Cerrazón al diálogo de las autoridades estatales con las organizaciones de la sociedad civil, opacidad y falta de políticas públicas que atiendan la problemática de la seguridad pública desde lo local. Así fue el escenario con el que arrancó la 2ª Cumbre Ciudadana, según lo planteó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, una de las organizaciones que convocaron al encuentro.
En esta reunión se desarrollan mesas de trabajo en once ejes temáticos vinculados a la relación entre sociedad civil y gobierno y sus posibilidades de incidencia. Hoy concluirá cuando se realice una sesión plenaria en donde se presenten las líneas de trabajo trazadas y los mecanismos de seguimiento a los acuerdos y se entreguen esos resultados a las autoridades federales, representadas por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante la ausencia de Enrique Peña Nieto, y por el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y mandatario de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre.
Y aunque en esta cumbre se logró involucrar a organizaciones de 20 estados, en el encuentro resaltó la ausencia de las organizaciones vinculadas al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia, que sí estuvieron presentes en la primera cumbre que se realizó en junio de 2012.
Simulación
En el discurso inaugural, tanto María Elena Morera como Gerardo Navarro, dirigente de Integradora de Participación Ciudadana, señalaron que tras el primer encuentro de las OSC con el gobierno se logró incluir algunos de los temas en las reformas de ley que llegaron al Congreso de la Unión.
[contextly_sidebar id=”b6ab833bf13e0c1f46ea1b323663f85a”]Morera sostuvo que el 78% de las propuestas de la primera cumbre fueron escuchadas e insertadas en las modificaciones que aprobó el poder legislativo, sin embargo, muchas otras, entre ellas las relacionadas con las candidaturas ciudadanas, sólo quedaron como simulación pues los porcentajes acordados están lejos de las posibilidades de la gente.
“A dos años de la Primera Cumbre, sabemos que algunos de los acuerdos que impulsamos se plasmaron con asertividad, primero en el Pacto por México e incluso algunos en la Constitución. Otros mantuvieron el espíritu en la regulación secundaria.
“Sin embargo, y esa es una de las principales razones por las que estamos aquí reunidos, muchas de estas propuestas se diluyeron en las negociaciones legislativas o se simularon con regulaciones mezquinas.
“Una vez firmado el Pacto por México, los actores políticos abandonaron casi por completo el diálogo y la interlocución con la sociedad civil organizada.
“Vemos ahora que muchos de los resultados de su materialización no corresponden con lo que se esperaba realmente. No ha habido cambios de fondo, ni de estrategia, ni de transformación institucional y por lo tanto no hay implicaciones positivas que sean perceptibles en la vida cotidiana de los ciudadanos, lo cual genera incertidumbre y decepción en diversos sectores”, puntualizó Navarro.
Gobernadores cerrados
Por su parte, María Elena Morera enfatizó en que si bien han encontrado cierta interlocución con el gobierno federal, la respuesta no ha sido la misma con los estados, una situación que se vuelve preocupante especialmente en aquellas entidades en donde el gobierno federal ha enviado a fuerzas militares para tomar el control de la seguridad.
“Si bien ha sido acertado que el gobierno federal tome el control territorial en algunos estados, tenemos que avanzar en que se fortalezcan las capacidades estatales, porque está muy cómodo para algunos gobernadores que el gobierno federal les pone policía, Ejército y Marina, y no hay nada que responsabilice a los estados a que en determinado tiempo tienen que haber cambiado el sistema de justicia”, dijo Morera.
En ese sentido, la dirigente de Causa en Común señaló que el crecimiento de la incidencia en el delito del secuestro es también responsabilidad de las autoridades estatales.
“No hemos logrado bajar el secuestro. Debemos reconocer que se han detenido mucho más bandas en este año, y ahí volvemos a lo mismo, nos hemos vuelto muy centralistas al pensar que el gobierno federal debe atenderlo todo, y el secuestro es un delito del fuero común, aunque hay una ley general les compete a los estados, y el problema es que muchos estados, Veracruz, Tamaulipas, el Estado de México, no lo han abatido, y no hay un compromiso de los gobernadores de hacerlo. Tenemos que voltear a verlos y exigirles como sociedad civil más de lo que hemos hecho hasta ahorita”, aseguró Morera.
La CNDH y la criminalización de la protesta
Por su parte, Mayte Azuela de la organización Dejemos de Hacernos Pendejos, quién también participa en la 2ª Cumbre Ciudadana, se sumó a las peticiones que han lanzado defensores de los derechos humanos y periodistas para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promueva acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes que criminalizan la protesta, y que se han aprobado recientemente en Puebla, Chiapas, Quintana Roo y el DF.
En ese sentido, dijo, “la ley que propuso el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y que se publicó rasurada luego del ruido mediático que provocó y que le dejó como mote el nombre de Ley Bala, son disposiciones que aún inhiben la protesta, pues mantiene artículos que abren la posibilidad al uso de las armas de fuego.”
Azuela también señaló que desde su óptica existe una estrategia nacional para contener las protesta social, pues dijo que si se logra imponerla en los estados ya no es necesario aplicar una estrategia similar a nivel nacional, pues el primer espacio de protesta es el local.
