El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, señaló que está dispuesto a que investiguen sus propiedades en alusión a la polémica que desató la existencia de una represa en un rancho propiedad de la familia del mandatario estatal.
[contextly_sidebar id=”Cl6TsU0szbfiEZwfzUZUg7zwNpmfB54p”]En entrevista con el programa “Por la mañana” de Radio Fórmula, Padrés acusó que al gobierno federal no le gustó que “alzara la voz” y que fue la denuncia que presentó contra los funcionarios de la Profepa lo que causó más polémica.
“No les gustó que alzara la voz, me piden una investigación en mis propiedades, pues yo no tengo ningún problema, yo creo que se debe dar adelante cualquier investigación yo voy a seguir adelante que nos ayuden aquí en Sonora, la verdad estamos pasando por un momento muy difícil”.
Guillermo Padrés dio a conocer que mañana, 12 de septiembre, se reunirá alrededor de las 12 horas con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para tratar el tema de la contingencia generada por la contaminación del río Sonora.
El mandatario estatal indicó que este viernes tendrá un encuentro con el funcionario federal, a fin de restablecer la coordinación institucional para remediar los daños ocasionados a raíz del derrame de 40 mil metros cúbicos de tóxicos al afluente.
En un comunicado de prensa, señaló que luego del llamado que hizo al presidente Enrique Peña Nieto, solicitándole el apoyo para enfrentar la crisis humanitaria que enfrentan los residentes del río Sonora, se acordó esta reunión institucional.
“Lo importante en este momento es atender a la gente del río Sonora, no es tiempo de estar litigando en los medios de comunicación; vamos tomándonos de la mano, no sólo para enfrentar la remediación, sino para abrir un frente común contra el principal responsable, que es Grupo México”, dijo.
Ayer, 10 de septiembre, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, dio a conocer los detalles de la investigación que sigue la dependencia respecto a la presa de Padrés.
Korenfeld afirmó que la dependencia llevará a cabo “una visita de inspección conforme lo dispone la ley de aguas nacionales, su reglamento y de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo. Derivado de la inspección, se le pedirá a los propietarios que nos entreguen información. Quiero ser muy claro, la Conagua actúa en apego a la ley, sin importar quiénes sean los propietarios, sean personas físicas o morales”.
La investigación determinará si la presa cuenta con las concesiones o permisos correspondientes, primordialmente al tratarse de zona federal y bienes del Estado. Procedimiento que se replicará con los pozos incluidos en la investigación.
Korenfeld aseguró que “en el caso que las obras construidas no cuenten con los permisos, concesiones o afecten a terceros, y/o representen un posible riesgo a la población, se procederá a ordenar lo que establece la Ley de Aguas Nacionales; que va primero la clausura, segundo la liberación del recurso de agua hacia los usuarios que debidamente tienen el derecho y, en el caso que no se cuenten con los permisos, se ordenará la demolición de la presa”, a lo que se sumarán las sanciones y procedimientos previstos en la ley, de ser el caso.
El funcionario afirmó que estas acciones no corresponden a un asunto político, sino a preservar uno de los bienes más importantes tutelados que tiene el Estado mexicano.
La misma tarde de ayer, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, afirmó que la facultad de nombrar a los delegados de Conagua, Profepa y Semarnat en las entidades son facultad exclusiva del Presidente, por lo que rechazó el desconocimiento que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, hizo el martes contra dichos delegados en la entidad.
El 9 de septiembre, Padrés, señaló que el ya no consideraba como interlocutores a los delegados de Profepa, Semarnat ni Conagua, dependencias con las que debería tratar el tema.
Después de solicitar la renuncia de los delegados federales de Conagua, Semarnat y Profepa del Comité de Operación de Emergencias, el gobernador Guillermo Padrés Elías pidió además, el miércoles 10 de septiembre, la ayuda directa del presidente Enrique Peña Nieto para atender la “crítica situación”.
El 6 de agosto pasado, una falla estructural en una presa de lixiviados, propiedad de la minera Buena Vista del Cobre del Grupo México, ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre y otros metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora.
Esa situación ha afectado a más de 22 mil habitantes de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, cuyo principal sustento son las actividades agropecuarias que se mantienen paralizadas.
*Con información de Radio Fórmula y Notimex.
