[contextly_sidebar id=”9uTepdgRhoxfWEmhytIOH7SYvt002Y62″]-¡Dónde están, hijos de su puta madre!
Escondidos en el dormitorio, Petra López y su marido Fausto Montes tratan de mover el armario ropero para atrancar la puerta que da acceso al cuarto donde el matrimonio duerme con sus dos bebés.
Son las cuatro de la mañana del 18 de octubre y la densa oscuridad aún lo envuelve todo en San Bernardino Chalchihuapan, la localidad que saltó a los titulares informativos tras la muerte de José Luis Tlehuatle, un joven de 13 años que, según concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), falleció por negligencia de los cuerpos de seguridad del estado de Puebla durante una manifestación el pasado 9 de julio.
-¡Salgan, hijos de la chingada!
Los gritos afuera de la casa se mezclan con los ladridos de los perros que vagabundean por la zona.
Petra y su marido se miran con la cara desencajada. Hace media hora que se levantaron para comenzar a trabajar en los tendederos de cáñamo que elaboran a diario, y ahora están escondidos tras el amparo de un viejo mueble, mientras unos desconocidos ahí afuera golpean la frágil puerta de su casa con un marro de acero.
Al escuchar los golpes secos, violentos, la joven indígena llora con su niña cargada en brazos. Corre por la habitación buscando el teléfono celular para pedir auxilio a su suegra, pero los nervios le impiden recordar el número.
La puerta cede rápido. Y un grupo de seis hombres vestidos de negro –uno de ellos lleva una capucha que le cubre el rostro- entra al inmueble.
-Son rateros –susurra Fausto a su esposa con la espalda pegada al ropero-. Son rateros-.
Los asaltantes corren por la casa. Registran la sala, la cocina y el patio, pero no encuentran a nadie.
-Nosotros lo oíamos todo, escondidos. Escuchamos como corrían de un lado para otro -narra la joven-. Y cuando vieron que el único cuarto que les quedaba por registrar era el dormitorio, pues empezaron a golpear la puerta hasta hacerla pedazos.
Tumbada la puerta, sólo queda el obstáculo del ropero. El tipo que sostiene el marro con ambas manos no lo duda: a pesar de los ruegos de la pareja, hunde el acero varias veces en el mueble y las astillas llueven por toda la habitación.
Las seis personas vestidas de negro se esparcen por el dormitorio.
Uno de ellos se acerca a Petra y sin mediar palabra le pone la boca de la pistola en la cabeza.
Los niños lloran.
Gritan.
-Díganme qué quieren –alza la voz Fausto en mitad de la confusión, tratando de evitar con la palma de la mano la chirriante luz de la linterna que lo lastima-. ¿Qué es lo que están buscando?
Pero ninguna de las figuras envueltas entre sombras le contesta. Sólo lo agarran del cuello, lo tiran al suelo, y lo arrastran de los talones hasta una camioneta blanca y sin placas donde lo suben y se lo llevan, no sin antes amenazar a Petra por última vez.
-Y mucho cuidado con decir algo de esto, pinche india –le advierte el tipo de la pistola, mientras se la retira de la cabeza lentamente para perderse de nuevo entre la oscuridad de la noche-.
Mónica Varela denuncia que su esposo Vicente Juárez (57 años) también fue sustraído de su casa de manera violenta y sin que nadie le presentara una orden de aprehensión. Además de Petra y Mónica, Margarita Pérez también dio testimonio a este medio de la sustracción violenta de su esposo, Florentino Tamayo.
“Chalchihuapan se siente perseguido por las autoridades; vivimos una agonía”
Son casi las seis de la tarde del viernes 21 de noviembre y ya ha pasado más de un mes desde aquella noche.
-Nadie nos dijo adónde se llevaban a mi marido, ni nos presentaron ninguna orden de aprehensión. Por eso pensábamos que se lo llevaban secuestrado. No imaginamos que eran policías –asegura Petra, que expica que a las diez de la mañana, seis horas después de que se llevaran a su esposo, le confirmaron que lo sucedido en su casa no era un secuestro, sino un operativo de la policía ministerial en el que también detuvieron de manera violenta y allanando sus domicilios a Vicente Juárez, Florentino Tamayo, Raúl Contreras y Álvaro García. A todos ellos, la Fiscalía Especial del caso Chalchihuapan los responsabiliza de delitos cometidos el 9 de julio, cuando en un desalojo violento en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco murió el niño José Luis Tlehuatle.
A estas detenciones también se suma la de seis policías estatales, y la del propio presidente auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien fue aprehendido el pasado viernes 21 de noviembre.
-La noche del 18 de octubre los policías llegaron con un salvajismo tremendo al pueblo. Rompieron puertas, ventanas, hicieron todo el desastre que pudieron, y agredieron a mujeres, personas mayores, y hasta a un niño al que golpearon porque trataba de defender a su padre –denuncia la madre del presidente auxiliar, Araceli Bautista, quien esa noche también fue encañonada por elementos de la policía ministerial-.
