En manos de La Haya, casos de tortura y desaparición forzada en Baja California

La Corte Penal Internacional recibió un informe que incluye los casos de 95 víctimas. Organizaciones civiles denuncian que son una muestra de que entre 2006 y 2012 en ese estado se cometieron crímenes de lesa humanidad

En manos de La Haya, casos de tortura y desaparición forzada en Baja California
Foto: Cuartoscuro. Cuartoscuro.
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Militares o policías detienen a una persona sin orden judicial, la trasladan a una instalación militar y la torturan, se niega su paradero a familiares y amigos, no se le presenta ante una autoridad judicial ni se le permite ver a un abogado.

Luego, es obligada a firmar confesiones, se les planta droga y armas y, en muchos casos, se presenta ante la prensa como responsable de un delito.

Organizaciones civiles documentan en una denuncia presentada este viernes 12 de septiembre ante la Corte Penal Internacional que ese es el modo de operar de cuerpos policiales y militares en el estado mexicano de Baja California y que entre 2006 y 2012, gracias a esas “técnicas de investigación”, se cometieron crímenes de lesa humanidad.

“Las instituciones de seguridad del Estado (militares y cuerpos federales, estatales y municipales de policía) han cometido crímenes graves, en particular torturas y desapariciones forzadas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático y por realizarse como parte de una política criminal que se evidencia por el uso de patrones definidos y el carácter organizado de las actuaciones”, cita el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH).

El documento, que las organizaciones llevaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional —con sede en La Haya, Países Bajos—, incluye 30 casos con 95 víctimas de crímenes de asesinato, tortura, privación grave de la libertad y desaparición forzada.

Todas las víctimas son civiles que, según los registros de los defensores de derechos humanos, son detenidos sin orden judicial y torturados para ser acusados falsamente de tener algún vínculo con organizaciones del narcotráfico.

“Estos civiles son presa de operativos en los que se les detiene (…) en esas cacerías, los civiles susceptibles de ser presentados como miembros o colaboradores de los cárteles son objetivo claro y no víctimas azarosas ni colaterales de las acciones del Estado”.

En la versión pública del informe se reserva el nombre de las víctimas y sus testimonios para su protección.

Los 30 casos —ocurridos entre 2006 y 2012— muestran que las técnicas de tortura consisten en golpes mientras la víctima tiene una bolsa en la cabeza, ahogamientos con agua, choques eléctricos, tortura sexual, amenazas de muerte y otro tipo de violencia psicológica como escenificación de fusilamiento o amenaza de tortura a hijos o familiares.

Pero además de los testimonios, las organizaciones presentaron como pruebas las cifras de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California sobre las denuncias de tortura y desaparición forzada que en 2008 eran 26 y cuatro años después esa cifra aumentó a 110.

Asimismo, se hace hincapié en que otros organismos como Human Rights Watch y el relator de las Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, han alertado sobre el uso de la tortura en México como práctica sistemática para obtener confesiones.

Según las organizaciones que entregaron el informe, la solicitud es una consecuencia “a la falta de respuesta de las autoridades mexicanas” pues no hay información sobre las investigaciones penales abiertas para llevar ante la justicia a los presuntos responsables de estos crímenes, además de que conforme aumentaban las denuncias de que militares y policías cometían actos de tortura, las autoridades tanto estatales como federales hicieron caso omiso y se limitaron a llamarlos “hechos aislados”.

“En la estrategia de la “guerra contra la delincuencia organizada” no se tomaron las debidas precauciones normativas y prácticas para evitar que la población civil fuera objeto de asesinatos y otros graves crímenes. Más grave aún es el hecho de que estas conductas no fueron ni han sido cabalmente investigadas y sancionadas. Por el contrario, existió una práctica sistemática por parte de los más altos funcionarios del Ejecutivo Federal, incluido el Presidente y los altos mandos del Ejército, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública de negar estos hechos, restarles importancia, ponerlos en duda o de considerarlos ‘incidentes aislados’”.

El periodo que abarca el informe es de 2006 a 2012, es decir, el sexenio del presidente Felipe Calderón, quien implementó en el país la Estrategia Nacional de Seguridad que consistió en un combate frontal a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Calderón ordenó que militares se hicieran cargo de la seguridad pública en entidades —entre ellas Baja California— con actividad de grupos del narcotráfico.

“Como resultado, actualmente se calculan en más de 50 mil los efectivos entre militares y miembros de la Armada que participan en estas actividades. El uso del Ejército no estuvo precedido de una declaratoria de Estado de emergencia, única forma constitucional por medio del cual pueden ser limitados ciertos derechos y libertades fundamentales y tampoco fue acompañado de la creación de un marco legal adecuado que delimitara las funciones de las fuerzas federales en esta estrategia”, denuncian las organizaciones civiles.

En 2011, Felipe Calderón y su gabinete de seguridad fueron demandados ante la Corte Penal Internacional por ser responsables de una “crisis humanitaria” en México.

En ese entonces, mexicanos presentaron una demanda con 470 casos de presuntos abusos y violaciones a derechos humanos en manos de fuerzas armadas cometidos desde diciembre de 2006 y responsabilizaron tanto a Calderón como a los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; y de la Marina Armada de México, Francisco Saynez.

El proceso para emitir un fallo por esa demanda continúa y ahora se suma la petición de organizaciones civiles para analizar los crímenes cometidos en Baja California entre 2006 y 2012.

México ratificó en 2005 el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional; está vigente desde enero de 2006, por lo que, desde entonces, el tribunal internacional puede investigar crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio cometidos en el país o por mexicanos en cualquier lugar del mundo.

Aquí puedes ver el informe presentado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH):

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