La Procuraduría General de la República (PGR) acusará por homicidio a tres militares que participaron en los hechos de Tlatlaya, Estado de México. Por primera vez, elementos del Ejército serían juzgados por la vía civil y no por la militar.
En conferencia de prensa, el procurador Jesús Murillo Karam explicó que después de realizar pruebas periciales, diligencias e interrogatorios, “nos queda claro que hubo un enfrentamiento entre personal militar y un grupo de delincuentes que se encontraban en la bodega” (de Tlatlaya, Estado de México), el cual duró entre 8 y 10 minutos. Sin embargo, “al cesar los disparos ingresaron a la bodega tres militares y realizaron una secuencia nueva de disparos sin justificación alguna”.
[contextly_sidebar id=”ppdaVxkswrzhYH6l8X9p5upTLBDpNnjk”]Murillo Karam informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) independientemente está siguiendo un proceso militar por desacato, las fallas a la ley militar, indisciplina y desobediencia contra los ocho militares acusados por estar involucrados en los hechos de Tlatlaya.
Los ocho militares ya estaban detenidos en la Prisión adscrita a la Primera Región Militar, en el Campo Militar No. 1-A, del Distrito Federal.
Mañana la PGR presentará una acusación y solicitud de orden de aprehensión para que se les juzgue a tres militares por homicidio.
“Con lo que tenemos podemos determinar el “exceso de la fuerza” y la tipificación del delito de homicidio”, explicó el procurador.
Apenas en abril de este año, el Senado aprobó una reforma para limitar el fuero de los integrantes de las Fuerzas Armadas para que la justicia civil sea quien juzgue a los militares si las víctimas del delito son ciudadanos. Después, la Cámara de Diputados también aprobó la reforma al Código de Justicia Militar.
Ahora con la reforma, el artículo 57 de este código dice:
“Los delitos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en tiempo de guerra, territorio declarado en ley marcial, o cualquiera de los supuestos previstos en la Constitución, corresponderán a la jurisdicción militar siempre y cuando el sujeto pasivo no tenga la condición de civil”.
La reforma aprobada se logró ocho años después desde que organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), y organizaciones civiles exigieran que se acotara el fuero militar.El caso fundamental para lograrlo fue el fallo de la Corte sobre el caso de Rosendo Radilla, desaparecido por un grupo de soldados en 1974.
El caso Tlatlaya
De acuerdo con las declaraciones de una testigo –identificada como Julia- a la revista Esquire México, el 30 de junio elementos del Ejército mexicano ejecutaron a 21 jóvenes en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
La versión que proporcionó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante estos hechos fue distinta: que 22 presuntos delincuentes fueron abatidos en dicha bodega en un supuesto enfrentamiento.
En un comunicado de prensa emitido el mismo día de los hechos, la Sedena informó que “los delincuentes” atacaron a los militares que patrullaban la zona, hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército los mataron a todos.
La versión de Julia (quien pidió omitir su nombre verdadero) es distinta. Ella aseguró a Esquire México que fueron los soldados quienes dispararon primero, luego los presuntos delincuentes respondieron y sólo uno de los jóvenes murió durante el enfrentamiento. SegúnJulia, los demás se rindieron. En las horas siguientes, declaró la testigo, los soldados interrogaron a los 21 sobrevivientes y luego los asesinaron: “Los paraban así en hilera y los mataban”.
La revista destaca que la versión oficial de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido durante el enfrentamiento, pero Julia aseguró que dos resultaron lesionados y que posteriormente fueron “rematados” por los soldados.
*Nota publicada el 30 de septiembre de 2014.
