El Estado mexicano reiteró hoy su compromiso y responsabilidad para cumplir cabalmente con las medidas cautelares de la CIDH, así como para asegurar la atención integral a las víctimas de los hechos que resultaron en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero.
En ese sentido, representantes del Estado y de los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, concretaron el acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica que brindará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
[contextly_sidebar id=”3w70KL7SIdvnCDy6g0Drbl6do03RGlDO”]El acuerdo es resultado de distintos trabajos realizados por el Estado con la CIDH y con los representantes de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, en seguimiento a la implementación de las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014.
Igualmente, el acuerdo se da en cumplimiento de uno de los diez compromisos alcanzados el 29 de octubre de 2014 entre los beneficiarios de las medidas y el presidente Enrique Peña Nieto, dieron a conocer en un comunicado conjunto las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la PGR.
“La comisión ha acordado supervisar la creación de un Grupo Interdisciplinario de Asistencia Técnica a fin de proveer asistencia y verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los estudiantes”, indicó la CIDH en un comunicado.
La semana entrante se oficializará la suscripción de referencia del acuerdo de asistencia técnica en la que se espera la presencia del comisionado James Cavallaro, así como del secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, señalaron.
El documento fue suscrito por el embajador Emilio Rabasa, representante permanente de México ante la OEA; la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, en representación de la Procuraduría General de la República (PGR), y la subsecretaria Lía Limón, en nombre de la Secretaría de Gobernación.
Por parte de la CIDH el comisionado James Cavallaro, Relator para México; y Mario Patrón, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en representación de los beneficiarios de las medidas cautelares.
Hace dos semanas, en respuesta a la propuesta inicial ofrecida por México y las organizaciones no gubernamentales, la CIDH presentó una contrapropuesta pidiendo información sobre los “temas estructurales subyacentes”.
La CIDH explicó que cualquier apoyo técnico de su parte incluirá “medidas destinadas a resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Iguala”.
Otras intervenciones de la CIDH
José Francisco García y su esposa Patricia, y Manuel Rodríguez y Martha García, solicitaron a la CIDH la atracción del caso del incendio de la Guardería ABC, después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a los funcionarios de alto rango de cualquier responsabilidad.
Con información de Notimex.
