La cancelación del proyecto turístico en la franja de “La Ensenada”, que amenazaba el equilibrio ecológico y social en la isla de Holbox, Quintana Roo, está lejos de representar una seguridad para la zona natural protegida de Yum Balam, donde esa ínsula del sureste mexicano se encuentra.
Dos son los elementos que impiden tanto la certeza para los habitantes de las comunidades ubicadas en el área protegida, como la seguridad en la conservación de las especies de flora y fauna que forman parte del ecosistema de esa región que se ha convertido en un “paraíso” bien conservado entre los atractivos turísticos con que México cuenta:
1.- La definición de las tierras ejidales concretada el día 1 de junio pasado que dividió a Holbox en cuatro partes durante una asamblea cuestionada por el comisario ejidal de la isla, Nibardo Mena Villanueva, y que le daba a la empresa Península Maya Developments, encabezada por empresarios yucatecos, viabilidad para iniciar un proyecto en un área de 980 hectáreas.
2.- El retraso de dos décadas de parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para publicar el plan de manejo de la zona natural protegida de Yum Balam.
Justo el día 6 pasado, cuando la Semarnat emitió el resolutivo mediante el cual la empresa Península Maya Developments manifestaba su desistimiento en la construcción del megaproyecto turístico en la zona conocida como “La Ensenada”, se cumplieron 20 años de haberse decretado la declaración de Yum Balam como zona natural protegida.
Fue un 6 de junio de 1994 que el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari decretó la creación del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam, cuyo plan de manejo fue elaborado posteriormente, pero se ha mantenido sin publicarse y por tanto sin ofrecer la certeza jurídica a las actividades que puedan o no realizarse en esa región.
El decreto promueve la preservación y conservación de 311 especies de fauna, algunas de ellas bajo régimen de protección y otras en peligro de extinción. Dentro del número total de especies animales se contabilizan 30 especies de aves migratorias que viajan desde Florida, Estados Unidos, para pasar el invierno en esa zona o abastecerse para continuar hacia América del sur.
También se preveía la protección de una amplia gama de especies de flora y el manejo de lo que, sumado a la reserva del Río Lagartos, en el vecino estado de Yucatán, se considera la reserva de acuíferos más importante del noreste de la Península de Yucatán y uno de los principales mantos de agua en todo el país.
Sin embargo, como se indica anteriormente, luego de 20 años de la creación de la zona el plan de manejo sigue archivado en las oficinas centrales de la Semarnat lo que, más allá de ser inoperante en términos legales, mantiene en riesgo a la zona comprendida entre los municipios de Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, en Quintana Roo.
La inestabilidad jurídica en materia de protección ambiental en la zona quedó expuesta este mes, no solo con la fecha que marca las dos décadas de la reticencia de la Semarnat, sino también con el conflicto ejidal que representó la asamblea realizada el día 1 de junio pasado que permitió a empresarios yucatecos hacerse de la propiedad de una extensión de 980 hectáreas –casi la tercera parte de lo que mide la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal, o un espacio en el que podrían delimitarse unas mil 800 canchas reglamentarias de futbol, aproximadamente.
Si bien, el resumen ejecutivo presentado por la empresa desde septiembre de 2012 para su estudio ante la Semarnat indica que de esa área solo se aprovecharían directamente 93 hectáreas, el impacto ambiental previsto a la zona afectaría más allá del área de construcción del proyecto turístico, amenazando el equilibrio natural y social de la zona.
Esas amenazas fueron expuestas en un expediente presentado ante la dependencia federal por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) durante el proceso de consulta pública del proyecto de la empresa peninsular.
La conclusión establecida por el Cemda luego de la revisión del resumen ejecutivo de Península Maya Developments, así como de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el reglamento respectivo en materia de Áreas Naturales Protegidas, Norma Oficial Mexicana, Convenio Ramsar y el decreto de Yum Balam, solicitaba directamente negar la autorización del proyecto de impacto ambiental del desarrollo turístico.
De esa forma, el Cemda buscó frenar el impulso retomado por los empresarios que encabezan Península Maya Developments, con un amplio argumento en el que se da cuenta como la construcción del resort planeado en “La Ensenada” generaría una “perturbación severa de la vida silvestre, la sobreexplotación de recursos naturales, procesos de desertificación acelerada y erosión y alteración –del balance biológico- ocasionada por fenómenos naturales y humanos”.
Otros riesgos documentados podrían ser el impacto por el incremento de la presencia humana en la zona, la llegada de mascotas, contaminación lumínica y auditiva, apertura de nuevos caminos, instalación de servicios como agua, drenaje, corriente eléctrica y el incremento del flujo vehicular.
Entre los daños previstos se destaca en el documento la falta de previsión y medidas de mitigación por eventuales afectaciones en el manejo del agua debido al incremento en el consumo que se generaría y que puede medirse actualmente en temporadas altas de turismo en la isla de Holbox con el incremento en el consumo del recurso.
