[contextly_sidebar id=”9SJy00wpwfwbMkAtyPIjIpZomtHe95L3″]-Bájese del autobús y baje la bolsa.

–¡Que se baje le digo! –el uniformado se impacienta al ver que la mujer tarda en moverse del asiento y en reunir sus cosas-.

Said Salazar, de 78 años de edad, asiente con la cabeza y como puede desciende por las escalerillas del autobús que la lleva de regreso hasta Tonalá, el municipio chiapaneco donde vive desde hace tres décadas.

Ahora, en cambio, una pareja de soldados de pómulos duros y mandíbula angulosa la observa en silencio con el fusil colgado del hombro, mientras elementos de Migración y más agentes aduaneros van de un lado a otro para abordar los autobuses que llegan a la Aduana de Huitxla; una infraestructura que México inauguró en 2013 con una inversión de 200 millones de pesos, equipada con tecnología proporcionada por Estados Unidos a través del Plan Mérida, y que, según la Administración General de Aduanas, tiene entre sus objetivos “facilitar el comercio” y “proteger a la comunidad”.

Sin embargo, a pesar de tantos aparatos modernos para detectar drogas y de ese juramento de proteger a la comunidad, Said sólo ve con rabia e impotencia cómo el agente le desparrama sobre una mesa los 2 mil 800 pesos que gastó esa mañana en mercancía.

Desde aquel día, hace ya algo más de un año, Said no ha regresado al mercado de Tapachula donde compraba “ropita para bebé, blusas, pantaletas, y bóxers para caballero”, que luego revendía en Tonalá para obtener unos pesos extra, y completar así la quincena con la venta de tamales y antojitos que cocina en el patio de su casa.

“¿Y para qué que voy a volver? -pregunta con desdén sin dejar de mover la manivela de un viejo molinillo en el que acaba de poner un puñado de maíz-. Después de esa noche la depresión me dilató más de un mes. Ese dinero que me robaron lo había pedido prestado, y tuve que trabajar mucho vendiendo pan y tamales para regresarlo –apunta con la barbilla hacia el pedazo de hierro oxidado que tapa la boca de un horno de ladrillo-. Y todo, porque no les di el dinero que querían para su bolsillo”.

Respira para recobrar un poco el aliento, y se ajusta los lentes con el dorso de la mano.

“Mientras más retenes, más corrupción –sentencia aún con la risa pegada a los labios cuando se le pregunta si, tal y como alegan las autoridades, los puntos de revisión que hay por toda la frontera sur hace sentir a la población más segura-. ¡Es una repartidera de dinero, eso es lo que es! Porque a quienes vigilan que no pasen los camiones con droga les dan un billete y pasan. Es lo mismo que hicieron con mi ropa: si yo hubiera tenido los 300 pesos, la mercancía habría pasado”, lamenta Said mientras, aún con fuerza en los brazos a sus 78 años, mete al horno la primera tanda de tamales que saldrá a vender a la calle antes de que despunte al alba.

“Aquí todo es pura corrupción –suspira la anciana, cansada-. Cada día estamos peor en este país”.

Revisiones en retenes aumentaron en Chiapas un 330%

A pesar de que, sobre el papel, Chiapas no es una de las entidades con más presencia militar –según la Sedena, en la zona 7 que corresponde a Tabasco y Chiapas hay un promedio de mil 584 efectivos, frente a los 9 mil 888 de la zona 4 que incluye a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí-, sobre el terreno, organizaciones civiles denuncian una latente militarización en el estado, así como en toda la frontera sur que divide México de Centroamérica.

Además, apuntan que con la llegada de la nueva administración de Peña Nieto el número de revisiones en retenes que se hace a la ciudadanía se ha multiplicado, especialmente en Chiapas. Percepción que corroboran las cifras, las cuales revelan que en tan sólo tres años, de 2011 a 2013, el número de revisiones realizadas a ciudadanos por la Policía Federal en retenes fijos –o “puntos de atención carreteros”- aumentó sólo en este estado hasta un 330%.

