Abrogarán #LeyBala hasta que diputados locales aprueben nueva ley en Puebla

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Foto: Cuartoscuro.

Mientras en el Congreso de Puebla llegaba la iniciativa de decreto para abrogar la llamada #LeyBala, aunque no se aplicará inmediatamente, en San Bernardino Chalchihuapan 47 presidentes auxiliares dejaban en claro que su lucha por recuperar la facultad del Registro Civil no se canceló tras la muerte de Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

“Si cree (el gobernador Rafael Moreno Valle) que con la muerte de este niño nos vamos a retractar, está equivocado, esto nos hace más fuertes, y seguiremos luchando y defenderemos nuestros bienes”, las palabras son de Juan Atenco Ochoa, presidente auxiliar del San Pedro Yancuitlalpan, comunidad de San Nicolás de los Ranchos.

Están ahí reunidos en esa pequeña comunidad vecina a la capital poblana que desde hace un par de semanas se ha vuelto foco de atención tras un violento desalojo que se saldó con varias decenas de heridos, los de más gravedad se cuentan entre los pobladores, pero los policías también se llevaron su parte.

Están ahí para acompañar a Elia Tamayo en el velorio de su hijo Luis Alberto, el mayor de los cinco vástagos que hasta hace unos días se contaban en la familia, el estudiante del segundo año de secundaria, el mismo que según unas fotos que el gobierno del estado entregó a medios, con los que mantienen contratos de publicidad, estaba en la manifestación como un partícipe más.

Pero también están ahí para plantear que su lucha, lejos de menguar, arreciará, pues a sus peticiones se suma la de que se esclarezca la muerte del menor y se libere a todos los que han sido detenidos por exigir y manifestarse en contra de la decisión del Congreso de reformar a la Ley Orgánica y retirarles el Registro Civil.

La lucha no acaba

La lucha, insiste Eladio Jiménez González, presidente auxiliar de Zoyamazalco, no se acaba con el velorio o el entierro de Luis Alberto, pues no empezó el 9 julio con el cierre de carreteras –un cierre que se orquestó en 11 punto del estado pero que estalló como confrontación con la policía en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Empezó, dice, desde el arranque de su gobierno primero a través de escritos que enviaron a la Secretaría General de Gobierno (SGG), sólo para ser ignorados por el responsable de la política interior del estado, Luis Maldonado Venegas.

En el fondo, coinciden Juan y Eladio y el resto de los alcaldes presentes, el temor es que el gobierno del estado busque y prepare la desaparición de las juntas auxiliares, pues con la reforma a la Ley Orgánica Municipal, les retiró la autoridad que el pueblo les reconoce al ser los responsables de nombrar a los menores y registrar y dar fue de sus muertos, dejándolos “en calidad de porteros”, pues ahora ese servicio debe ser proporcionado en el población designada como cabecera municipal.

“Queremos el registro Civil por que nos da identidad, porque nos da origen, no nos vamos a retractar. El objetivo no está cumplido, hasta el día de hoy no tenemos una solución al problema del registro civil”, puntualiza Juan Atenco.

“Si quieren modernidad –dice por su parte Eladio Jiménez– primero arreglen nuestros caminos, nuestros baches, y luego ponen carreteras y si quieren fotomultas”.

Y sostuvo: “El Registro Civil es la punta, pero en el fondo es la destrucción del núcleo base. Ya de origen las juntas auxiliares teníamos cierta marginación, hoy de facto estarían acabando con ellas, porque nos convierte en simples administrativos, porque esa identificación que hay entre la autoridad de un pueblo con su propia gente hoy se estaría perdiendo”.

Pero el enojo, entre los ediles auxiliares es mucho, Raúl Pérez Velázquez, presidente de San Miguel Canoa, primero advirtió al gobierno “que ya basta de distorsionar la información, les pido a todos los presidentes y al pueblo que no nos agachemos, no tengamos miedo, el gobierno es quienes debe tenemos. Ellos tienen armas, tienen con qué, nosotros tenemos con qué defendernos, tenemos manos, machetes, bieldos si es lo que quiere el gobierno”.

Los alcaldes también denunciaron que han sido víctimas de presiones y amenazas para que detengan su protestas.

Al respecto, el presidente de la junta auxiliar de San Martín Tlamapa, Salomón Pacio Grande, sostuvo que son al menos cinco presidentes auxiliares que han recibido amenazas anónimas para que detengan las protestas con las decisiones de gobierno, y en el caso de las autoridades auxiliares de las poblaciones de Tehuacán y Ajalpan las amenazas y advertencias han llegado directamente de las autoridades estatales.

Abrogarán la #Ley Bala, pero no de inmediato

Mientras los presidentes planteaban que su lucha no ha concluido, en el Congreso del estado se prepara la abrogación de la polémica ley que en su origen, dice el diputado priísta Víctor Manuel Giorgana, se aprobó con la intención de ponerle reglas al actuar policial, pero en el fondo terminó como patente de corzo para que la Policía Estatal, a cargo de Facundo Rosas Rosas –sobre quien pesan señalamientos y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por otro operativo para desalojar carreteras que terminó con dos estudiantes asesinados, el de Ayotzinapa de Guerrero– lastimara de gravedad a cinco pobladores y provocara la muerte de un sexto.

La propuesta de abrogación se presentó ayer lunes 21 de julio a través del oficio SDG/0120/2014 enviado por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, “quien por acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas (…) remite la iniciativa de decreto por virtud del cual se abroga la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla”.

Y se enlistó de inmediato en el punto 16 para que este día, 22 de julio, se discutida en el pleno del Congreso.

De acuerdo con el proceso legislativo tradicional, la propuesta tendría que pasar a comisiones para ser discutida y debatida aunque podría, en este caso, eximirse el trámite, “por ser de obvia y urgente resolución” y aprobarse durante la sesión plenaria de este día.

Aunque su eliminación no será inmediata, según un boletín que envió el grupo parlamentario del PAN, “la actual norma quedará sin efectos una vez que los diputados locales debatan y aprueben una nueva ley, con el consenso de los distintos partidos y organizaciones”.

La polémica ley llegó al Congreso propuesta por el gobernador del estado y tras su paso por las comisiones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia se aprobó el 19 de mayo pasado con 35 votos a favor del PAN, PRD, PRI, Panal, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración –estos dos últimos partidos estatales– y sólo con el rechazo de las bancadas del PT y Movimiento Ciudadano y la mitad del Partido Verde Ecologista de México.

De aprobarse la abrogación, se habrá terminado con la ley que permitió la violencia en el desalojo, pero de lo que aún no hay certezas es si los presidentes auxiliares serán escuchados y su reclamo atendido, o si tendrán que seguir adelante con sus manifestaciones y protestas.

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