“La ventaja moral que gana el Estado cuando juzga conforme a un debido proceso se desdibuja cuando en la prisión imperan los abusos o los privilegios”, apunta una misiva enviada por un grupo de organizaciones y académicos a las Comisiones de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos del Senado de la República este jueves 5 de junio.
[contextly_sidebar id=”34090303f1a02b6588b4af95daadee35″]”Confiamos que, así como se superaron las dificultades para incorporar nuevas formas de hacer justicia mediante la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puedan encontrar los diseños legales que permitan que el debido proceso también se respete durante el cumplimiento de las sanciones penales y, con mayor razón, durante la imposición de la prisión a quienes están en espera de una sentencia,” apunta el oficio.
Los asociaciones firmantes, entre ellos México Evalúa, Causa en Común, el Observatorio Nacional Ciudadano y la Red de Especialistas en Seguridad Pública, se dijeron en contra de los privilegios y grupos de poder en las cárceles mexicanas, pero también contra las sanciones extrajudiciales en las prisiones, descritas tanto en informes nacionales e internacionales realizadas por organismos de derechos humanos, que “lejos de servir para combatir a la delincuencia, atizan la violencia en nuestra sociedad.”
Subrayan también la urgencia de que los jueces de ejecución penal cuenten con todas las atribuciones necesarias para imponer la ley en los espacios en que se recluye a quienes delinquieron o a quienes se les procesa en reclusión.
Aquí la carta íntegra:
A LAS COMISIONES DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA:
• Las organizaciones y académicos firmantes estamos conscientes de los esfuerzos que se realizan para dictaminar las iniciativas que nos permitan contar con una legislación única en materia de ejecución penal para toda la República, como lo ordena la Constitución. Saludamos particularmente la confluencia de las tres principales fuerzas políticas que permitieron la aportación de una Iniciativa común en esta materia.
• Confiamos que, así como se superaron las dificultades para incorporar nuevas formas de hacer justicia mediante la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puedan encontrar los diseños legales que permitan que el debido proceso también se respete durante el cumplimiento de las sanciones penales y, con mayor razón, durante la imposición de la prisión a quienes están en espera de una sentencia.
• Estimamos urgente que los jueces de ejecución penal cuenten con todas las atribuciones para imponer la ley en los espacios en que se recluye a quienes delinquieron o a quienes se les procesa en reclusión. La ventaja moral que gana el Estado cuando juzga conforme a un debido proceso se desdibuja cuando en la
prisión imperan los abusos o los privilegios.
• Trabajamos en contra de la impunidad, y por eso nos oponemos a los privilegios y a los grupos de poder en nuestras cárceles, pero con la misma fuerza manifestamos que las sanciones extrajudiciales en las prisiones, como las descritas en informes nacionales e internacionales de organismos de derechos humanos, lejos de servir para combatir a la delincuencia, atizan la violencia en nuestra sociedad.
Atentamente,
Edna Jaime (México Evalúa)
Ma. Elena Morera (Causa en Común)
Elena Azaola (Investigadora del CIESAS)
Miguel Sarre (Profesor numerario del ITAM)
Francisco Rivas (Observatorio Nacional Ciudadano
Antonio López Ugalde (Red de Especialistas en Seguridad Pública)
Juan Francisco Torres Landa R. (México Unido Contra la Delincuencia)
