[contextly_sidebar id=”Zot9S41MiiZXvxVDmFJL1Nm5mTzbrXc4″]El Consejo General Instituto Nacional Electoral concluyó que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como otros funcionarios, violaron la Constitución en 2012 al asistir a un acto a favor del entonces candidato, Enrique Peña Nieto, durante el proceso electoral. Sin embargo, el INE resolvió que el Congreso de Veracruz sea quien determine el castigo para el mandatario, ya que consideró que el Congreso federal no tienen armas sólidas para actuar con claridad en casos como estos.
Los consejeros recriminaron al Congreso de la Unión el haber omitido reglamentar el Artículo 134 constitucional, que exige a los gobernantes y funcionarios actuar con equidad e imparcialidad en los procesos electorales, según reportó Reforma.
Anteriormente, la autoridad electoral había declarado infundada la acusación. Sin embargo, el 16 de julio pasado, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó imponer una sanción a Duarte, ya que resolvió que el gobernador violó la ley, por lo que modificaron su resolución.
Con ello, los consejeros declararon fundando el procedimiento especial sancionador contra Duarte de Ochoa, que impulsan los partidos PAN y PRD y dieron vista al Congreso local para que, en su caso, decida las sanciones correspondientes.
Los consejeros rechazaron dar vista del caso al Congreso federal como lo propuso el consejero Javier Santiago, quien consideró que la conducta del mandatario local fue grave y dar vista al Congreso estatal “es insuficiente”.
“La conducta del gobernador jurídicamente es grave al violar la Constitución; violó el Artículo 134 de la Constitución Federal y esta conducta es grave”, señaló.
La propuesta del consejero Santiago Castillo derivó en tres rondas de discusión en las que sus homólogos plantearon sus posiciones en contra e incluso el consejero Enrique Andrade propuso no dar vista al Congreso local, al considerar que se trataba de una falta menor.
El consejero electoral Benito Nacif indicó: “me inclino a favor del proyecto, en los términos en los que lo propone la Secretaría Ejecutiva, de mantener simplemente la vista a la legislatura del estado, porque el Tribunal no nos está pidiendo en este punto que nos apartemos de nuestros propios precedentes”.
Lo anterior, en acatamiento a una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien revocó la resolución del otrora Instituto Federal Electoral (IFE) en la que declaró infundada la queja contra el mandatario priista.
Inconformes con esa resolución, el PAN y el PRD presentaron una queja ante el Tribunal, quien finalmente ordenó al INE emitir una nueva resolución “considerando responsables a los servidores públicos denunciados que acudieron al evento proselitista”.
Ello, debido a que, además de Duarte de Ochoa, acudieron al evento proselitista el subsecretario de Finanzas y Planeación, Gabriel Deantes Ramos; el otrora diputado local, Jorge Alejandro Carvallo Delfin y Francisco Javier Muñoz Ruiz, coordinador de asesores de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el estado.
El tribunal solicitó al INE que “con plena libertad se imponga la sanción procedente que conforme a derecho corresponda” y “decidir lo procedente respecto de la culpa in vigilando que se le atribuye a los partidos denunciados, esto es al PRI y al Verde Ecologista de México, integrantes de la entonces Coalición “Compromiso por México”.
Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova urgió a revisar el tema por tratarse de un debate de alcance nacional que dará mucho de qué hablar en el futuro, pues requiere “no solamente una larga discusión, sino una acción legislativa importante”.
La consejera Pamela San Martín se mostró extrañada con la sentencia del Tribunal, dado que “nos mandata sancionar, cuando específicamente en el caso de los servidores públicos esta autoridad no tiene algún sustento legal para sancionar”.
Refirió que la sanción, en su caso, la impondrá la autoridad a la que se le da vista, “precisamente porque el motivo de la vista es para la imposición de la sanción correspondiente”.
Con información de Notimex y Reforma.
