[contextly_sidebar id=”mLixdfmFVe8M8IQYMlMF81xWiglvzHwh”]–Ustedes no se preocupen, ellos trabajan aquí y les andan cuidando, solo se identifican a qué vienen y ya– dice un militar, sin atreverse a voltear a ver a los dos hombres que manejan una vieja camioneta de trabajo donde dos niños viajan parados en la redila.
El militar, chaleco antibalas en el pecho, va acompañado de otros dos soldados y tres policías estatales en una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Forman parte del Operativo Seguridad Mexiquense, implementado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría estatal de Seguridad Ciudadana el pasado abril para resguardar la entidad. La zona sur, colindante con Guerrero y Michoacán, la Tierra Caliente mexiquense, también es conocida como el Triángulo de la Brecha, por estar llena de caminos de cosecha que facilitan el paso de la delincuencia organizada de una entidad a otra sin pisar carreteras federales. Y ya cuenta también con presencia de la Secretaría de Marina.
Su expresión podría no tener nada de raro en otra circunstancia, pero aquí el militar es la autoridad y con los que pide que nos identifiquemos son halcones, es decir informantes de grupos del crimen organizado. Y esos halcones nos han seguido descaradamente quince kilómetros desde que nos paramos a hacer unas fotos a la puerta de un rancho que lucía un cartel de asegurado por la Subprocuraduría de Investigaciones en Delincuencia Organizada, SIEDO, ahora SEIDO.
Pese a los operativos, parece que la expresión no tiene nada de raro en el sur del Estado de México dónde nos encontramos. “Te van a preguntar de dónde vienes, qué haces aquí. Diles que vienes a visitar a un pariente que vive en San Pedro”, le aconsejó un transportista a un reportero de la Agencia Associated Press que también visitó la zona semanas antes. Y ahora es el propio Ejército, quién dice que no hay que preocuparse, que nada más nos identifiquemos si nos detienen los criminales. “Nosotros las acompañaríamos pero tenemos que regresar a la Base, allí en la sierra”, añade cínicamente el militar.
Al presentar el operativo Seguridad Mexiquense el gobernador Eruviel Ávila detalló que se habían instalado 43 Bases de Operación Mixta en todo el Estado, en donde se repartieron 1100 elementos del Ejército Mexicano, 1900 policías federales y 300 marinos que se sumaban a los policías estatales y otros agentes de la Procuraduría de Justicia del estado. Fruto de su presencia, en esta zona el 30 de junio murieron 22 presuntos criminales en un supuesto enfrentamiento con militares. De la Secretaría de Defensa, solo un soldado resultó herido.
Estamos apenas a un par de kilómetros de la bodega donde se dio ese enfrentamiento. El 20 de julio, se registró otra trifulca en Tlatlaya, esta vez entre presuntos integrantes de dos grupos delictivos rivales, en el cual un hombre perdió la vida y cuatro más resultaron heridos.
“La cosa es que ahora Tlatlaya es foco rojo, entonces vigilan a todo fuereño que viene”, explica un vecino. Los que nos vigilan son parte del grupo Guerreros Unidos, una facción del Cártel Nueva Generación de Jalisco que le está arrebatando el control de la zona a La Familia.
–Pero si vienen con alguien de aquí y lo dicen, no hay falla–asegura el mismo vecino.
–¿Y si no viniéramos con nadie?
–Ah, entonces si es peligroso. Si quieren, las desaparecen rapidito.
–Entonces, ¿no se puede hacer periodismo en la zona?
–¿Tú quieres ser héroe? Si quieres ser héroe y morir como mártir…
Cualquier pregunta de más sobra. No solo pone en riesgo a los periodistas sino a quién se atreva a contestarlas. Por eso nadie habla, y si lo hace no da el nombre ni la cara. El asesinato del hijo del fundador de la radio de Luvianos, a 63 kilómetros de Tlatlaya y a más de una hora de camino debido al mal estado de la carretera de montaña que las une, fue segundo ataque mortal contra profesionales de la información en menos de una semana en México. El 29 de julio en Zacatecas apuñalaron al reportero del Canal 9 de la televisión local Nolberto Herrera Rodríguez. El zacatecano fue el cuarto periodista asesinado en 2014 en el país.
México sigue siendo uno de los países más difíciles para ejercer el periodismo en América. Solo de 2010 a 2013 la organización Artículo 19, que vela por la libertad de expresión documentó 31 periodistas asesinados.
“He leído lo que sucedió, estamos dándole facilidades al compañero de ustedes, el Procurador tiene instrucciones precisas de estar permanentemente en contacto con él”, afirmó ayer ante los medios el Secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur, respecto al asesinato del hijo de Indalecio Benítez, fundador de la Radio Comunitaria de Luvianos, Calentana Mexiquense.
Efectivamente, cuatro días después del asesinato, la Procuraduría del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana empezaron a reaccionar ante la inseguridad de la familia. Ayer jueves 7, después del revuelo mediático ocasionado por el homicidio de Juan Diego Benítez, de 12 años, Manzur se comprometió además a actuar en toda la región: “Sin ninguna duda se va a reforzar la seguridad en el sur del estado, va a determinarse el próximo lunes en una reunión”, expresó. Y agregó que “va a haber un plan integral con autoridades de los tres estados”, refiriéndose al Estado de México, Michoacán y Guerrero.
“Nada más, se pasan la bolita entre unos y otros”, critica una periodista toluqueña. Mientras Mazur hacía esas declaraciones, la Procuraduría de Justicia de Guerrero informó que habían hallado los cadáveres de cinco hombres con heridas de bala en una gasolinera de la carretera San José Poliutla-San Miguel Totolapan, a cincuenta y tantos kilómetros de Tlatlaya, en la misma región de Tierra Caliente.
