[contextly_sidebar id=”5nctMBmhYPM4mvqzhhnJzdpV70LRrYYX”]A pesar de que ninguno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa estuvo presente en el acto en el que el presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 medidas para fortalecer el estado de derecho, el mandatario mexicano retomó la consigna de las protestas y aseguró que el caso Ayotzinapa pone a prueba al país.
“A raíz de la tragedia de Iguala, México está nuevamente a prueba, frente a ello, los mexicanos no podemos caer en el pesimismo ni abandonar nuestra esperanza de un mejor futuro. El dolor que siente el país tampoco es justificación para recurrir a la violencia o al vandalismo, no se puede exigir justicia violando la ley, es momento de construir, no para destruir” , dijo el mandatario.
“Los lamentables hechos de Iguala han exhibido que México tiene rezagos y condiciones inaceptables por vencer. Estos hechos de violencia nos exigen redoblar los esfuerzos para lograr la vigencia plena del Estado de Derecho. Nuestro país se ha estremecido ante la crueldad y la barbarie, el grito de todos somos Ayotzinapa demuestra ese dolor colectivo. El grito de todos somos Ayotzinapa es ejemplo de que somos una nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad. El grito de todos somos Ayotzinapa es un llamado a seguir transformando a México”, agregó el presidente.
Durante el anuncio realizado desde el Palacio Nacional, el presidente aseguró que enviará una iniciativa de reforma para crear un nuevo modelo policiaco, con el que desaparecerán todas las policías municipales, que serán reemplazadas por corporaciones estatales.
“Será un cambio cualitativo pasar de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones estatales”, precisó.
Además, propuso que Tamaulipas, Jalisco Guerrero y Michoacán sean los primeros estados que integren ese modelo, que se castigue a los presidentes municipales que no entreguen el mando de las policías, así como a los gobernadores que no lo asuman.
Otro de los puntos anunciados fue la reforma constitucional que facultará al Congreso a expedir la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. El objetivo, dijo, es establecer un mecanismo para que la Federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, disuelva un Ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia.
Anunció también una estrategia de desarrollo integral para reducir la pobreza y la desigualdad en Chiapas, Guerrero y Oaxaca y señaló que, entre los principales elementos de esta estrategia, destaca la creación de tres Zonas Económicas Especiales: el Corredor Industrial Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec; Puerto Chiapas; y los municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero, como de Michoacán.
A pesar de que el anuncio se realizó tras los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, fue el último de los invitados en llegar al acto.
Entre los invitados por el presidente se encontraron el empresario Carlos Slim y su hijo Carlos Slim Jr., la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, representantes de los poderes legislativo y judicial, así como el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.
En esta ocasión, los autos de los invitados ingresaron al Zócalo capitalino y se retiraron del lugare luego de dejar a sus pasajeros, luego de que hubo polémica durante el segundo Informe presidencial, cuando los vehículos fueron estacionados en la plancha del Zócalo.