En respuesta a una solicitud de información pública elaborada de manera conjunta con la Clínica Jurídica de la UNAM, esta dependencia detalla que en 2011 se hicieron 6 mil 683 revisiones; en 2012 unas 15 mil 216; y el pasado 2013 otras 22 mil 095. Mientras que en este 2014, tan solo del 1 de enero al 8 de septiembre, los elementos de la Policía Federal ya realizaron 16 mil 930 revisiones en las carreteras de Chiapas, un 111% más que en todo 2012, y hasta un 253% más que en 2011.

Por otra parte, para documentar estas cifras sobre el terreno, Animal Político hizo un recorrido desde Tonalá hasta Tapachula, un corredor de 224 kilómetros en el que, en un trayecto equivalente al de Ciudad de México-Querétaro, se contabilizó 10 puestos de revisión; esto es, un retén fijo por tan solo 22 kilómetros recorridos.

En este corredor, en el que operan una amalgama de policías, agentes de migración, soldados, y marinos, y en el que hay invertidos millones de dólares en seguridad por parte del Plan Mérida de Estados Unidos, tanto ciudadanos mexicanos como migrantes de Centroamérica denuncian abusos y extorsiones por parte de los uniformados, que exigen dinero a cambio de transitar libremente.

“Los que llevan droga dan un billete y pasan”

Cinco minutos después de salir del centro de Tonalá rumbo a la ciudad de Tapachula, los tráilers comienzan a aminorar la marcha hasta detenerse por completo.

“Precaución. Puesto militar de seguridad”, reza un cartelón anclado a un costado de la carretera, para anunciar la Base Militar del 61 Batallón de Infantería de Tonalá.

En la fila también hay coches, autobuses, y camionetas que van cargadas de mango, producto agrícola que junto con el maíz, la sandía, y el tamarindo, predomina en esta localidad comercialmente estratégica por su cercanía con Oaxaca, y por constituir un sitio de paso en el corredor Tuxtla Gutiérrez-Tapachula.

A la orden de los soldados, los vehículos pasan con las pulsaciones del motor en reposo a la par de un camión estacionado en mitad del camellón, que lleva escrito en los laterales el emblema ‘Rayos X’.

Algunos tienen suerte. Los soldados sólo los hacen bajar del auto y les revisan de manera superficial: buscan entre los asientos, ordenan abrir la cajuela, observan si hay algún objeto extraño en el hueco de las ruedas, y repiten preguntas sobre lugar de procedencia y destino.

En cambio, a muchos otros, los militares les ordenan con un gesto marcial que se estacionen y apaguen el motor.

A ellos les ha tocado una revisión a fondo.

“En ese retén militar te hacen pasar por un infrarrojo para ver si traes drogas o armas–explica José Luis López, comerciante de 47 años que a diario viaja con su camioneta repleta de limones a Tapachula y a los pueblos que salpican la línea fronteriza con Guatemala-. Pero en realidad les da igual el aparato, porque en cuanto pasas con el camión te ordenan que te bajes, porque que te van a revisar”.

Además de la pérdida de tiempo –el comerciante asegura que “ahí te pueden tener dos o tres horas si quieren”– y de los productos que transporta debido al fuerte sol chiapaneco, José Luis López denuncia que, lejos de brindarles seguridad, los uniformados cometen actos de corrupción en esos retenes.

“La verdad, no sé qué es lo que quieran teniéndote ahí tanto tiempo. Tal vez busquen dinero, no lo sé. Pero yo veo a otros que van con su carro y nada más les dicen: ‘¡pásele, pásele!’. No creo entonces que los retenes sean por nuestra seguridad, ni que el trato sea parejo. Más bien me parece que es por seguridad de ellos (de los criminales), no de nosotros. Porque, siempre que hay un retén, todos aquí sabemos que es porque algo tiene que pasar”.

El campesino se lleva a continuación el dorso de la mano a la frente para enjugarse el sudor, y sonríe cuando se le cuestiona si se refiere a armas o drogas cuando asegura que “algo tiene que pasar” por el punto de revisión.

“No sabemos –encoge los hombros sin perder la sonrisa-, pero algo tiene que pasar por ahí”.

