El Consejo de la Judicatura Federal presentó denuncias de hechos ante el agente del Ministerio Público de la Federación y la PGR contra Jesús Guadalupe Luna por probables delitos en tocas penales y juicios de amparo.
El motivo de las acusaciones es que el magistrado suspendido obtuvo ingresos distintos a los que por razón de su encargo le correspondían.
También presentó denuncia de hechos ante la PGR contra el magistrado suspendido Jorge Figueroa Cacho, por probables conductas delictivas de operaciones bancarias y transacciones financieras inusuales con empresas dedicadas a la compra-venta de metales y joyas del estado de Jalisco.
El CJF expresó que seguirá cumpliendo con su mandato constitucional de vigilar que sus funcionarios públicos se conduzcan con ética y altos estándares de calidad e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, además de hacer públicos estos casos, en congruencia con su política pública de transparencia y rendición de cuentas.
De igual manera, manifestó el compromiso de los más de mil 200 juzgadores con la ética judicial y la erradicación de conductas, las menores, de servidores públicos que incurren en deslealtad a la Constitución.
Recordó que en el caso de Luna Altamirano, se ordenó en mayo de 2012 una visita extraordinaria al Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, entonces a su cargo.
Se encontraron “presuntas conductas que denotaron falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en el trámite y resolución de los tocas penales 57/2008, 136/2009, 95/2010, 451/2010, 21/2011 y 446/2011, así como en los juicios de amparo 19/2009, 44/2009, 3/2009, 19/2011, 5/2011 y 25/2011”, subrayó.
La investigación de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación (PJF) abarcó los ámbitos bancario, fiscal, de registro de bienes inmuebles y declaraciones patrimoniales, detalló.
Se encontró que “Luna Altamirano es probable responsable de faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de 2004 a 2012”, insistió el órgano de control del PJF.
Se identificaron movimientos por depósitos y/o abonos, cuyo origen se desconoce, por dos millones 705 mil 852 pesos y movimientos de retiro mediante cheques y transferencias, sobre los que se desconoce el beneficiario, destino y aplicación, de ocho millones 469 mil 131 pesos.
“A mayor abundamiento, por la primera de las cantidades se detectaron los siguientes movimientos: 13 transferencias, 46 depósitos con cheques o documentos; 62 depósitos en efectivo y nueve clasificados como otros depósitos”, destacó.
Además, en el análisis de los registros bancarios de familiares y personas relacionadas con Luna Altamirano (ocho personas cuyos apellidos coinciden con alguno de los dos del magistrado suspendido), se detectaron 300 depósitos por un monto de un millón 970 mil 440 pesos, concentrándose en una mujer el 61 por ciento de ellos”, aseveró.
Por otro lado, en la verificación de su evolución patrimonial, en la respectiva al año 2010, el magistrado suspendido refirió la donación de una propiedad ubicada en la delegación Coyoacán, con valor de cuatro millones 929 mil 600 pesos, a favor de una de sus hijas.
Sin embargo, en el apartado destinado a señalar el valor de la operación no lo marcó como “cero”, así en el respectivo al valor catastral o comercial, subrayó el Consejo de la Judicatura Federal, que señaló que ello es “un riesgo en materia de lavado de dinero asociado a las operaciones inmobiliarias”.
“Consiste en que el servidor público o sus personas relacionadas pueden adquirir propiedades registrando un valor inferior al real, pagando la diferencia al vendedor en efectivo y vendiendo posteriormente la propiedad por un valor mayor, justificando así sus ganancias y dándoles la apariencia de licitud”, señaló.
En el caso de la investigación contra Figueroa Cacho, cuando estaba adscrito al 5 Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con sede en Jalisco, se detectaron a su nombre tres cheques por un millón 792 mil 250 pesos provenientes de la cuenta de una empresa dedicada a la venta y compra de oro, comentó.
El CJF sostuvo que además, el 1 de octubre de 2012 dicha persona recibió a través de endoso en propiedad a su favor, otros tres cheques expedidos a nombre de tres mujeres con apellidos diferentes, por 855 mil 652 pesos, que fueron librados por otra empresa dedicada a la venta de metales finos.
“La totalidad de los mencionados recursos –dos millones 647 mil 902 pesos- fueron retirados de la cuenta del mencionado dos días después, mediante un cheque de caja por el valor equivalente en dólares americanos, a favor de una mujer”, especificó.
El órgano del PJF precisó que en cuanto al análisis de los estados de cuenta del servidor público investigado, los cuales fueron proporcionados por las instancias competentes, se identificaron 155 operaciones de depósitos, cuyo origen se desconoce, por un monto total de dos millones 869 mil 205 pesos.
En el caso de los registros bancarios de cinco de sus familiares, se identificaron 357 depósitos y/o abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto de seis millones 175 mil 618 pesos, además de que en una cuenta a su nombre se realizaron depósitos y abonos por 50 mil 449 dólares, afirmó.
Reveló que al respecto, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación indicó que dicho magistrado es probable responsable por faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de los años 2007 a 2010.
Por ello, el Consejo de la Judicatura Federal manifestó que “hace expresa su colaboración con el agente del Ministerio Público Federal para coadyuvar en todo momento en las indagatorias respectivas”.
*Notimex
