[contextly_sidebar id=”2982a8a21e9d87d3685a1b2d98985443″]Las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado concluyeron en lo general la discusión del cuarto y último dictamen de reformas a leyes secundarias en materia energética.
El último documento tiene relación con los organismos reguladores y de vigilancia industrial y ambiental del sector.
En el marco de la sesión permanente que realizan las comisiones se concluyó el debate en lo general e inició en lo particular de este último de los cuatro dictámenes, que incluye el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
Asimismo el proyecto por la que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El senador del PRI, Miguel Angel Chico Herrera, expuso que “la conformación de una nueva arquitectura institucional del sector energético tiene alcances trascendentes para fortalecer la seguridad energética del país, aumentar la competencia en el sector y la competitividad de las empresas productivas del Estado”.
Por su parte, el senador del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, destacó que “los nuevos órganos deberán de hacer públicas sus decisiones, hacer públicas las actas, las sesiones y sistematizar los criterios administrativos en que basen sus decisiones”.
Dolores Padierna Luna, senadora del PRD, cuestionó los alcances de estos nuevos entes y apuntó que “la gran conclusión es que estos organismos tendrá un enorme poder sobre el desarrollo del sector que en varios asuntos superará a la Secretaría de Energía”.
Entre los temas más cuestionados de este nuevo marco legal se encuentra la facultad que se atribuye a los órganos reguladores a promover actos jurídicos para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública en predios donde se desarrollen actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
En este sentido, el senador del PRD, Zoé Robledo indicó que “esta disposición abre la puerta a la expropiación de terrenos por supuesta utilidad pública y abre la puerta a afectaciones a reservas de la biosfera”.
Entre otros órganos reguladores destaca la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que estará encargada de licitar y suscribir contratos de exploración y extracción exploración superficial, extracción de hidrocarburos, integración al sistema de transporte y almacenamiento.
Además se prevé crear la Comisión Reguladora de Energía, la cual tendrá en sus atribuciones el tema del expendio al público de petróleo, gas natural, bioenergéticos, generación de electricidad, transmisión y distribución eléctrica y comercialización de electricidad.
La nueva Comisión Reguladora de Energía tendrá a su vez la encomienda de fomentar el desarrollo de la industria, promoverá la competencia, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y la prestación de los servicios.
Se contempla la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, que podrá ordenar medidas como clausura temporal, total o parcialmente las obras, instalaciones o sistemas, además de imponer multas de entre 75 mil a 225 mil veces el salario mínimo cuando se restrinja el acceso a los inspectores y verificadores.
Comisiones del Senado, por concluir la discusión energética
Las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera, comenzaron este jueves la discusión del proyecto de dictamen que expide la Ley para la creación y operación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía.
La propuesta de los presidentes de esas Comisiones es concluir este día con la discusión en lo general y en lo particular de este dictamen, con lo que se daría por terminado el debate energético en estos órganos legislativos y sólo faltaría la votación, que podría realizarse en una nueva reunión convocada para el lunes 14 de julio.
El proyecto por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética es el último de los cuatro que integran el paquete que contiene la legislación reglamentaria de la reforma energética promulgada en diciembre pasado.
En Comisiones Unidas ya se declaró suficientemente discutido en lo general y en lo particular otros tres dictámenes que contienen las iniciativas para crear la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica y las leyes de Petróleos Mexicano y de la Comisión Federal de Electricidad.
Según el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, en los cuatro proyectos se realizaron casi 300 cambios en comparación con las iniciativas enviadas por el presidente, Enrique Peña Nieto.
En el cuarto y último dictamen que se discute este jueves se establecen las bases de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía.
La modificación principal consiste en la adición de un capítulo para combatir actos de corrupción al interior de éstos órganos.
“Los nuevos artículos prevén que los actos y actividades de los órganos reguladores coordinados en materia energética estarán sujetos a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. En este mismo sentido, se precisa que los órganos reguladores deberán contar con un órgano de control que tendrá en su adscripción las áreas de Responsabilidades, Quejas, y Auditoría, en términos de la legislación vigente”, cita el proyecto.
Según lo establecido en ese capítulo, tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía deberán imponer y ejecutar sanciones cuando ocurran actos de corrupción.
Otras de sus obligación serían “expedir el código de conducta al que deberían sujetarse los servidores públicos adscritos” y establecer disposiciones y políticas para prevenir, identificar, subsanar y sancionar actos u omisiones irregulares, ilícitos o negligentes.
Propiedad estatal de Pemex y CFE tensa debate en Senado
El artículo 2 de la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que establece que éstas “son empresas productivas del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal” provocó división entre los senadores que discuten la legislación secundaria en materia energética.
Según los argumentos de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que presentaron diversas reservas a ese artículo, el gobierno federal “no puede ser propietario exclusivo de absolutamente ningún bien de la nación”, pues el Ejecutivo y las instancias de gobierno son “empleados de la Nación, no propietarios”.
El artículo 2 de ambas leyes también establece que tanto Pemex como CFE contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios y autonomía técnica, operativa y de gestión.
