[contextly_sidebar id=”c2d85176cd79fcad1769cb4d77178788″]Conocer anualmente el patrimonio de los gobernantes para prevenir o detectar actos de corrupción, especialmente casos de enriquecimiento ilícito y posibles conflictos de interés entre sus negocios personales y las decisiones que toman. Este es el objetivo que persigue el Centro de Análisis Fundar desde la legislatura pasada y ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién decidirá esta semana si las declaraciones patrimoniales de los funcionarios deben ser públicas.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que los funcionarios están obligados a entregar al estado su declaración patrimonial pero solo se hará pública total o parcialmente “siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público del que se trate”, como estipula el artículo 40.
Por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió en campaña a hacerla pública y lo hizo al mes y medio de ocupar la presidencia. El jefe del ejecutivo comunicó que tiene nueve propiedades, seis las reportó como donadas, una heredada y dos adquiridas en efectivo, en 1982 y en 2005. También reconoció que su salario es de 193 mil 478 pesos mensuales, información que ya estaba en la red por la Ley Federal de Transparencia. En cambio no específico el valor de sus propiedades, ni sus estados de cuenta o si tiene adeudos, ni tampoco incluyó los bienes de su cónyuge, Angélica Rivera, ni de ningún dependiente económico. Así, el gesto se convirtió en algo más mediático que en una verdadera rendición de cuentas.
El mandatario se comprometió a hacerlo después que en 2011 Fundar pidiera a la Auditoría Superior de la Federación las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados de la legislatura pasada. La Auditoría se negó alegando que eso no era parte de sus competencias. Fundar recurrió a un amparo que se basaba en que el artículo 40 de la ley de responsabilidades administrativas que deja al criterio del legislador hacer pública o no su declaración, era inconstitucional al “hace absolutamente excluyentes la protección de datos personales y el principio de máxima publicidad: es decir, clasifica de manera tajante documentos que pueden incluir información pública”. El tribunal también negó el resurso de inconstitucionalidad por lo que acudieron a la Suprema Corte de Justicia. El ministro José Ramón Cossío apadrinó el caso pero solo él y otro ministro votaron a favor de la inconstitucionalidad del artículo. El resto votó en contra al alegar que el derecho a la protección de los datos personales de los diputados está al mismo nivel que el derecho a la transparencia.
Ahora vuelve a discutirse esta controversia, bajo la presentación del ministro José Fernando Franco González. En lugar de enfocarse hacia la inconstitucionalidad del artículo 40, el máximo tribunal se pronunciará sobre si el derecho a la protección de los datos personales de los funcionarios públicos tienen el mismo peso que el derecho de la ciudadanía a la transparencia gubernamental y rendición de cuentas. Según lo expuesto por el ministro Franco, el umbral de protección de los datos personales de quienes desempeñan responsabilidades públicas tiene “menos resistencia normativa general que el que asiste a los ciudadanos ordinarios” pero, no hay “constitucional, legal e inclusive convencionalmente ese umbral diferente”.
El amparo solo es por los 500 diputados de la legislatura pasada pero lo que exige Fundar es que “se muestren versiones públicas de todos aquellos funcionarios que tienen cargos de responsabilidad y decisión, por ejemplo todos los legisladores, los cargos altos de los tres poderes del estado, su personal de confianza, pero hace falta un proceso de deliberación muy amplio sobre quiénes, pero sí todos aquellos que están más cercanos al manejo de recurso, contrataciones, diseño de concursos,…”, explica Guillermo Ávila, investigador de la organización.
Si los altos magistrados se pronuncian a favor de la transparencia de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, estaría en manos de los legisladores reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas. Esta reforma se podría enmarcar en la próxima discusión de la Reforma Anticorrupción, Reforma anticorrupción, que está pendiente en el Congreso.
Fundar aboga por que se haga una versión pública de la declaración patrimonial que incluya los ingresos netos cuyo origen no es el cargo público, el valor de las propiedades, los préstamos y otros pasivos, las inversiones y participaciones, pero que omita números de cuentas bancarias, los domicilios de las propiedades o las placas de los autos para proteger su intimidad y seguridad.
“Las declaraciones patrimoniales sirven para ver si hubo una variación patrimonial que pueda revelar enriquecimiento ilícito o para ver si a través de su cargo público pueden favorecer negocios personales, es decir que haya conflicto de interés, con la publicidad de sus declaraciones habría más control social y se reduciría la percepción de corrupción entre la ciudadanía”, explica Guillermo Ávila, investigador de Fundar. La petición toma relevancia en el marco de los escándalos por las participaciones en gasolineras del Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell o la intención de hacer negocios en telecomunicaciones de la diputada Purificación Carpinteyro.
Ahora mismo la Auditoría Superior de la federación guarda las declaraciones patrimoniales de los diputados y la contraloría interna del Senado la de los senadores, pero no hay un mandato legal de investigarlos. De hacerse pública cualquier persona podría checarlo.
Para la senadora del PAN, Laura Rojas, experta en rendición de cuentas, establecer versiones públicas de las declaraciones patrimoniales sería una buena manera de “lograr un equilibrio entre la protección de datos de los funcionarios que es un derecho humano al que no se debe renunciar y la información que abone a la transparencia”.
“No podemos olvidar que México no es Suecia y que aquí si tenemos un problema de inseguridad que hace que gente tenga miedo a publicitar su patrimonio. No todos los políticos viven del erario público, hay empresarios o gente que ya tiene un patrimonio acumulado previo y que no quiere exponerse a que los secuestradores lo vean. Entiendo la necesidad de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas, pero la inseguridad es un elemento a tener en cuenta”.
En este sentido Fundar señala que buena parte de esa información, como los salarios o el lugar de trabajo ya está disponible: los sueldos que reciben por su cargo son información pública obligatoria, así como las prestaciones que recibe o el domicilio de su lugar de trabajo. “La seguridad es muy importante pero los altos funcionarios ya están muy expuestos públicamente, sus salarios, donde se mueven, no hay evidencias en ningún país de que el hecho de divulgar su declaración patrimonial aumente la inseguridad y en cambio si baja los índices de percepción de corrupción”.
Ante el inminente fallo de la SCJN, el ministro Franco señaló que las excepciones al derecho a la protección de datos personales “deben tener base constitucional… y estar consignados en la ley”, por lo que toca al legislador “juzgar cuáles son las razones de orden público para tomar una u otra decisión.”
