[contextly_sidebar id=”be22YKM3boo1I4WoXM5ZMNWSLDfRwaLL”]A seis años de la Reforma Constitucional en materia Penal, sólo Yucatán, Estado de México, Chihuahua y Morelos han instrumentado en su totalidad el nuevo sistema penal acusatorio, mientras que en siete estados y el Distrito Federal ni siquiera está operando y en 20 entidades lo han hecho de manera parcial.
Así lo revela el “Reporte de hallazgos para el seguimiento y la evaluación de la implementación y operación del nuevo Sistema de Justicia Penal en México”, realizado por segundo año consecutivo por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
Aunque las entidades tienen como plazo constitucional el 18 de junio de 2016 para reformar sus sistemas de justicia, de seguir con el mismo ritmo de avance existe el riesgo de incumplimiento o que el resultado sea una implementación deficiente, sostiene el informe.
Este es uno de los puntos más preocupantes, pues “el mayor riesgo de la reforma penal es terminar teniendo viejas prácticas con nuevos nombres; lo esencial, a estas alturas, es atender los puntos críticos institucionales que garanticen que el cambio se construya sobre cimientos firmes”, concluye el documento.
Muestra de ello es que aunque entidades como el Estado de México logró implementar un nuevo sistema penal, opera de “muy deficiente” pues no están poniendo en funcionamiento medidas como las salidas alternativas restaurativas ni han cambiado sus modelos de trabajo a la oralidad, que es uno de los cambios clave en la reforma.
“Siguen trabajando como si estuvieran integrando averiguaciones previas y eso se ve en las audiencias porque tenemos a ministerios públicos que están leyendo, en lugar de hacer uso de la oralidad. Por eso no logramos ver los beneficios que debía traer este nuevo sistema de justicia”, dice en entrevista, María Novoa, directora del proyecto.
Para ser considerado como un estado en operatividad total, su nuevo sistema de justicia debe estar funcionando en todo su territorio y para todos los delitos, por lo que hasta el momento solo cuatro han cumplido con estos criterios.
La investigadora Novoa afirma que la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado por el Ejecutivo en marzo pasado abonará a una efectiva aplicación, pues este reemplaza a los 32 códigos procesales locales y al código procesal federal, con lo que logra la homologación de la procuración y la administración de justicia en el país.
Pero si bien son cambios normativos positivos, “resultan insuficientes”, toda vez que no existen planes específicamente diseñados para guiar la transición entre los códigos procesales vigentes. Además, aún falta que se armonicen leyes secundarias, tanto en el ámbito estatal como en el Federal.
También es urgente elaborar protocolos y manuales que permitan aterrizar en la gestión diaria de las instituciones los preceptos establecidos en las leyes nacionales. “Por ende, armonización normativa tanto por los Congresos como al interior de las instituciones es la tarea impostergable”, dice el informe.
¿Quién es quién en materia de justicia?
El estudio del CIDAC incluye el análisis comparativo entre las entidades de todo el país bajo cuatro criterios de avance: coordinación y flujo de información, simetría institucional, ritmos de la implementación y participación ciudadana.
Aquí tomaron en cuenta el avance eficaz de los procesos del nuevo sistema de justicia penal, aunque no hayan concluido. De ahí que, incluso, aquellos estados que ya están operando completamente lo han hecho de manera deficiente, como es el caso del Estado de México y Morelos, por lo que no figuran entre los primeros lugares del ranking.
Para evaluar a todas las entidades se elaboró un índice con la comparación de cada entidad federativa frente a ella misma respecto de los resultados obtenidos en el Reporte del año pasado, también con el resto de las entidades y contra un estándar objetivo esperado de avance (referencia respecto de un nivel de desarrollo ideal u óptimo para esta etapa de la implementación, de acuerdo a los recursos e incentivos aplicados).
Así se pudieron encontrar impactos positivos en los estados en diferentes aspectos, por ejemplo, el porcentaje de judicialización de casos atendidos por la Defensoría Pública en Nuevo León es considerablemente menor (6.3%) que el resto de las entidades, lo cual se atribuye a la organización especializada de la institución, pues cada dirección brinda servicios durante una etapa procesal específica.
Además, las unidades de Orientación y Atención Temprana y la unidad de Justicia Alternativa en Baja California muestran un impacto positivo en la determinación de asuntos logrando el descongestionamiento del sistema y un 96% de acuerdos satisfactorios.
Este es el ranking por estado:
Con base en esta misma metodología, CIDAC realizó también un ranking de las cinco instituciones federales involucradas en el proceso de reforma del sistema de justicia pena, respecto con los “condicionantes de la implementación”. Se trata de la Procuraduría General de la República (PGR), Poder Judicial de la Federación (PJF), Policía Federal (PF), Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFSP).
Para ello se estableció un estándar de 730 puntos, que se establece como la referencia realista respecto de un nivel de desarrollo óptimo.
“El estándar para las instituciones federales se definió a partir del estándar fijado para las 32 entidades federativas, en razón de que se debería esperar avance similar, debido a que el proceso de implementación formalmente comenzó al mismo tiempo, tanto en el fuero federal como local”, explica el estudio.
El Código de Procedimientos Penales publicado hace ocho meses delimita la actuación de cada uno de los implicados en el sistema de justicia: víctimas, acusados, fiscales, abogados defensores, los testigos, la policía, los peritos, el juez e incluso los medios de comunicación y el público en general.
Los policías, por ejemplo, deberán investigar con mayores técnicas profesionales y el juzgamiento de los delitos se desarrollan en distintos tipos de audiencias: la inicial en la que se verifica la legalidad de la imputación; la intermedia en la que se determina si es juicio oral o justicia alternativa; la del Juicio y debate y audiencia de sanciones.
Los encargados de aplicar de manera efectiva estas reglas, son los funcionarios públicos que deben aprender una nueva forma de hacer su trabajo. Sin embargo, hasta el momento, 59.8% del personal ha sido capacitado durante los últimos tres años, por lo que existe el reto de capacitar al 40.2% restante hasta junio de 2016.
Otro reto, dice Novoa, es la aplicación efectiva de recursos, tan sólo para 2014, la Federación destinó a los estados cinco mil millones de pesos para la implementación del Sistema de Justicia Penal, pero “sin una metodología para la asignación efectiva”, lo que debería corregirse para los próximos dos años.
Aquí puedes leer el informe completo:
