La denuncia por desacato al fallo de la primera sala de la Suprema Corte fue presentada por los abogados de la pareja, Alex Alí Méndez y José Luis Márquez, ante el juez federal cuarto de distrito, Mario Alejandro Moreno Hernández, quien a su vez solicitó al alcalde el pasado 13 de enero fundamentar las razones por las que no se ha realizado la unión conyugal.
El alcalde Jaime Díaz Ochoa, de extracción panista, es señalado por la pareja y sus abogados de ser el principal opositor para llevar a cabo dicha unión conyugal, presionado, señalan, por el obispo José Isidro Macías.
Una vez que Díaz Ochoa presente su informe al juez federal, el caso se turnará a un Tribunal Colegiado de Baja California que determinará si el registro civil incumplió o no la ejecución de la sentencia de la Corte.
De confirmarse que hubo un desacato, explica el abogado Alex Alí Méndez en entrevista telefónica con Animal Político, podría derivar en la “inhabilitación para el cargo público, una multa o incluso la destitución de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en el incumplimiento de esta resolución”.
Sobre la denuncia de impedimento de matrimonio en contra de Víctor y Fernando, presentada por Angélica Guadalupe González Sánchez, la persona encargada de impartir las pláticas prenunpciales en el municipio –y denuncia por la que se frenó el cuarto intento de la boda el sábado 10 de enero–, el abogado Alex Alí señala que este viernes 16 de enero presentarán ante el juez de lo familiar en Mexicali las pruebas para refutar la acusación que considera que los contrayentes “padecen de LOCURA”.
Y enumera los argumentos:
1) El Código Civil de Baja California establece que sólo personas físicas, no organizaciones, podrán presentar una denuncia de impedimento de matrimonio, y Angélica Guadalupe González además lo hizo como presidenta y apoderada legal de la Coalición de Familias de Baja California A.C. 2) La oficial del registro civil Guadalupe Adriana Nevárez tuvo que levantar un acta circunstanciada para certificar quién y en qué términos presentó la denuncia, pero el documento no fue presentado. 3) Angélica Guadalupe González está impedida de presentar una denuncia, pues no es familiar de los contrayentes. El Código de Procedimientos Civiles del estado establece que sólo pueden hacer este tipo de solicitudes las personas que pudieran tener intereses hereditarios a los bienes jurídicos de las personas de que se trate. 4) El Ministerio Público federal o bien el DIF estatal están autorizados de solicitar un examen para corroborar las facultades mentales de los contrayentes; la denunciante no pertenece a estas figuras, y 5) Las actas de nacimiento de Víctor y Fernando, que en original ha tenido el registro civil, no tienen anotaciones marginales sobre algún juicio o declaración judicial que indique que padecen de sus facultades mentales.
“Todas estas inconsistencias hacen que el acto del registro civil que impidió la celebración del matrimonio resulte ilegal”, anota Alex Alí Méndez.
La visita al DF
Víctor Aguirre y Fernando Urias llegaron el martes 13 de enero a la Ciudad de México con el propósito de exponer el impedimento de su boda y el desacato al amparo de la Suprema Corte que les concede el matrimonio. Visitaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y dieron un pronunciamiento de su caso en la Cámara de Diputados, donde está instalada la Comisión Permanente.
Ya que están aquí, ¿por qué no se casan?, le han propuesto a la pareja. “No se trata del boleto de avión, es una cuestión de derechos humanos. En Baja California pagamos nuestros impuestos”, refiere Víctor.
“Mi compañero y yo estamos aquí con indignación y vergüenza. Indignados ante los hechos cínicos y vergonzosos de los que hemos sido víctimas por parte de las autoridades del municipio y el registro civil de Mexicali, Baja California. Con vergüenza, por tener que salir de nuestro estado para buscar justicia ya que nuestros legisladores y autoridades no han hecho nada al respecto. Por el contrario, hacen caso omiso en una obvia complicidad de la doble moral que prevalece en nuestro estado”, señaló Fernando desde la sala de prensa de San Lázaro.
Aquí el pronunciamiento:
“Soy de mente abierta”
Por su parte, en una declaración hecha este lunes a medios de comunicación locales que lo cuestionaron sobre el nuevo impedimento de la boda, el alcalde de Mexicali dijo que está dispuesto a acatar el fallo de la Suprema Corte “en cuanto estas diferencias jurídicas se resuelvan”.
“Seguimos sosteniendo lo mismo, el gobierno que encabezo debe ser cuidadoso y muy respetuoso de las resoluciones judiciales… al margen de las opiniones personales y debe ser institucional y respetar a todos los seres humanos que soliciten cualquier situación de trámite en el gobierno municipal”, anotó y descartó que él o su gobierno sean homofóbicos.
A la pregunta de si está a favor del matrimonio gay, respondió:
“Yo estoy a favor de respetar la decisión de los adultos con sus derechos a salvo, en ese ánimo estoy, de respetar la decisión que cada quien tome… Yo soy de mente abierta y, en ese sentido, respetuoso sobre todo de las decisiones de las personas”.
Mañana sábado a las 10:00 horas (tiempo local) se realizará una manifestación frente al Palacio Municipal de Mexicali en la que participarán integrantes de la comunidad LGBT, ciudadanos y defensores de los derechos humanos para apoyar a Víctor y Fernando, y en contra de la homofobia y la discriminación.
En tanto, en redes sociales continúa la campaña #MisDerechosNoSonLocura.
