[contextly_sidebar id=”Sz6nCuEGRQWMt4lxxSmNLrNRxvTrHe36″]En la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el proyecto de dictamen sobre los órganos reguladores del sector energético que se encargarán de otorgar los permisos y firmar contratos para que empresas privadas exploten hidrocarburos y generen energía eléctrica.
Con 333 votos a favor y 125 en contra, los diputados avalaron este cuarto proyecto del paquete energético que contiene —en siete dictámenes— las 21 leyes reglamentarias de la reforma energética.
Los votos a favor fueron del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza; mientras que en contra votaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo.
El dictamen establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía dependerán del Ejecutivo, quien ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica sobre las actividades del sector a través de esos dos órganos; los cuáles, no tendrán independencia presupuestaria.
Asimismo, se establece que los Comisionados serán nombrados a propuesta del Presidente y ratificados por el Senado.
También se crea el Consejo de Coordinación del Sector Energético —a cargo de la Secretaría de Energía— que dará a conocer a los órganos reguladores la política energética y fungirá como mecanismo de comunicación entre las dos Comisiones y otras dependencias del gobierno federal.
“Es iluso pensar que los órganos reguladores coordinados van a operar con independencia y autonomía cuando su máxima autoridad es el órgano de gobierno y lo encabeza el secretario de Energía y está integrado por siete comisionados que designa el Senado a propuesta del presidente. Es exactamente el mismo modelo autocrático que ayer les planteaba de Pemex y CFE, nada más que aquí la afirmativa ficta es mucho más perversa, ya que si no existe un acuerdo en el Senado, el presidente se lo brinca y que el Senado manifiesta su rechazo expreso se abre una segunda ronda donde sólo caben dos opciones, o los senadores se someten a la propuesta del presidente o el presidente impone sin preguntar”, criticó la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde.
La legisladora dijo que en el caso del Consejo de Coordinación del Sector Energético tampoco se puede hablar de independencia al estar presidido por el secretario de Energía e integrado por funcionarios designados por el Presidente.
Los diputados iniciaron la discusión en lo particular a las 17:00 de este jueves. Para este dictamen, el grupo parlamentario del PRI no presentó ninguna reserva, por lo que se espera que sea aprobado sin cambios. Si eso ocurre, el proyecto sería enviado al Ejecutivo para su promulgación.
Las cientos de reservas de los partidos de izquierda serán rechazadas por la mayoría que forman el PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza.
Diputados debaten sobre los órganos que regularán al sector energético
Los diputados retomaron este jueves a las 13:00 la discusión de las leyes reglamentarias de la reforma energética con el debate sobre cómo operarán la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
En este dictamen se fijan las facultades de ambas Comisiones en la firma de contratos y permisos para que empresas privadas exploten recursos energéticos en el país.
Según el proyecto, los dos órganos dependerán del Ejecutivo, quien ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica sobre las actividades de hidrocarburos y de energía a través de estas dos Comisiones, por lo que no tendrán independencia presupuestaria.
Ésta es la principal crítica de los partidos que se oponen al dictamen —el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano, y el Partido del Trabajo—.
Según Ricardo Mejía, diputado de Movimiento Ciudadano, la autonomía técnica, operativa y de gestión de ambos órganos reguladores, “no será más que una mala broma”, pues éstos dependen del Ejecutivo y sus comisionados se nombran a propuesta del Presidente aunque deban ser ratificados por el Senado.
“La nueva Ley de los Órganos Reguladores le entrega al Presidente de la República y a los inversionistas privados, a través de sus representantes, el control absoluto de la regulación técnica y económica de la electricidad y los hidrocarburos”, explicó Mejía en su voto particular.
Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Bernal, explicó al presentar el dictamen que los órganos reguladores tienen fuerza suficiente para cuidar del sector.
“Tienen facultades para vigilar las disposiciones de quienes realicen actividades en materia energética e imponer sanciones cuando ocurran hechos que se desprendan de las reglas vigentes”.
En este cuarto dictamen también se incluye la iniciativa para expedir la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, la cuál, asumirá funciones ambientales para regir todas las operaciones del sector de hidrocarburos.
Según la ley, esta Agencia tiene facultades para dar autorizaciones para actividades de exploración y extracción, modificar permisos, estudiar el impacto ambiental, evaluar el cumplimiento de reglas vigentes, emitir sanciones, diseñar multas y proponer nuevas inversiones e investigaciones para la explotación de los recursos energéticos.
Los partidos de izquierda consideran que ésta es una “superagencia” con facultades que deben corresponder a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y sus dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); lo cuál ha sido apoyado por organizaciones civiles.
El proyecto con las iniciativas para expedir la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente tiene el apoyo del PRI, el Partido Acción Nacional (PAN), el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.
