Otro reportero asesinado: Van 79 homicidios contra periodistas desde 2000

 Foto: Diario El Buen Tono

Foto: Diario El Buen Tono

Octavio Rojas Hernández llegó a su casa este lunes 11 de agosto después de asistir a un evento del municipio de Cosolapa, Oaxaca, donde trabajaba de jefe de prensa, y se disponía a comer con su familia cuando un hombre llegó a preguntar interesado en comprarle su automóvil. Rojas salió de su domicilio y le dispararon al menos cuatro balazos. Eran apenas las dos de la tarde.

Rojas tenía 35 años y combinaba su trabajo en el Ayuntamiento con una corresponsalía para el diario El Buen Tono, editado en Córdoba, Veracruz. Cosolapa es el municipio más septentrional de Oaxaca, limítrofe con Veracruz, a poco más de 50 kilómetros de Córdoba y forma parte de la misma región de la Cuenca del Papaloapan que los municipios jarochos de Tezonapa y Omealca.

Cosolapa está en la ruta del migrante y bajo control del grupo criminal Los Zetas, por lo que sus colaboraciones eran casi siempre de nota policíaca ya que ¬–a decir del jefe de información de El Buen Tono, Miguel Ángel Contreras– es una región “muy caliente”.

El sábado 9 de agosto, El Buen Tono publicó la última nota de Rojas, sin firmar, sobre el aseguramiento de 16 mil litros de combustible robado de los ductos a Pemex en tres camionetas propiedad del director de la Policía municipal de Cosolapa, Fermín Vanegas, por parte del Ejército y la Policía Estatal. Es la última de una serie de notas sobre los “chupaductos”, como el periódico llamaba a los asaltantes de combustible y que un día antes reportaba la huida del mismo jefe de la Policía ante las averiguaciones previas en su contra. Rojas no firmaba sus notas , pero era el único corresponsal del diario en el municipio y en las últimas tres semanas había escrito cosas como “No hay ley en Cosolapa” o “en un nuevo acto de prepotencia y abuso de autoridad, y sin orden judicial de por medio, elementos de la Policía municipal dirigidos por el director Fermín Vanegas Hernández…”

Para el jefe de información de El Buen Tono, el asesinato tendría que ver directamente con esta notas y exige que la pesquisa policial considere esta línea de investigación. “Para nosotros, la familia e inclusive fuentes del ayuntamiento creen que es a causa de las notas. La Procuraduría debe profundizar por ahí, que se investigue bien y que se llegue a las últimas consecuencias”, declara Contreras.

“Hasta ahora la información preliminar nos indica que su asesinato podría estar relacionado con su información y por tanto es un ataque a la libertad de expresión”, ratifica Darío Ramírez, director de Artículo 19, la organización que vela por los derechos de los periodistas. Y exigen que la Procuraduría de Oaxaca y Veracruz, por la colindancia, trabajen de manera coordinada en buscar a los responsables.

Lo único que dijeron los vecinos y la familia es que por el sonido de los disparos el atacante traía un arma de grueso calibre y que salió huyendo a bordo de una camioneta Chevrolet verde. Cuando Miguel Ángel Contreras, jefe de información del periódico El Buen Tono, llegó el lunes a las 5 de la tarde junto a un redactor y un fotógrafo, los halcones –como se les llama a los informantes del crimen organizado– empezaron a aparecer. Les tomaron fotos a los tres y a las placas de su vehículo.

“Ahí está controlado por los Zetas y tanto funcionarios como la misma policía están implicados. Nosotros como diario muchas veces preferimos no manejar algunas cosas para proteger a los reporteros”, explica Contreras.

A un día y medio del asesinato de Rojas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) no se ha pronunciado pública ni directamente. Al periódico sólo habló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Octavio Rojas es el periodista número 79 asesinado desde el año 2000 donde hay indicios que su homicidio puede estar relacionado con su actividad profesional, según los conteos de Artículo 19. El anterior fue hace apenas dos semanas en Zacatecas. El 29 de julio asesinaron al reportero y camarógrafo de Canal 9, Nolberto Herrera Rodríguez, en la capital zacatecana.

