Un grupo de padres de la escuela que recibirá a niño acusado de bullying tampoco lo quiere

Cerca de 40 de padres y madres de la escuela que recibirá al niño expulsado de la primaria José María Mata por acoso escolar protestaron el viernes 22 de agosto contra ello. El caso pone en evidencia la falta de un sistema de protección a la infancia integral en México, único país de América que no lo tiene.

Un grupo de padres de la escuela que recibirá a niño acusado de bullying tampoco lo quiere
Foto: Cuartoscuro.
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El viernes 22 de agosto, los alumnos fueron a clase como de costumbre a las 8 de la mañana, pero unos 40 padres y madres no se separaban de la puerta de la escuela. Platicaban entre ellos y se quedaron haciendo guardia más de media hora. Querían ver si llegaba el niño de 10 años acusado de acoso escolar en la escuela José Maria Mata, a quien un centenar de padres de sus compañeros no dejaron entrar el miércoles 20 de agosto y que ahora será reubicado en la escuela donde esperaban atentos los padres.

Después del incidente del miércoles, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la madre de Diego autorizaron el cambio. Según la Administración Federal de Servicios Educativos en la capital mexicana, el niño ya está recibiendo atención psicológica y supervisión de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), pero deberá incorporarse a quinto de primaria en otro plantel de la misma delegación Benito Juárez. Aunque no se recibe todavía la comunicación oficial de la reubicación, algunos padres, que escucharon el nombre de su escuela en los medios, detonaron las alertas. Le pidieron a la directora que lo evitara. Y el viernes se quedaron más de media hora para protestar y evitar que el menor entrara si hubiera llegado.

“Aquí no lo queremos, da pena por el niño, pero tampoco se vale que le haga algo a nuestras niños”, explicaba una madre cuya hija cursa cuarto. “Si lo meten aquí, sacamos a nuestros hijos”, amenazaban un grupo de dos madres y un padre. “Esta es una escuela tranquila y vamos a permitir que se rompa la convivencia” señalaba otra. “¿Qué haría usted si fueran sus hijos los que estuvieran en peligro?”, inquirían.

Esos padres y la escuela están victimizando al niño ahora. Al criminalizar al agresor, que es un menor, lo vuelves víctima porque le impidas que pueda mejorar y conformarse como persona adulta”, explica Fernanda López Portillo, Directora de Incidencia en Políticas Públicas y Participación de World Vision, organización internacional dedicada a la infancia. “Hay una situación generalizada de violencia. ¿Dónde está nuestro modelo para generar las condiciones de tener una educación de resilencia, participativa, que incida? El sistema educativo es una responsabilidad pública y no tiene mecanismos para actuar ante estas situaciones”, agrega.

México no cuenta con un diagnóstico sobre el acoso escolar. Organizaciones sociales han hecho diferentes estudios aislados sobre el asunto con cifras muy dispares. No toda la violencia que se da en las escuelas es acoso o bullying. Una pelea aislada no puede considerarse como tal. El acoso es una agresión repetida y continuada contra un mismo niño en una situación de poder desigual y en la que participan al menos tres personas. El agresor, el agredido y quienes lo ven y callan. Sin embargo, en México no hay siquiera una definición consensuada.

A finales de julio, la SEP anunció el Programa a Favor de Convivencia Escolar (PACE) que se aplicará en las escuelas de tiempo completo a los alumnos de tercero de primaria de todo el país. Su base es el Marco de Convivencia Escolar, un protocolo de actuación para prevenir, evitar y erradicar casos de violencia escolar, que implementó en 2012 la Secretaría de Educación Pública en la capital mexicana. Este protocolo, al que se deben apegar los reglamentos de cada escuela, estipula sanciones para los diferentes grados de violencia en las instituciones educativas. Estipula 59 faltas que aumentan desde apostar y participar en juegos de azar, burlas, daño a las instalaciones hasta lesiones con armas.

Para casos de violencia física o agresión sexual, como los que se le atribuyen a Diego, el niño de 10 años, recién expulsado de la escuela José María Mata, el Marco de Convivencia recomienda primero, la reunión entre el profesorado, la familia del menor agresor y personal de los Servicios de Apoyo Educativo. Luego estipula la suspensión continua del menor agresor en la escuela entre 3 y 5 días, y hasta 10 en las secundarias, con actividades dirigidas y supervisadas por personal de los Servicios de Apoyo Educativo. Posteriormente invita a los padres de familia o tutor a que lleven a su hijo a atención psicológica y que presenten las valoraciones psicológicas y los avances. La escuela deberá identificar los factores que pudieran obstaculizar el aprendizaje y participación del menor para implementar el apoyo necesario. Entre las últimas opciones que contempla el Marco es el traslado de escuela y las denuncias a la Secretaría de Seguridad Pública. Pero siempre se mantiene que las diferentes medidas “no condicionen la presencia del alumno en la escuela”.

