[contextly_sidebar id=”R6vK9SsqXEgoqJoLwRVhyf89ISOfvCah”]La Procuraduría General de Justicia de Coahuila aclaró que 28 personas fueron secuestradas hace más tres años, el 18 de marzo de 2011, en el municipio de Allende y no 300, como había informado el presidente municipal Luis Reynaldo Tapia Valadez, en abril pasado.
El procurador Homero Ramos Gloria informó que integrantes de Los Zetas protagonizaron hechos violentos en Allende el 18 de marzo de 2011, cuando fueron atacadas y robadas al menos 48 casas de Allende, donde secuestraron a 28 personas, que eran presuntos conocidos de la gente que controlaba el dinero de la organización criminal.
Ramos Gloria y el subprocurador para la Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, Juan José Yáñez Arreola, agregaron que ya se localizaron los cadáveres de 11 de las 28 personas secuestradas, mientras que las demás continúan en carácter de desaparecidas.
“De estas 11, nueve son hombres y dos mujeres, descartándose que se encuentren menores de edad en este grupo”, precisó el procurador de Coahuila.
Explicó que, durante la investigación, se han localizado tres mil 450 restos óseos, de los cuales dos mil 977 piezas no sirven para identificar rastros de ADN debido al alto grado de descomposición que presentan; sin embargo, los 473 restantes están bajo proceso de investigación para determinar la identidad de personas desaparecidas.
Yáñez Arreola explicó que hasta ahora sólo se ha detenido a cuatro personas, dos de las cuales son expolicías, quienes participaron en los actos de desaparición forzada, mientras que también se mantienen liberadas cuatro órdenes de aprehensión derivadas de las investigaciones.
“Se cumplimentó orden de aprehensión en contra de dos ex policías municipales de Allende, identificados como María Guadalupe Ávalos Orozco y Jesús Alejandro Bernal Guerrero, así como los civiles Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez, además se giró orden de aprehensión en contra de cuatro personas más, en contra de quienes no han sido cumplimentadas”, detalló.
Señaló que el delito del que se les acusa es secuestro calificado bajo la modalidad de ocasionar un daño cometido en grupo y con violencia, por lo que pueden alcanzar una condena de hasta 45 años de prisión aunque, en el caso de los ex policías, alcanzarían al menos 50 años de prisión por tratarse de un delito agravado para los servidores públicos.
Ambos funcionarios señalaron que las investigaciones también les permiten saber que, además de las 28 personas desaparecidas, existen 15 personas más que abandonaron su casa por su propia voluntad para viajar hacia otros estados del país o hacia Estados Unidos.
Con información de Diario de Coahuila.
