El Tribunal Constitucional ha dejado este lunes 29 de septiembre en suspenso la consulta convocada por la Generalitat para el 9 de noviembre. El pleno del tribunal admitió a trámite los dos recursos presentados esta misma mañana por la Abogacía del Estado, tanto el que solicitaba la suspensión de la convocatoria como la Ley de Consultas en la que se apoya, aprobada el 19 de septiembre por el Parlament.
[contextly_sidebar id=”MtWNdqK7jCwMGpiaEz6XLyowg4rK3NR3″]Los magistrados del Constitucional acordaron la admisión a trámite de los recursos, lo que implica la suspensión inmediata de las decisiones acordadas por el Gobierno autonómico, de acuerdo a la Ley Orgánica que regula las competencias del Tribunal Constitucional. El presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, convocó a los magistrados apenas una hora después de que la Abogacía del Estado presentara el recurso y la impugnación de la Ley y la convocatoria, respectivamente. Los doce magistrados estuvieron reunidos alrededor de 90 minutos.
Los magistrados tienen a partir de ahora cinco meses para dictar un fallo, pero fuentes próximas al Tribunal Constitucional prevén que no agotarán el plazo y antes del 9 de noviembre habrá una sentencia. Como ya ocurriera con la anulación de la declaración soberanista del Parlament, se espera un fallo unánime en contra de la Ley de Consultas, independientemente de la adscripción ideológica de cada magistrado.
Expertos constitucionalistas observan un claro fraude en varios aspectos de la Ley. En este sentido, recuerdan el fallo en 2008 sobre la convocatoria de una consulta dentro del Plan Ibarretxe. El Constitucional dijo entonces que el término “consulta” escondía la voluntad de organizar un referéndum y que la capacidad para hacerlo es competencia exclusiva del Estado.
Las mismas fuentes señalan los votos particulares del Consejo de Garantías Estatutarias, que dio el visto bueno a la Ley de Consultas por cinco votos a favor y cuatro en contra. Los miembros nombrados a propuesta de CiU y ERC votaron afirmativamente y en contra, los de PSC, PP e ICV. Especialmente significativo fue el de este último, el prestigioso constitucionalista Marc Carrillo, teniendo en cuenta que ICV es uno de los partidos del Parlament que apoya la celebración del 9N.
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