“Aquí el ciudadano se molesta por todo”

Sentado en la terraza de un hotel, el alcalde de Tonalá Manuel de Jesús García Coutiño admite que en los últimos años ha escuchado quejas como la del comerciante José Luis López acerca de los retenes, aunque durante la conversación hace hincapié en que esos puestos de control dan “una mayor seguridad” a la población y que el trato en las revisiones sí es parejo para todos, incluido para él mismo y su policía que no puede portar armas.

“Sí, nos han reportado molestias por los retenes –comienza diciendo, solemne-. Pero es que aquí el ciudadano se molesta por todo, no hay cultura. Sin embargo, yo como presidente de los tonaltecos estoy feliz por esos retenes, porque ahí nos están cuidando”.

-¿Qué es lo que se busca en esas revisiones? –se le cuestiona-.

-Ellos están para buscar drogas y armas, y a veces tienen problemas con los migrantes. Pero debemos entender que el militar es el que nos ayuda. Yo no estoy en contra de los retenes, para nada. Porque nos da una mayor seguridad a todos.

-¿Le han comentado los ciudadanos que en los retenes les piden mordidas?

-No me consta, ni quiero meterme en profundidades –García Coutiño responde levantando ambas manos-. Pero… a lo mejor sí.

A continuación, el alcalde se explica:

-Mira, yo siempre he dicho, y lo voy a decir con toda claridad, que eso no nos debe espantar, porque es algo que es parte de todo el mundo desde los tiempos en que Judas vendió a Cristo por unas monedas. Lo que debemos tratar de hacer es modelarlo (sic), que tenga razón de ser. Yo a mis policías les digo que no me voy a espantar si alguien les regala 100 pesos. Lo que me espanta es que lo quieran atorar para que les dé 500- ¡Eso sí ya es una corrupción tremenda! –exclama el edil-.

EU gasta 2 mil 300 mdd para equipar a México contra corrupción y narcotráfico

Como parte de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, así como para el reforzamiento de las fronteras entre ambos países, el Gobierno de Estados Unidos ha invertido en los últimos seis años miles de millones de dólares en México a través del Plan Mérida.

En concreto, de acuerdo con el informe US-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiativa and Beyond, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de EU (Congressional Research Service), desde 2008 hasta el presente año fiscal 2014, Washington ha gastado un total de 2 mil 350 millones de dólares.

Mientras que para el próximo 2015, la administración Obama ha solicitado otros 115 millones para continuar “asistiendo” a México a través de esta iniciativa que, en su pilar III, tiene como objetivo la creación de una “Frontera del Siglo 21”, que ayude a ambos países a combatir a los cárteles del narcotráfico, a controlar el flujo de mercancías, y a frenar el paso de migrantes proveniente de Centroamérica.

“Nuestro interés es trabajar conjuntamente y unir esfuerzos con las autoridades mexicanas para regular los controles que México hace en la frontera sur, la cual, y creo que esto es algo bien conocido, tiene diferentes partes que no están controladas en cuanto a migración, aduanas, y aplicación de la ley se refiere”, expone la directora en México de la Sección Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado, Annie Pforzheimer.

Para este cometido, la funcionaria explica que el Plan Mérida ha proporcionado a México equipos de inspección no intrusiva –como Rayos X, Rayos Gamma, vehículos de inspección móvil, equipos portátiles para detectar explosivos, etcétera-, algunos de los cuales “son altamemente móviles y pueden usarse en aeropuertos, puertos y en diferentes puntos de revisión en todo el país”.

“No obstante –enfatiza Pforzheimer-, Estados Unidos espera ayudar a México no sólo con esta tecnología, sino también entrenando a los oficiales mexicanos para que trabajen de manera más efectiva”.

Llegado a este punto, se cuestiona a la directora de Antinarcóticos si Washington tiene conocimiento sobre las quejas de la ciudadanía mexicana acerca de los retenes en la frontera sur-sureste del país, los cuales, como el de Tonalá, están equipados con fondos millonarios provenientes del Plan Mérida y, por extensión, de los contribuyentes estadounidenses.

-No, no he escuchado ninguna queja. Pero creo que es posible que exista ese sentimiento en esa zona –señala-.

-¿Por qué cree eso? –se insiste en la pregunta-.