“La población de la región depende en gran medida de pozos locales para abastecerse de agua. En zonas cercanas, a la costa la disminución en la presión del agua dulce, ya sea por una disminución en la recarga o un aumento en la extracción por bombeo aumenta el riesgo de la intrusión salina, por lo que se tiende a tener problemas de salinización en los establecimientos turísticos más cercanos al mar”, señala el texto.
Si los problemas para el medio ambiente natural no fueran lo suficientemente graves, el documento presentado por la agrupación ambientalista denuncia que el aprovechamiento del proyecto turístico no redundará en beneficios para los habitantes de las comunidades hoy asentadas en el área natural protegida.
Eso, sin contar que las obras para la construcción del resort en “La Ensenada” incluyen acciones como el dragado de la laguna Yalahau, ubicada en Holbox, que ponen en riesgo la calidad de ese ecosistema y por tanto de las especies marinas que representan no solo una fuente de alimentación para los lugareños, sino también una fuente de ingresos.
El impacto negativo de esas obras también podría reflejarse en la modificación del hábitat de especies como el manatí y el delfín, o aves nativas de la zona, así como especies en peligro de extinción como las tortugas carey y blanca que tienen áreas naturales de anidación en las costas de la isla Holbox.
Tampoco existe en el proyecto de impacto ambiental alguna recomendación o acción específica que considere el manejo de residuos sólidos que se generarían una vez puesto en operación el desarrollo turístico, sin el peligro de generar proliferación de fauna nociva, contaminación del suelo y aguas subterráneas, además de la posible diseminación de enfermedades.
El riesgo, según señala el documento, caería una vez más sobre los habitantes de las comunidades en la zona y en el hábitat natural.
Para medir el impacto negativo que podría tener un desarrollo hotelero como el planeado en la zona, el Cemda enuncia directamente lo establecido en el propio resumen ejecutivo de Península Maya Developments, destacando entre otros puntos:
• La edificación de hasta 872 unidades residenciales con densidad variable desde lotes inmobiliarios unifamiliares, villas y condominios.
• Una villa pueblo con aproximadamente seis mil metros cuadrados de espacio comercial con área central de resort en la isla.
• Establecimientos terrestres (interiores) del puerto, marina y canales de acceso.
Durante la primera fase se esperaba albergar a más de cuatro mil residentes entre huéspedes del centro turístico y trabajadores, lo que básicamente se convertiría en un centro poblacional violando lo establecido en el decreto de la zona de Yum Balam, en el sentido de que no pueden generarse nuevas comunidades en el área protegida.
La proyección final de la empresa es de hasta 60 mil personas que incluiría a todos los huéspedes del resort, residentes, visitantes temporales, empleados, contratistas y otros.
Si bien el desistimiento de Península Maya Developments trae un respiro a la zona protegida de Yum Balam, para la directora de la Oficina Regional Sureste del Cemda, Alejandra Serrano Pavón, el asunto no está terminado.
La integrante de esa agrupación ambientalista recordó que el proyecto estaba en evaluación desde septiembre de 2012 y atravesó por varios procesos para su autorización o rechazo, como se puede constatar en la página web de la Semarnat que expone el trámite en el expediente 23/MG-0012/09/12.
El 30 de mayo pasado, añadió, el proyecto se reactivó. Luego al día siguiente se realizó la asamblea ejidal que le dio certeza en la propiedad de los predios a los inversionistas y por alguna razón que no han querido hacer pública, el día 6 pasado, desistieron del proyecto.
Ante la pregunta obvia de si el desistimiento implica que ya no habrá desarrollo turístico Serrano Pavón es clara: “por ahora… pero lo pueden volver a presentar”.
“Por ello es que necesitamos el programa de manejo del área natural protegida, para que se pongan reglas… para evitar otra amenaza así”, reitera.
Y lo que se requiere para ello, según expone, es “que la Semarnat haga su trabajo, el que no ha hecho desde hace 20 años, desde que se decretó el área”.
El asunto es claro: el programa y plan de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam existe, pero por alguna razón que se desconoce -según explica Serrano Pavón-, no se ha permitido su publicación.
En ese escenario de incertidumbre, el proyecto en “La Ensenada” está detenido, pero no quiere decir que esté totalmente cancelado o que no haya más riesgos para el equilibro natural y social de Holbox o cualquier otra área dentro de la zona protegida.
Tanto Península Maya Developments, como cualquier otra empresa que posea terrenos o se apropie de otros en el área, podría presentar un proyecto y obtener la aprobación del mismo, porque el plan de manejo no ha sido publicado y eso implica la ausencia de un marco legal más claro y de aplicación inmediata en casos similares.