Del 1 de enero de 2007 al primer semestre de 2014, Artículo 19 ha recopilado por lo menos 139 agresiones a la prensa de Oaxaca, que la ubican como una de las tres entidades mexicanas con más agresiones a la prensa en siete años. Del total de agresiones, 75 ataques físicos, 27 amenazas, 13 actos de intimidación y seis detenciones arbitrarias, por mencionar algunas. En 58% de los casos, los presuntos responsables de las agresiones son funcionarios públicos. Desde el 2000 han matado a seis reporteros.

En Veracruz han asesinado a 10 periodistas en los tres años que lleva el gobierno de Javier Duarte y se han documentado 198 agresiones a periodistas y medios. De ese total, 85 son ataques físicos, mientras que 46% de los casos, se presume que servidores públicos son los responsables de las agresiones; en 21 casos los responsables son integrantes de organizaciones sociales o sindicatos.

Solo en cuatro casos de los 79, la justica ha encontrado presuntos responsables. “Mientras persistan las señales de impunidad seguirán asesinado, desapareciendo, amenazando o agrediendo periodistas. En 2010 se creó la Fiscalía para los delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República para que fuera esta quién atrajera los casos y no quedaran en procuradurías estatales, que pudieran estar viciadas. Sin embargo cuatro años después no hay resultados.

“La FEADLE ni siquiera se ha pronunciado y eso es parte de la simulación y del proceso de silenciamiento a las agresiones contra los periodistas. La PGR no está cumpliendo con su de capacidad de atracción, que es un mandato y estamos en el mismo lugar que hace cinco años”, espeta Ramírez.

Agresiones al diario Buen Tono

En el diario saben bien de qué se trata vivir bajo tensión. Esta es, al menos, la cuarta agresión que reciben. En 2011 hombres armados entraron en las oficinas, las rociaron de gasolina y les prendieron fuego. En los videos de las cámaras de seguridad aparecen los responsables del incendio pero la Procuraduría de Justicia de Veracruz no ha consignado a nadie. Tampoco la PGR ha atraído su caso.

Desde entonces varios de sus reporteros reciben amenazas. “Sí es peligroso hacer periodismo aquí, todo esta zona está bajo control de los criminales y si no, sufres agresiones de la misma Secretaría de Seguridad Pública. Hay zonas donde no se puede hablar, a veces nos limitamos porque los mismos reporteros nos dicen vamos a esperar a qué indicaciones nos dan ellos (los criminales) aunque uno que más quisiera que sacar la información”, cuenta Contreras.

En otra ocasión, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado intentaron sustraer a su jefa de información. Desde El Buen Tono lo han denunciado de diferentes maneras. Después de la presentación del Tercer Informe de Gobierno del gobernador, Javier Duarte, el diario publicó su portada en blanco en protesta.Este espacio lo habíamos destinado para publicar el tercer informe del Gobernador, pero como lo que informó no coincide con la realidad que vivimos los veracruzanos, decidimos no publicarle nada”, publicaron o en su edición del sábado 16 de octubre.

En el último año se implementó del Mando Único Policial y desde El Buen Tono aseguran que al menos la ciudad de Córdoba está tranquila porque “los delincuentes se fueron a las orillas”. Pero su línea crítica no solo les ha costado la supervivencia física, también la económica. El gobierno del Estado no les pone publicidad, tampoco el municipio de Córdoba, con la mengua de recursos que esto supone.

Para Ramírez, “el asesinato de Octavio Rojas es un triste recordatorio del latente peligro que corren quienes hacen periodismo en México. Si queremos una prensa libre y segura, lo primero que debemos de hacer es combatir la más lacerante señal de aliento para futuras agresiones: la impunidad”.

Mientras tanto, Rojas dejó esposa y dos hijos pequeños que seguirán cruzando a diario el umbral de la casa donde asesinaron a su padre.

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