Ahora, Araceli está sentada en una silla en la segunda planta del modesto edificio de fachada amarilla de la presidencia auxiliar de Chalchihuapan. Desde las ventanas de la sala, que está presidida por una fotografía del pequeño José Luis, hay vistas hacia la plaza y el quiosco que están junto a la iglesia del Santo Patrono San Bernardino. Mientras que de las ventanas del otro extremo del cuarto, junto a un pequeño altar con imágenes religiosas, se puede apreciar por entre los barrotes de la ventana cómo los últimos rayos del sol todavía alcanzan a dibujar la silueta del Popocatepetl en el horizonte.
-Desde aquel 9 de julio en el que muere el pequeño José Luis el pueblo se siente perseguido. Estamos viviendo una agonía, porque no nos dejan en paz –dice Araceli con el gesto severo y cansado, luego de que una llamada telefónica la despertara horas antes, en la madrugada del viernes 21 de noviembre, para avisarla de que su hijo también había sido detenido-.
-Todos esos operativos nocturnos son parte de una política de hostigamiento por parte del Gobernador hacia Chalchihuapan. Él quiere que tengamos miedo, para así dejarlo hacer lo que quiera con el pueblo. Se ha convertido en el gran perseguidor de Chalchihuapan, pero nosotros le decimos que todo ese miedo que teníamos se ha convertido en indignación y coraje –advierte Bautista-.
En este mismo sentido se pronuncia Elia Tamayo, la madre de José Luis Tlehuatle, que en entrevista con Animal Político denuncia que es acosada por parte de las autoridades, que incluso el pasado 14 de mayo la expulsó de un congreso por los derechos de la infancia que se celebraba en la capital poblana, para que no expusiera el caso de su hijo asesinado.
-¿Pero, qué le hemos hecho nosotros al señor Gobernador? –pregunta la señora con el retrato “del estudiante” entre sus sus brazos-. Si él piensa que con todo esos operativos nos vamos a quedar agachados, le decimos que no, que ya basta de tanta represión –apunta-.
A continuación, doña Elia hace una pausa para recobrar el aliento.
Se limpia las lágrimas con el dorso de la mano y menea la cabeza para decir que no entiende nada.
No entiende cómo la policía llega al pueblo de noche para detener a seis pobladores a los que mete a la cárcel acusándolos de delitos graves como tentativa de homicidio contra más de 40 uniformados, intento de secuestro, motín, y ataques a la vía pública, mientras el responsable del operativo policiaco en el que murió su hijo, Fausto Rosas, recibe sólo una amonestación y una multa, de la que además no se sabe ni el monto, ni si ésta fue pagada por el funcionario o por la dependencia.
-Yo sólo le pido al señor Gobernador que si no va a hacer justicia por el asesinato de mi hijo, al menos que nos deje vivir tranquilos –clama Elia, que mira al techo y se seca de nuevo las lágrimas.
“Desde el operativo policiaco, la gente en Chalchihuapan se está autoprotegiendo”
Chalchihuapan vive una monotonía tensa.
Los niños siguen jugando en las calles y la gente sale hacer sus actividades como a diario. Pero en los balcones se colocan mantas con la imagen del niño José Luis ensangrentado, y en las paredes –pintadas al estilo de los anuncios de rodeos y conciertos- se llama “asesino” a Rafael Moreno Valle.
Entrar al pueblo tampoco es tarea sencilla.
Tanto en los accesos como en las salidas hay improvisados retenes hechos con pedazos de bloques, piedras, así como neumáticos que los denominados grupos de ‘vigilancia ciudadana’ –no confundir con autodefensas, pues no portan armas- queman en caso de que camionetas o coches extraños ronden por la zona.
Además, otras formas de comunicación como los chiflidos son muy frecuentes. Desde cualquier lugar –un balcón, una puerta entreabierta, una tienda- intensos sonidos alertan al resto de vecinos de la presencia de alguien extraño en la comunidad, o de la entrada de alguna patrulla.
-Desde aquel operativo del 18 de octubre, la gente en Chalchihuapan se está autoprotegiendo -asegura Carmen Xelhua, integrante de la comunidad, que apunta con el dedo un montón de piedras que forman una barricada en la curva de un calle por la que se entra y sale del pueblo-. A cada hora se avientan cohetones para que estemos atentos. Y además se colocaron alarmas por toda la comunidad para que, si vuelve a pasar lo mismo que aquella noche, podamos a salir a defendernos.
Todo, apunta Xelhua, para que las autoridades no los vuelvan a agarrar desprevenidos en caso de que realicen más operativos.
-El 9 de julio ya nos agarraron una vez distraídos. Luego hubo otra vez, el 18 de octubre, en la que estábamos todos dormidos. Pero ya no va a haber una tercera vez –concluye la joven habitante de la comunidad, que además advierte-. Y si el gobierno de Puebla quiere conocer quién es Chalchihuapan, lo va a conocer.
