México no tiene un conteo actualizado de los niños y niñas que están en instituciones de custodia. El último estudio del DIF en la materia está fechado en 2007, año en que se registraron 1.6 millones de menores huérfanos en el país, de los cuales 703 mil vivían en albergues y de estos sólo 29 mil lo hacían en albergues públicos.
En 2010, el Inegi computó 657 mil huérfanos en 753 casas hogar. Desde entonces los datos no están actualizados.
La Ley Federal de Asistencia Social, aprobada durante el gobierno de Vicente Fox, contempla la creación de un Directorio Nacional de Asistencia Social que, según las organizaciones que velan por los derechos de la infancia, no está funcionado. En internet no está disponible.
Ayer mismo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, exigió a México la creación de un registro nacional de albergues infantiles.
“Lo que hay son solo estimaciones. Tendríamos no nada más que supervisar y avanzar en el seguimiento, sino también tener un registro de dónde están esos niños, qué está pasando con ellos, y qué está pasando con estas instituciones”, critica Nashieli Ramírez, de la asociación Ririki.
Ramírez considera que una cuestión fundamental es la supervisión de la situación jurídica de los menores y recuerda el suceso del albergue Casitas del Sur, donde había niños secuestrados para el tráfico.
Nashieli Ramírez participó junto a otras organizaciones civiles en la conferencia de prensa “Defensa de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental en México” convocada por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a una semana de la intervención de la PGR en el albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán. Allí había 600 personas, 438 de ellas menores de edad en condiciones insalubres y con denuncias de malos tratos, privación de libertad y abuso sexual.
[contextly_sidebar id=”vyiu4JeCqOrvexhoatxLaGawlq7XO76L”]En cuanto a la atención infantil en instituciones públicas y privadas, la ONU recomienda erradicar cualquiera que albergue a más de 80 menores, al argumentar que no se puede gestionar adecuadamente. En México no sólo no se cumple esta medida, sino que el Estado sólo destina menos del 2% de su presupuesto a la protección de la infancia.
La presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, subrayó que el Estado “no puede estar ausente en la supervisión” y se mostró “obligada” a revisar cómo se están llevando a cabo las políticas públicas en la materia.
Por su parte, la diputada Verónica Juárez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez en el Congreso, señaló que el caso de La Gran Familia demuestra que “el Estado ha incumplido en su responsabilidad constitucional de velar y garantizar los derechos de las niñas y niños.”
El artículo 40 de la Constitución mexicana reza textualmente que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del Interés Superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos”.
Cabe destacar que en la conferencia de prensa del sábado 19 de julio en el albergue La Gran Familia, la alcaldesa de Zamora, Rosa Hilda Abascal, reconoció que hace un mes ella misma acompañó a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a entregar un apoyo de medio millón de pesos a la directora del orfanato, Rosa Verduzco. El mismo ayuntamiento de Zamora le entregaba un apoyo mensual de 14 mil pesos y la Comisión de Fomento a OSC reporta que entre 2009 y 2013 recibió 820 mil 286 pesos por parte de la Secretaría de Educación Pública y de Desarrollo Social.
Ante estos hechos, la diputada perredista se comprometió, desde la comisión que preside, a impulsar la Ley General de Garantías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que deberá contar con un sistema integral de garantías y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y dependencias que se ocupan de la infancia.
¿A dónde irán los niños de La Gran Familia?
Ramírez alertó que hay que vigilar también bajo qué criterios se están reubicando a los niños que sacaron de La Gran Familia para que se ajuste al interés superior de los menores, porque recordó el caso de una niña de otro orfanato de Guanajuato a quien sacaron “de un lugar malo para ir a otro peor”.
De momento el DIF nacional ha movilizado a cerca de 150 niños que habitaban La Gran Familia a sus dependencias de Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México y el Distrito Federal. Los otros 300, de origen michoacano, siguen en las instalaciones del albergue bajo la supervisión del DIF de Michoacán.
El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, señaló ayer en Zamora que hay dos espacios que cumplen con las especificaciones para albergar a por lo menos 200 de los niños que ahí quedan. Uno de ellos estaría en Morelia y el otro en Zamora. Sin embargo, señaló que aún resta analizar otros aspectos para determinar si son aptos para albergar a los menores.
A la capital mexicana llegaron 57 niños el domingo pasado, pero la propia CDHDF no ha registrado dónde ni cómo están. La presidenta de la Comisión tampoco supo responder a la pregunta de cuántas instituciones funcionan en la ciudad, pese a que insistió que la función del Estado “no es sólo generar las leyes, no sólo dar las atribuciones; es estar ahí de manera constante”.
Responsabilidad penal
Respecto a los procesos penales que se deriven de las denuncias de malos tratos, abuso sexual y privación de libertad en el albergue La Gran Familia, Perla Gómez señaló que “lo importante es que haya un debido proceso, que se lleve a cabo todo lo que se tenga que agotar, pero sí que se vaya manejando no sólo el enfoque de las omisiones que pudieron haber llevado las personas particulares que llevaron este servicio, sino también las omisiones que pudieron haber tenido autoridades que tienen que supervisar y verificar las condiciones.”
De momento, seis empleados de La Gran Familia están imputados y ahora se encuentran recluidos en un penal de Nayarit, acusados de abuso sexual, malos tratos y privación de la libertad. A su directora, Rosa Verduzco, y otros dos colaboradores, la PGR desestimó acusarlos.
Por su parte, la diputada Juárez dijo que aunque la actuación de la PGR responde a delitos de orden federal “hay delitos también del fuero común, y en mi opinión la señora Rosa Verduzco es responsable de muchos de ellos, pero también junto con la autoridad, y tenemos también que deslindar responsabilidades a la autoridad, que ha sido la principalmente omisa”.
Margarita Griesbach, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de Infancia A.C., agregó que “las buenas intenciones no eximen o colocan a nadie por encima de la ley”.
Para concluir, Juárez aseguró que citarán a comparecer al Congreso a la directora del DIF nacional, Laura Vargas Carrillo.
