Familiares de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 y 27 de septiembre acusaron al gobierno Federal y de Guerrero de obstaculizar la integración del equipo de antropólogos forenses argentinos a las investigaciones que se llevan a cabo en Iguala.
Desde el lunes, peritos argentinos se encuentran recabando pruebas de ADN de los familiares de los jóvenes desaparecidos; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR) han obstaculizado su labor, pues no se les ha permitido que accedan al análisis de los cuerpos hallados en fosas clandestinas de Iguala para descartar que se traten de los normalistas.
[contextly_sidebar id=”hSrRWKZhDEjhThurIix0MxbtnC8LzLFm”]En conferencia de prensa, Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, expresó su desconfianza en las investigaciones oficiales, toda vez que “el gobierno está coludido”, pues quienes atentaron contra los jóvenes “no fueron narcos, fue la policía”. Por ello exigieron a los dos niveles de gobierno, federal y estatal, que otorguen las facilidades necesarias al equipo extranjero.
Omar García, integrante del comité ejecutivo estudiantil de la normal de Ayotzinapa y sobreviviente del ataque, aseguró que las acciones llevadas a cabo hasta el momento por parte del gobierno federal y estatal es una “pantomima de búsqueda” y que a 13 días de la desaparición “no estamos para jueguitos”.
De acuerdo con la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Maribel González, aunque la PGR atrajo la investigación del caso no hay claridad sobre su intervención en la búsqueda y resguardo de las pruebas periciales, pues la procuraduría estatal aún está investigando. Incluso, ambas autoridades realizan por separado las mismas diligencias, como la toma de muestras de ADN de los familiares.
Insistió en que el gobierno federal pretende desviar la atención al señalar como responsables a miembros del crimen organizado; sin embargo, se trata de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas por autoridades municipales y, por tanto, el Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad.
En tanto, Amnistía Internacional (AI) capítulo México, solicitó las medidas de protección para los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, toda vez que han sido hostigados en los últimos días por personas que se presentan en sus casas y dan información falsa sobre la localización de los jóvenes.
Perseo Quiroz, director de AI en nuestro país, pidió que el presidente Enrique Peña Nieto acelere la investigación sobre lo ocurrido y que no sean “solo declaraciones”. Además, que el Estado Mexicano repare el daño a las víctimas y garantice la “no repetición”.
Agresión militar
Según Omar García, tras la segunda agresión, ocurrida en la madrugada del 27 de septiembre, se presentaron militares pero no para auxiliarlos, sino para detenerlos por el supuesto delito de allanamiento de morada.
García relató que los militares los amagaron y les quitaron sus celulares y en algún momento intentaron subirlos a los vehículos oficiales, pero desistieron al ver la gravedad de Edgar Andrés Vargas, que minutos antes había recibido un impacto de bala en la cara.
“Les dijimos que nos ayudaran a llevar al compañero al hospital, que en cualquier guerra se atiende a los heridos, aunque esta no era una guerra”, dijo Omar. Sin embargo, los uniformados ignoraron la petición y en cambio se burlaron de lo ocurrido.
