La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el lunes la apelación de 10 personas que trataron de demandar al expresidente mexicano Ernesto Zedillo por su responsabilidad parcial e intento de encubrir la masacre cometida en Acteal, Chiapas, en 1997.
Según la agencia de noticias AP, el máximo tribunal no dio una razón para negarse a admitir el caso.
En 2013 un juez federal en Connecticut también desestimó la demanda y en 2014 la Corte de Apelaciones del 2do Circuito en Nueva York hizo lo mismo, con el fundamento en que Zedillo tiene inmunidad como exjefe de Estado.
Los demandantes afirman que son sobrevivientes de la masacre de 45 personas en el poblado de Acteal, en Chiapas, perpetrada por paramilitares presuntamente vinculados con el gobierno. Las víctimas dijeron que Zedillo, presidente de 1994 a 2000, sabía de las acciones paramilitares en Acteal, las encubrió y violó las leyes internacionales sobre derechos humanos.
[contextly_sidebar id=”SKUeo36GbMgwhsjTw2A3dHCEW6KjRnsy”]La demanda se interpuso originalmente en Connecticut, donde Zedillo imparte cátedra en la Universidad de Yale, y el exmandatario ha calificado las acusaciones como infundadas y difamatorias.
“La Corte Suprema finalmente puso fin a esta frívola demanda”, dijo el abogado de Zedillo, Jonathan M. Freiman, en un correo electrónico enviado a The Associated Press. “El señor Zedillo prestó servicio a su país con ‘un inmenso valor y visión’, como alguna vez dijo el presidente (Bill) Clinton”.
En 2012, los miembros del grupo Las Abejas de Acteal, formado por sobrevivientes de la masacre, afirmaron no conocer a las 10 personas que interpusieron la demanda en Estados Unidos, quienes aseguran ser sobrevivientes, pero que jamás han revelado sus identidades.
La masacre ocurrió durante un conflicto que inició tres años antes, cuando el movimiento zapatista se levantó en armas con el fin de exigir más derechos para los indígenas de Chiapas. Paramilitares supuestamente aliados con el gobierno entraron en Acteal y atacaron a activistas católicos que simpatizaban con los zapatistas, lo que dejó 45 muertos, entre ellos bebés de apenas dos meses de edad.
La demanda señala que el gobierno zedillista finalizó las pláticas de paz con los zapatistas y lanzó un plan para armar y entrenar a milicias locales para combatirlos. Tras los asesinatos, Zedillo tachó de criminales a los paramilitares.
Los abogados de los demandantes, Edward Guedes y Roger Kobert, también alegaron que una recomendación del Departamento de Estado que respaldaba el alegato de inmunidad de Zedillo se fundamentaba en una carta ilegal y no autorizada remitida por el embajador mexicano en Estados Unidos.
“Es una vergüenza que la doctrina de inmunidad soberana… haya evolucionado al punto que los tribunales de este país se creen incapaces de siquiera poner en entredicho la legitimidad de cualquier mención que el Departamento de Estado hace de la doctrina”, dijo Guedes el lunes.
Acteal es una comunidad de la etnia Tzotzil que en esa época estaba bajo asedio de grupos paramilitares que combatían a la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), según organizaciones de derechos humanos.
Las autoridades responsabilizaron a 84 personas de la masacre, de las cuales 58 fueron encarceladas. La mayoría, 36, fueron liberadas y a otras 22 se les inició un nuevo proceso porque la detención de todos se fincó en pruebas falsas, según estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Apenas en febrero de 2012, la Corte ordenó liberar inmediatamente a siete personas acusadas de haber participado en esta masacre. Los ministros precisaron que para dictarles la sentencia condenatoria se tomaron en cuenta pruebas ilícitas, lo que vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso.
Otros probables responsables nunca fueron aprehendidos. Los funcionarios de los gobiernos local y federal acusados por el EZLN y organizaciones civiles de propiciar la masacre, jamás fueron inculpados.
Con información de AP.