-Creo que si anteriormente tú no tenías ningún check point en la zona, y de pronto lo tienes, vas a sentir que ya son muchos.

-¿Esas quejas son una preocupación para el gobierno de EU?

-Si las autoridades mexicanas quieren instalar check points o intentar poner el foco en el contrabando, esto es 100% una política de México.

-También hay ciudadanos que denuncian abusos y prácticas de corrupción en esos retenes –se le plantea a la funcionaria-. ¿Tienen conocimiento de esa situación?

-Para nosotros es extremadamente importante que no haya una asociación entre el cumplimiento de las labores de reforzamiento de la seguridad y la corrupción. Pero yo no tengo, en absoluto, ninguna información sobre qué tan extendido esté ese problema.

-¿Puede su gobierno presionar a México para atender estas quejas?

-Creo que nuestro papel de pedir a México que responda a las quejas no es tan fuerte como el rol que tenemos en intentar construir la capacidad para que México afronte esas quejas.

Por último, al ser preguntada de nuevo sobre la corrupción en los retenes mexicanos equipados con tecnología del Plan Mérida, la funcionaria admite que “debería saber un poco más sobre cómo opera exactamente el personal” en los puntos de revisión, aunque recuerda que en México hay mecanismos para denunciar abusos.

-Hay un ombudsman al que le pueden reportar prácticas cuestionables –apunta Pforzheimer-, aunque no te puedo decir qué existe y qué no existe con los ciudadanos mexicanos. La gente tiene que contar sus historias, y hay maneras de hacerlo guardando el anonimato. Cuantas más historias se den a conocer, más presión pueden construir contra los malos elementos que aplican la ley para éstos que sean removidos. Sé que estas cosas pasan –concluye la funcionaria-, pero también sé que no pasan con frecuencia.

Corrupción en la “Frontera del Siglo 21”

“¿Alguno de ustedes trae computadora?”

El taxista observa con los ojos negros muy abiertos a través de un espejo retrovisor adornado con pegatinas de la Virgen de Guadalupe y del Club de Futbol América.

Los pasajeros se mueven en el asiento trasero, incómodos.

“Lo digo porque si traen computadora, allá adelante van a tener problemas”, mueve la palanca de cambios y el motor acepta a regañadientes otra velocidad.

“Si no llevan factura les van a quitar la computadora, aunque no sea nueva, ¿eh? –levanta el dedo índice-. Yo paso al día veinte veces por ahí y he visto de todo. Conozco lo corruptos que son. Sería un milagro que no les registren sus cosas y se quieran quedar con algo”.

El coche sigue avanzando.

Toma varias curvas, y al final de una recta comienza a verse la Aduana de Huixtla; una infraestructura que también forma parte de esa “Frontera del Siglo 21” que Washington quiere ayudar a México a construir, y que, tal y como admitió fuera de grabadora un funcionario, está equipada con aparatos de inspección “no intrusivos” proveniente de los 2 mil 350 millones del Plan Mérida.

“Hace poco llevé a una señora y le quitaron todas sus cosas ahí, en esa Aduana -relata el chofer, que al recordar la escena apretuja con ambas manos el volante-. Le pedían 500 pesos para regresarle la ropa que había comprado en Tapachula”.

“Y yo me pregunto –mira de nuevo por el retrovisor-: ¿Cómo es posible que con sacrificio compres las cosas para sacar adelante a tu familia, y ellos te las quiten? Se supone que los que trabajan ahí el Gobierno les paga un sueldo, ¿no? Entonces, ¿con qué derecho nos tratan de esa forma tan agresiva?”, espeta el taxista bajando la voz hasta el murmullo, mientras, muy despacio, el coche entra a la Aduana y un uniformado le hace el alto.

“No se vale que te bajen de tu vehículo y te registren como a un delincuente –masculla entre dientes-. No se vale”.

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*Este reportaje fue producido en asociación con Round Earth Media (@roundearthmedia), organización de la sociedad civil de Estados Unidos que impulsa a la próxima generación de periodistas internacionales.

La reportera estadounidense Jennifer Collins participó en la elaboración de este trabajo periodístico.