[contextly_sidebar id=”vWiqwHQO35MCV8MuK4AJGFSdlfok6YNI”]El Gobierno español sacó adelante este jueves 11 de diciembre, con el único apoyo del Grupo Popular, la ley de Seguridad Ciudadana, cuyo contenido fue rechazado por todos los grupos de la oposición, que se comprometieron a derogarla en la próxima legislatura si cuentan con la mayoría suficiente para ello.
El debate estuvo salpicado por varios incidentes. Entre ellos, la insperada intervención de la Solfónica del 15M, que, desde la tribuna de invitados, comenzó a entonar la “canción del Pueblo”, del musical Los Miserables —que habla de las libertades ciudadanas— ante la mirada atónita de Posada. El presidente del Congreso ordenó su expulsión inmediata de la tribuna.
Pero ese no fue el único altercado. Justo cuando iniciaba su intervención el portavoz de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, los diputados de este grupo protestaron desde sus escaños con la boca tapada por mordazas y las manos a la espaldas. El presidente del Congreso les pidió que se las quitaran porque en la Cámara —dijo— lo que hay que hacer “es hablar”. El grupo de Cayo Lara mantuvo su protesta. Solo después de una segunda llamada al orden, y antes de una tercera, que hubiera supuesto su expulsión del Pleno, los diputados se quitaron las mordazas y volvieron a sentarse en sus escaños.
A lo largo del debate, todos los portavoces de la oposición manifestaron su rechazo al texto que ya han bautizado como “la Ley mordaza”, cuyo dictamen fue aprobado el 25 de noviembre en la Comisión de Interior del Congreso.
Uno de los aspectos más criticados fue la decisión del Gobierno de modificar la ley de Extranjería a través del texto de la ley de Seguridad Ciudadana para dar cobertura legal a las “devoluciones en caliente” de aquellos inmigrantes que pasen a territorio español. Una decisión que solo fue defendida por el portavoz del PP, Conrado Escobar.
Los argumentos que utilizaron los portavoces de la mayoría de los grupos de la oposición para rechazar casi en su integridad la ley han sido muy similares. Pero fundamentalmente se centraron en que es una reforma “innecesaria” que “cercena las libertades ciudadanas” y que significa el regreso al antiguo Tribunal de Orden Público, el TOP franquista. Por estos motivos, todos los grupos de la Cámara se comprometieron a derogar la ley en la próxima legislatura si logran una mayoría de votos para ello.
El portavoz del PSOE, Antonio Trevín, alertó que lo que pretende el gobierno es recortar los derechos “normales” de manifestación “convirtiendo al ciudadano crítico en enemigo de la sociedad”, por lo que recomendó a Rajoy que sí lo que quiere es “acabar con las protestas”, lo que tiene que hacer es “rectificar sus medidas de recortes sociales”.
El socialista prometió al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz —que siguió el debate solo desde el banco azul—, que si retiran la ley “no haremos sangre con su decisión” y colaborarán en una nueva reforma.
Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, también se centró en denunciar que con esta ley el Gobierno lo único que pretende es “resucitar” el Tribunal de Órden Público franquista, que data de 1959, el llamado TOP, y con él, el regreso de los “grises”, la polícía de entonces. Sixto salió en defensa de sus compañeros de escaño por la protesta que han hecho, amordazados, porque con ello trataban de “manifestar gráficamente lo que ustedes van a imponer al pueblo”, les ha dicho Sixto a los diputados del PP.
Feliu-Joan Guillaumes, portavoz de CiU, acusó al gobierno de comportarse de forma “totalitaria“, con lo cual cualquier argumento que quiera esgrimir con la ley “pierde la razón”. Los nacionalistas catalanes son los únicos que no han querido comprometerse a su futura derogación, pero sí a cambiarla “de arriba a abajo profundamente”.
En nombre de UPyD, Toni Cantó, sentenció que el Gobierno “vuelven a errar el tiro” y reprochó, tanto al PP como al PSOE, la imagen que dan de “corrupción generalizada”, que, a su juicio, es lo que está motivando la indignación de la gente. “Son ustedes los que están bajo sospecha, no los ciudadanos, que están demostrando una paciencia y una madurez extraordinarias”, ha dicho. Según el diputado magenta, no se puede “ilegalizar lo que a todas luces es legal”, como son los derechos de reunión pacífica y de asilo, con sanciones “desproporcionadas” además de “ineficaces”.
El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, aseguró que las declaraciones del ministro del Interior, invitando a los que critican las devoluciones de inmigrantes en la frontera a acogerlos en su casa, demuestran “cierta derrota política” y en todo caso ignoran el ordenamiento jurídico español e internacional.
Joan Tardà, de ERC, calificó la ley de “ataque endemoniado” a las libertades de expresión, reunión y manifestación, por considerar que quedan “supeditadas” a la arbitrariedad del Ejecutivo.
A la seríe de incidentes hay que sumar la escena que nada más comenzar el debate protagonizó el diputado del Grupo Mixto, Joan Baldoví, de Compromís-Equo, que ha recibido también un regaño de Posada por colocarse el D.N.I en la boca cuando estaba aún en la tribuna de oradores.
El portavoz del PP, Conrado Escobar, defendió con énfásis la ley al recomendarles “no gritar y debatir” porque “eso es lo que se debe hacer en democracia”. El conservador ha rechazado las críticas generalizadas a la ley, que ha calificado de “vanguardista en materia de derechos y libertades”, asegurando que cuando entre en vigor “las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos”
El portavoz del PP también afirmó que, lejos de cercenar derechos, mejora la ley vigente aprobada por el PSOE siendo ministro del Interior José Luis Corcuera y que fue denominada “ley de la patada en la puerta”. Aquel artículo fue declarado inconstitucional y le costó el cargo al entonces ministro socialista.
**Nota publicada el 11 de diciembre.