Pero cualquier menor de 12 años es inimputable. José del Tronco, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), subraya que ante la violencia escolar “el enfoque punitivo no es el adecuado. La forma más efectiva para prevenir la violencia es la activa participación de todos como sociedad”, es decir, alumnos, alumnas, padres, madres y autoridades escolares.

Para Nasheli Ramírez, directora de Riririki Intervención Social, organización que vela por los derechos de la infancia, el caso de Diego, “evidencia el fracaso del marco de convivencia”. “El problema del marco es que es básicamente disciplinario y no basta, la escuela por si sola tendría que enseñar a estar juntos, porque de por sí forma parte de su currículum oculto, que es la educación en la ciudadanía”. Ante casos extremos donde la escuela se vea rebasada, las OSC proponen “un sistema de protección y garantías que no existe en México”.

México es el único país de América Latina que no tiene una institución de protección a la infancia. Hasta marzo tampoco lo tenía Chile, pero en marzo se oficializó el Consejo Nacional de la Infancia que incorpora el trabajo coordinado de los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Justicia, Educación y el Servicio Nacional de la Mujer.

Aunque sus homólogos en México trabajan áreas que tocan la infancia están desconectados entre sí. La Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, regula el ámbito escolar y Desarrollo Integral de la Familia se ocupa de los niños sin cuidado parental o en casos de abusos. Pero como se pregunta Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia, “¿quién protege a los niños de sus propios padres? ¿quién protege a los niños ricos?”. No hay una institución que atienda únicamente los niños y genere políticas públicas para ellos. Y es ante ello que saltan las actitudes violentas de los padres y la directora del plantel José María Mata, contra Diego.

Ahora cualquiera va a convertirse en dictaminador ante los conflictos escolares, vamos a crear una estigmatización de cualquier niño y los padres van a salir a impedirle el paso a cada escuela”, alerta Ramírez quién subraya que “los casos extremos son los mínimos”.

La próxima primaria a la que ingrese Diego será la cuarta escuela a la que asista. La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas reconoce la educación como un derecho fundamental de los niños. En la presentación del libro Los Derechos Humanos explicados a niños y adolescentes, de Luis de la Barreda, el Titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF, Luis Ignacio Sánchez Gómez, reconoció que hace dos años que su institución tiene conocimiento de denuncias de padres y escuelas sobre el comportamiento de Diego y que se le ha ofrecido terapia al niño pero que ha asistido interrumpidamente.

“Deberíamos tener un sistema de protección integral que pusiera a disposición una serie de apoyos a los niños con alta vulnerabilidad como atención psicológica, pero no sólo en horarios de 8 a 4 como ahora, a los que las madres y padres no siempre se pueden adaptar, con refuerzo y programas integrales. Porque, por ejemplo, en el caso de Diego, su mamá tal vez no pueda llevarlo a terapia, pero sí está, el que no está es el Estado”, critica Ramírez.

El centro de Estudios CIDAC aboga por resolver el problema del bullyinga través de la creación de capacidades, no con una legislación ambigua que obligue a las escuelas a tener políticas contra el acoso escolar” y propone las siguientes medidas para establecer programas anti-acoso escolar:

• Comunicar a padres de familia, alumnos y maestros qué es el acoso escolar y qué lo distingue de otro tipo de agresiones.
• Crear un sistema para que estudiantes, maestros y padres de familia puedan denunciar estas agresiones.
• Crear reglas y consecuencias claras para los que participen o apoyen este comportamiento.
• Capacitar a maestros, directivos y otros trabajadores en las escuelas para reconocer los casos de acoso escolar y ejecutar medidas para prevenirlo y detenerlo.
• Involucrar a maestros, padres de familia y estudiantes en cualquier tipo de esfuerzo o campaña contra el acoso escolar.
• Brindar apoyo a las víctimas del acoso escolar para que puedan superar su experiencia negativa.
• Brindar asesoramiento a los ofensores para cambiar sus malas actitudes y comportamientos.
• Monitorear, evaluar y replantear de manera constante las medidas tomadas contra el acoso escolar.

Al término del Foro Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar desde un Enfoque de Derechos Humanos, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, dio cuenta de las graves dificultades que están enfrentando las comunidades educativas, las instituciones y la sociedad en su conjunto para atender el problema de la violencia escolar y enfatizó la necesidad de hacerlo desde una perspectiva integral que ponga en el centro los derechos humanos de las personas involucradas.

Mientras tanto, Diego deberá incorporarse a clases en los próximos días.

**Nota publicada el 25 de agosto de 2014.

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