claro que las elecciones del 2015, tanto federales como locales, se van a llevar a cabo, y se van a llevar a cabo con las reglas establecidas a partir de la reforma constitucional aprobada este año”, señaló la Consejera Pamela San Martín.
Ante el caso de Oaxaca, donde el año que entra cambiarán más de 60 ayuntamientos por usos y costumbres, el Consejero Presidente del Lorenzo Córdova alegó que por esta particularidad “podría llevar al extremo de que no se hicieran las adecuaciones sin que las elecciones en ese estado estuvieran tampoco en riesgo”.
La nueva ley electoral, derivada de la reforma político-electoral es mucho más que la modificación de una letra en el organismo que más va a velar por unas elecciones limpias, entre el viejo IFE y el nuevo INE. A grandes rasgos, supone un recorte la autonomía de los institutos electorales estatales, que ahora se llamarán Organismos Públicos Locales (OPLes) al devolver muchas de sus funciones al órgano central, el INE, quién ahora no solo elegirá directamente a sus consejeros –para quitar esta potestad a los Congresos locales– también tendrá el mandato de capacitar a los funcionarios de mesa, organizar y ubicar los centros de votación y decidir la geografía de los distritos electorales. Y la más importante, será el INE quién fiscalizará las campañas.
Además, hay cambios en el financiamiento de los partidos o la novedad de anular una elección si se rebasan los topes de campaña.
“Vamos a emparejar la calidad de las elecciones en las 32 entidades federativas, que hasta ahora oscilaba. Pero el INE tiene que generar un sistema nacional de estándares, va a ejercer una rectoría en aquellas competencias como la Organización electoral, capacitación, fiscalízación y geografía electoral”, resume César Astudillo, jurista especializado en derecho electoral.
En estas nuevas atribuciones que centraliza el INE, los principales puntos conflictivos que encuentran los estados son la organización electoral, que se hará a través de una casilla única salvaguardada por una mesa de cinco funcionarios dónde se votará a los diferentes niveles de gobierno. Es decir, a partir de ahora meteremos las boletas a las diferentes elecciones que coincidan –presidenciales, legislativas, municipales– en la misma urna. Y siempre tendrán que coincidir unas elecciones locales con alguna federal. En este sentido, la reforma atribuye la potestad de organizar los colegios electorales, los distritos y capacitar a los funcionarios al INE pero no dice cómo.
El único estado que ha cumplido con toda la homologación es Colima quién desde 1991 usa el sistema de casilla única. Pero aún desde su Instituto Electoral del Estado (IEE) reclaman que todavía hay muchas atribuciones que no vienen especificadas en la ley electoral e instan al INE a tener más claridad.
“Donde tuvimos más dificultad es en la variación de las competencias, sufrimos una modificación como OPLes. Antes teníamos una metodología. Sin embargo ahora en la nueva ley queda acotado a lo que decida el INE y serán emitidos con posterioridad. Hay una serie de cuestiones nuevas, que implican un reto en la manera de cuidar el proceso y quedamos a la espera que haya reglas específicas sobre los nuevos conteos o la documentación electoral. Nos fue un poquito lento avanzar en estos temas”, señala en entrevista telefónica Guillermo Navarrete, Consejero Presidente del IEE de Colima.
En San Luís Potosí en cambio aún cuando coincidían elecciones federales y locales, cada uno de los institutos tenía su mesa. Ahora, la casilla única les chirría. “Las mesas directivas de casilla generan dificultades, hasta ahora cada organismo electoral funcionaba con su casilla, ahora habrá que integrar cinco funcionarios, un presidente, un secretario y un escrutador, y ahora otro escrutador y secretario para la elección federal, que no sabemos como tenemos que capacitar, si nosotros a los nuestros y ellos a los suyos o cómo. La ley federal quedó muy abierta en estas cuestiones, entonces aprobamos la reforma pero dejando abierto cómo lo vamos a hacer, al igual que pasa con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) o los materiales electorales, entonces habrá que hacer nuevos acuerdos con el INE,”, explica el presidente del Consejo Electoral de San Luís, José Martín Vázquez. El Congreso de San Luís Potosí ya aprobó la reforma constitucional pero les falta revisar las leyes electorales y el código penal. Vázquez reconoce que los vacíos en la LGIPE “nos han detenido, los procedimientos electorales son temas controvertidos, generan polémica en la revisión de la ley pero no queda más que adecuarnos y sacar adelante el proceso de manera conjunta con el INE, que tiene muchos temas en sus manos”, concluye.
Para Diana Talavera, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal y líder de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas, “la ley federal no está acabada, ha generado mucha discusión el DF y en los estados por la distribución de plurinominales, la delegación de funcionarios, las mesas directivas de casillas, y muchos otros temas que están pendientes a que el INE establezca las reglas del INE”.
“El nuevo problema normativo es que van a chocar los lineamientos expedidos por el INE con las leyes electorales de los estados”, concluye Astudillo.
Mientras tanto el INE está concentrado en fortalecer el procedimiento para exigir los nuevos consejeros electorales estatales, que serán siete por entidad federativa y tendrán que pasar exámenes establecidos a nivel federal que deben ser elegidos y ratificados antes del 30 de septiembre.