“El gobierno federal no puede ser propietario exclusivo de absolutamente ningún bien de la nación. Hay que recordar que el gobierno federal se deposita en un poder unipersonal, que es el titular del Ejecutivo Federal; y planteada en sus términos esta redacción, implica convertir a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, en las empresas del Presidente de la República”, dijo el senador perredista, Alejandro Encinas.
Este miércoles, en Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera, se discutió en lo particular el tercer dictamen de los cuatro que integran el paquete legislativo en materia energética con el que se pretende hacer operativa la apertura del sector a la iniciativa privada.
En la discusión, los perredistas Fernando Mayans, Dolores Padierna, Zoé Robledo, Rabindranath Salazar, Fidel Demédicis, Alejandro Encinas, Isidro Pedraza, Luis Sánchez, Adán Augusto López y Benjamin Robles presentaron más de 250 reservas al proyecto de dictamen, en el que se repitió la propuesta de modificar el artículo 2 para que este se leyera así:
“Petróleos Mexicanos/ La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva de la Nación (…)”, pero no se aceptó la modificación.
“Es una maña para que un grupito encabezado por (Enrique) Peña Nieto se apropie de la propiedad de la nación”, dijo la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna.
Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) defendieron la redacción y se dijeron en contra de hacer cambios.
“El artículo 25 constitucional es claro. El control de las empresas es del gobierno porque las empresas no son los insumos, es el órgano mediante el cuál buscamos exponenciar esos recursos”, dijo el panista Raúl Gracia.
Al inicio de esta reunión de Comisiones Unidas, el presidente de la Comisión de Energía, el priista, David Penchyna, se reservó ese mismo artículo 2 para proponer modificaciones, pero finalmente la retiró.
Según el priista, retiró su reserva tras darse cuenta que en el artículo 25 constitucional, párrafo cuatro, queda claro por qué la propiedad debe quedar en manos del gobierno federal.
“¿Por qué se recurrió a la propiedad en manos del Gobierno federal?, porque en términos reales y hablando de empresas, será el gobierno federal quien a través de su empresa pública productiva de Estado realice todos los actos jurídicos en nombre y a cuenta del Estado y de la nación, que son conceptos de carácter más genérico, con un contenido político más fuerte (…) para efectos legales subsecuentes, debe establecerse que esa propiedad está en manos del Gobierno federal como representante del Estado y de la nación mexicana”, explicó Penchyna.
De las 250 reservas presentadas este miércoles, sólo se aceptaron a discusión las del senador perredista Benjamin Robles, que propuso modificaciones a los artículos 1, 2, 15, 36, 38, 57, 59, 71, 72, 73 y 97.
El senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, reservó todo el dictamen, pues como ocurrió con los dos anteriores, la estrategia de los panistas es tener la posibilidad de hacer modificaciones a los cuatro documentos del paquete energético en caso de ser necesario. Al filo de las 22:00 horas se declaró suficientemente discutido en lo particular este proyecto.
En esta sesión permanente de Comisiones Unidas es la primera vez que se discuten las reservas de alguno de los tres dictámenes que han entrado a debate; pues en el de la Ley de Hidrocarburos y en el de la Ley de la Industria Eléctrica y Energía Geotérmica, el PRD se ausentó de la discusión en lo particular.
Alistan discusión del cuarto y último dictamen
Las Comisiones Unidas reanudarán los trabajos este jueves a las 15:30 para realizar la discusión en lo general y en lo particular del cuarto dictamen del paquete energético que contiene las iniciativas para expedir la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
David Penchyna explicó que la idea es concluir este jueves con la discusión del paquete para convocar para el siguiente lunes 14 de julio a las 10:00 a.m. e iniciar el proceso de votación en lo general y en lo particular de los cuatro dictámenes; pues según el acuerdo para desarrollar el debate, los proyectos se votarán juntos tras declararlos suficientemente discutidos.
En este último dictamen se establecen las bases de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
En comparación con el proyecto que entregó el Ejecutivo Federal, se crea un capítulo para combatir actos de corrupción al interior de éstos órganos.
“Los nuevos artículos prevén que los actos y actividades de los órganos reguladores coordinados en materia energética estarán sujetos a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. En este mismo sentido, se precisa que los órganos reguladores deberán contar con un órgano de control que tendrá en su adscripción las áreas de Responsabilidades, Quejas, y Auditoría, en términos de la legislación vigente”, cita el proyecto de Comisiones Unidas.
Según lo establecido en ese capítulo, tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía deberán imponer y ejecutar sanciones cuando ocurran actos de corrupción.
Otras de sus obligación serían “expedir el código de conducta al que deberían sujetarse los servidores públicos adscritos” y establecer disposiciones y políticas para prevenir, identificar, subsanar y sancionar actos u omisiones irregulares, ilícitos o negligentes.
En las Comisiones Unidas del Senado en las que se discute el paquete energético para pasarlo al Pleno, el PRI tiene mayoría con 8 legisladores, seguido por el PAN con 6, el PRD con 4, y el PVEM y el PT con 1 senador, cada uno.
Aquí puedes leer el cuarto dictamen de la legislación secundaria en materia energética:
