José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda estuvieron 35 días escondiéndose de la justicia. Y en ese período pasaron de ser la todopoderosa “pareja imperial” de Iguala, capaz -según las autoridades- de ordenar el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 más, a convertirse en parias, en los prófugos más buscados de México.
La huida terminó la madrugada de este martes en una humilde residencia alquilada de la delegación de Iztapalapa, en el Distrito Federal.
Modesto lugar para una pareja que, según los medios mexicanos, tenía al menos 17 propiedades en Iguala, entre ellas varias joyerías y un centro comercial.
De huaraches a oro
En Iguala, una población situada a tres horas y media por carretera de Ciudad de México, todavía recuerdan la época en que José Luis Abarca vendía sombreros de palma y huaraches (sandalias).
Su fortuna cambió pronto. De la mano de su esposa -con quien, según testimonios lleva casado más de 20 años- empezó a negociar con oro.
En menos de una década se convirtió en un próspero empresario. Fue entonces que dio el salto a la política.
Su padrino fue el exsenador y secretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón, uno de los más importantes directivos del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) en el estado de Guerrero.
Lázaro Mazón le sirvió de valedor político para postularse a nombre del PRD como candidato a la Alcaldía de Iguala, la cual ganó en septiembre de 2012.
Mazón renunció recientemente a su cargo como secretario de Salud Pública de Guerrero, luego de que se conocieran sus estrechos vínculos con Abarca.
En lo que diferentes testimonios también coinciden es que, desde el primer día, María de los Ángeles Pineda cogobernó Iguala con su esposo.
Tanto, que era un secreto a voces que estaba pensando lanzarse a la alcaldía en 2015, cuando finalizara el período de su esposo.
De hecho, según conoció BBC Mundo, el discurso que María de los Ángeles Pineda pensaba pronunciar el 26 de septiembre iba a ser el lanzamiento de su campaña.
Ese fue el detonante de los hechos: según confirmaron las autoridades, cuando Abarca creyó que los normalistas iban a interrumpir el discurso de su esposa dio la orden para que fueran detenidos a como diera lugar.
“Barbarie”
Esa noche, con el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes, cambió por completo la suerte de la “pareja imperial” de Iguala, como se les denomina en medios mexicanos.
Sin embargo, Abarca y Pineda lograron mantener la farsa dos días más, mientras preparaban su fuga.
En la única entrevista que dio en esos días, a la cadena Milenio, Abarca aseguró que había pedido a la policía que no maltrataran a los jóvenes.
Luego diría que se encontraba en una fiesta, bailando.
Ese mismo fin de semana pidió una licencia de 30 días a su cargo de alcalde, según él “para no interferir en las investigaciones”. Luego solicitó a un juez un amparo para no ser detenido y se esfumó.
Aunque a Abarca se le pedía que se presentara a testimoniar por los hechos del 26 de septiembre, la orden de captura sólo se emitió casi un mes después, el 22 de octubre, cuando el procurador general, Jesús Murillo Karam, reveló en una larga rueda de prensa lo ocurrido esa noche.
Y confirmó cómo el alcalde y su esposa estaban en el centro de la barbarie cometida, tal como el mismo Murillo Karam la calificó.
Corrupción e impunidad
El de Iguala es un ejemplo de hasta qué punto han penetrado las garras del narcotráfico en algunos municipios mexicanos.
Según el procurador, Abarca Martínez y Pineda Villa trabajaban directamente con el grupo Guerreros Unidos y la mujer era la “principal operadora” de la organización criminal en Iguala.
Eso lo reafirmó este martes Jesús Zambrano -presidente del PRD cuando Abarca fue elegido- quien dijo que la mujer era “la jefa real de muchas cosas que allí se dieron”.
Dos de los hermanos de María de los Ángeles Pineda -asesinados en 2009- trabajaban para el cartel de los Beltrán Leyva, el grupo del cual se desprendió la organización Guerreros Unidos, que está detrás de la desaparición de los jóvenes.
Murillo Karam también reveló que Abarca entregaba alrededor de tres millones de pesos mensuales a los Guerreros Unidos, de los cuales al menos 600.000 pesos se destinaban como pago adicional de la nómina de la policía municipal.
La policía de la vecina Cocula también estaba a su servicio.
Más crímenes
En este último mes, las revelaciones sobre supuestos crímenes cometidos por Abarca antes de la desaparición de los jóvenes, han proliferado.
Por ejemplo, se le señala de estar detrás del secuestro y posterior asesinato de tres integrantes de una organización popular que habían participado en una marcha en su contra.
Un sobreviviente acusó al exalcalde de disparar contra el activista Arturo Hernández Cardona.
Según un testimonio ante un notario -que ha sido publicado por medios mexicanos- José Luis Abarca le dijo a Hernández “me voy a dar el gusto de matarte”. Después le disparó con una escopeta.
Es una denuncia que ha refrendado la viuda de Hernández Cardona, Sofía Lorena Mendoza Martínez, quien es concejal de Iguala.
El 30 de octubre, el secretario de Gobernación (ministro del Interior) Miguel Angel Osorio Chong, dijo que entre 2010 y 2102, el gobierno pasado abrió varias investigaciones contra el exalcalde de Iguala, pero los expedientes fueron cerrados por falta de pruebas.
Ahora, todo el mundo se desmarca de José Luis Abarca y su esposa, pero durante dos años gobernaron a su antojo la tercera ciudad de Guerrero y a sus 115.000 habitantes.
Luego del arresto de la pareja, tanto los padres de los jóvenes como dirigentes políticos han manifestado su esperanza de que con esta última pieza del rompecabezas se consiga dilucidar la suerte de los normalistas.
Porque todos los implicados en los hechos del 26 de septiembre ya han sido detenidos -incluido el capo de los Guerreros Unidos- pero los 43 estudiantes siguen sin aparecer.
**Nota publicada el 4 de noviembre.
