La Procuraduría de Justicia Militar ya amplió sus investigaciones en el caso de los 13 militares procesados por el caso Tlatlaya y ahora indaga a por lo menos tres altos mandos por su participación o encubrimiento de los hechos, quienes presuntamente avalaron los primeros reportes en los que sólo se mencionaba que había habido un enfrentamiento entre soldados y presuntos criminales.
Según información oficial, esta procuraduría ya solicitó al menos tres detenciones domiciliarias, entre ellas la un general de brigada, cuyo nombre no fue difundido. La orden de arresto domiciliario se dio bajo la notificación de investigación por caso de encubrimiento y faltas militares.
La ampliación de la investigación se da luego de que 11 soldados y dos oficiales declararan por separado ante el juez sexto de distrito en materia militar que justo en el momento del enfrentamiento y posterior a éste informaron a sus superiores lo acontecido, empezando por el coronel que estaba a cargo en ese momento de la 22 zona militar.
[contextly_sidebar id=”uEFIjTxm4wXrufMmDaUiktC8jz0VStQx”]Los soldados procesados refieren que, tras informar del enfrentamiento, la orden que recibieron fue la de repeler la agresión. Y señalan que, en sus partes militares, narraron cómo se fueron dando los hechos.
Según su versión, todo lo ocurrido se le comunicó a sus superiores, quienes posteriormente difundieron en un comunicado oficial que 22 presuntos secuestradores habían sido abatidos tras un enfrentamiento.
De acuerdo con información oficial, al menos ocho testimonios refieren que el teniente a cargo de la tropa se comunicó por radio con su coronel para dar parte del ataque y la orden fue la de someter a los atacantes. Una hora después de los hechos el Coronel llegó al lugar y rindió su parte completo a sus superiores.
Funcionarios y personas cercanas al caso detallan que las declaraciones de los soldados y dos oficiales exponen que altos mandos sabían de lo ocurrido y pudieron, por tanto, haber incurrido en delitos específicos del fuero de guerra.
De confirmarse tendrían responsabilidades por encubrimiento y otras infracciones a los deberes militares.
Las investigaciones de la PGR
Por su parte, el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR) ya está por concluir sus investigaciones y se detalla que la consignación que hará ante un juez civil en materia federal podría agregar a por lo menos un militar más acusado de homicidio, es decir, serían cuatro los elementos que podrían ser procesados.
El cuarto elemento que sería acusado por la PGR de encubrimiento de homicidio sería justo el teniente que dio parte al comandante de la 22 zona militar.
De las pruebas obtenidas por el Ministerio Público Federal se detalla que los tres militares involucrados en la matanza de los 22 presuntos secuestradores utilizaron las propias armas de los agresores para quitarles la vida.
Esos resultados fueron obtenidos por las autopsias realizadas a ocho cuerpos de los 22 que murieron en Tlatlaya, en donde se puede observar que las propias armas de los presuntos secuestradores fueron utilizadas por militares para el asesinato del resto del grupo.
La versión anterior se fortaleció con las declaraciones de las tres sobrevivientes de los hechos, dos de ellas actualmente presas en un penal de Nayarit, quienes aceptaron haber formado parte de ese grupo de 22 personas.
De acuerdo con las declaraciones de una testigo –identificada como Julia- a la revista Esquire México, el 30 de junio elementos del Ejército mexicano ejecutaron a 21 jóvenes en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
La versión que proporcionó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante estos hechos fue distinta: que 22 presuntos delincuentes fueron abatidos en dicha bodega en un supuesto enfrentamiento.
