Después de dos años de haberlo suspendido, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) finalmente inició un procedimiento de responsabilidad por probables vínculos con la delincuencia organizada contra el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, a quien le hallaron casi 3 millones de pesos que no reportó en sus declaraciones patrimoniales.
Aclaró que la decisión implica reiterar la suspensión del servidor público, por lo que no podrá gozar de sueldo alguno.
Los órganos de vigilancia interna del CJF detectaron que Luna Altamirano, quien se encontraba suspendido desde mayo de 2012, realizó movimientos bancarios inusuales por casi tres millones de pesos, algunos de ellos en dólares, “los cuales no se vieron reflejados en sus declaraciones patrimoniales”.
Estas acciones, por su característica, entran en el supuesto de alto riesgo, toda vez que el dólar americano no es una moneda de curso legal en territorio nacional “y gran parte de las operaciones con la misma, pudieran estar asociadas con la delincuencia organizada”, aseveró.
El órgano de control del Poder Judicial de la Federación detalló que en lo que respecta a los familiares del magistrado Luna Altamirano, “se detectaron depósitos y/o abonos por casi dos millones de pesos, cuyo origen se desconoce”.
“Dentro de las posibles conductas irregulares, se encuentra la del abandono de la residencia del Tribunal Unitario al que estaba adscrito, por realizar múltiples viajes a países de Centro y Sudamérica, entre ellos Colombia, lo cual contraviene normas legales”, abundó.
El CJF indicó que además se encontraron inconsistencias en el trámite y la resolución de diversos asuntos tramitados en el Tribunal Unitario al que estaba adscrito Luna Altamirano.
Esas inconsistencias “denotarían falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en la substanciación y resolución de diversas tocas penales y juicios de amparo de su conocimiento, al conceder ventajas indebidas a alguna de las partes, así como actos irregulares en los mismos”.
El CJF insistió en que todo ello demuestra que Luna Altamirano, en su función de magistrado, “probablemente actuó contra el texto de la ley, contra jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra constancias y contra sus propias determinaciones”.
Notimex*
