Feminicidio en Tláhuac evidencia falta de protocolos de PGJDF

Niza Fernanda Aldama Garrido salió el jueves 17 de julio a las 8 de la noche al gimnasio, como de costumbre. De su unidad habitacional en la delegación Tláhuac, a donde iba a hacer deporte, apenas tenía que cruzar la calle y caminar media cuadra. Nunca llegó. A las diez de la noche un hombre habló del celular de Fernanda al de su compañero de casa y le pidió 700 mil pesos para liberar a la joven y que no hablase a la policía. El muchacho buscó a lo tíos de Fernanda, quiénes se hicieron cargo de ella desde su niñez, y decidieron ir a denunciar al ministerio público. El padre de Niza Fernanda también había recibido la misma extorsión del celular de su hija.

Les remitieron a la Fiscalía para la Atención del Delito de Secuestro, más conocida como Fuerza Antisecuestro. Allí les delegaron con tres agentes, uno de ellos negociador, quién les recomendó esperar a que volvieran a llamar por segunda vez. La segunda llamada tampoco llegó.

Pilar Garrido, la tía de Niza Fernanda, movió hilos por su cuenta y consiguió que un empleado de Telcel le pasara el sábado los datos para geolocalizar el teléfono de Fernanda, que había vuelto a agarrar señal después del jueves. Le mandó la clave al negociador por mensaje de celular y este le contestó: “No se puede, acuérdate que la manera de hacer que regrese ella es llegar a un arreglo con quienes la tienen” (sic).

El lunes en la mañana una patrulla encontró el cuerpo de la joven en un baldío de La Conchita, en el pueblo de Zapotitlán, en Tláhuac, cercano a uno de los Canales de Chalco. La habían pintado con impermeabilizante –supuestamente para borrar huellas- y traía la soga con la que murió estrangulada y una bolsa de plástico de un supermercado que le pusieron en la cabeza. La necropsia confirma que murió por asfixia fruto del estrangulamiento.

Pero además presentaba golpes y heridas en la cara y en el cuerpo, recurrentes desprendimientos de piel, en especial debajo de los senos y en el pubis, y moretones en brazos y piernas.

“Tenía el miedo estampado en el rostro”, recuerda conmocionada su tía, Pilar Garrido, que pudo ver el cadáver ya en el Servicio Forense.

Todos los rasgos indican que sufrió una violación, pero la familia no sabe siquiera si le hicieron la prueba, en la autopsia no viene, y ellos no han tenido acceso al expediente. Tampoco pudieron ver los vídeos de las cámaras de seguridad que hay en el recorrido que Niza Fernanda debería haber hecho de su casa al gimnasio, aún cuando los pidieron. Los vecinos de La Conchita, donde apareció sin vida, justo se manifestaron un día después de su hallazgo, el 22 de julio, ante la explanada delegacional para exigir más seguridad. Reportan asaltos, levantones, violaciones y secuestros. Igualmente señalan que dos de las cuatro cámaras de seguridad de la colonia, no funcionan.

La hija de Pilar Garrido, que habla de Niza Fernanda como su hermana mayor, recuerda que uno de los investigadores de la Procuraduría de Justicia del DF les dijo que ya sabían de “una bola de pendejos que secuestraban ahí”.

A través de su contacto en Telcel, la familia ha sabido que el teléfono de Fernanda se movió de donde vivía a Zapotitlán, donde todavía hicieron una llamada. Luego regresó a las mismas coordenadas donde vivía la joven y otra vez vuelve a la zona donde apareció el cuerpo para regresar a una ubicación cercana a casa de la muchacha, lo que les hace pensar que viven cerca de la joven.

Desde la Fuerza Antisecuestro, en cambio, todavía no han analizado esos movimientos. “Yo siento que la policía no está haciendo nada, pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, quiero justicia, por ella, y por las dos hijas que dejó”, asevera Garrido.

Niza Fernanda era madre soltera de dos niñas, una de 4 años y otra de uno y dos meses. Cuando los secuestradores hablaron al compañero de casa de Niza Fernanda le dijeron que si no pagaba irían por las niñas. Ante la amenaza, Garrido pidió protección policial, pero se la negaron.

La PGJDF tiene un Protocolo para la Búsqueda Inmediata de Niñas y Mujeres Extraviadas o Ausentes, en riesgo de ser víctimas de delito y en especial de violencia sexual, que contempla activar una búsqueda de emergencia en las primeras 48 horas que se interpone la denuncia de desaparición. Sin embargo, la Fuerza Antisecuestro no lo tomó como tal y no activó los mecanismos.

“Nos decían que tienen que seguir protocolos, esperar la segunda llamada o 48 horas, ¡si yo hubiera querido esperar 48 horas llamo a Locatel! No estaba desaparecida, sino secuestrada. No se me hace que si yo le di los elementos no la busquen”, espeta impotente Garrido.

Para Claudia Cruz, defensora de los derechos de las mujeres, que se acercó a la familia, estamos ante un “claro caso de feminicidio y las autoridades deben actuar como tal”.

México ha ratificado tratados internacionales de género como la Convención Belém do Pará y la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obligan al Estado mexicano a un combate frontal y mayor prevención ante la violencia de género. Sin embargo cada tres horas y cuarenta y cinco minutos hay un feminicidio en el país. Así lo revela el estudio Violencia Feminicida en México publicado en 2013 por Inmujeres, ONU-Mujeres y la Cámara de Diputados. Además según este informe los asesinatos contra mujeres se dan con mucha más saña, uno de cada cinco presenta métodos brutales como el ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento o inmersión.

En cualquier caso, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ya regañó en noviembre pasado a la Procuraduría capitalina por la inexistencia de protocolos para la investigación y atención a las desapariciones de personas, así como por el inadecuado manejo de la información para los familiares, a raíz del caso Heaven, en el que raptaron a 13 jóvenes que finalmente aparecieron muertos. Si además tenemos en cuenta que el delito de secuestro se ha mutiplicado por seis en los últimos siete años, la capacidad de reacción debería ser expedita.

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