[contextly_sidebar id=”XtEdB1adYFfRVsdbjpy8HkFgiOspdpMV”]Jaime Bernal García trabajó durante 15 años como agente de la Policía de Investigación del Distrito Federal, en condiciones precarias y, como el del resto de sus compañeros, nunca tuvo un aumento de salario. En 2013, a través de redes sociales, inició el Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia que pretendía conseguir mejoras laborales para el gremio, pero meses después fue despedido acusado de “desacato a una orden”.
El 1 de diciembre de 2014 se hizo efectiva la destitución que impidió recibir algún tipo de liquidación, pese a los años de servicio con un expediente limpio. Desde entonces ha intentado que su caso sea revisado pues se trata, insiste, de un despido injustificado. Hizo una huelga de hambre por seis días, afuera del búnker de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que el titular, Rodolfo Ríos Garza, lo atendiera, pero no tuvo éxito.
Tramitó una revisión ante el comité de honor y justicia de la Procuraduría, quien ratificó el despido. Sin embargo, esta semana, continuará con su inconformidad ya fuera de la PGJDF e interpondrá un juicio de amparo ante Tribunal superior de justicia del DF.
Bernal asegura que se trata de una “venganza” por haber iniciado la organización de sus compañeros. Y es que en un ambiente donde la mayoría teme denunciar las anomalías por miedo a ser despedido, se le ocurrió crear la página de Facebook “Foro de las ideas en pro de los derechos laborales del personal de la PGJDF”, que en un inicio funcionó como “paño de lágrimas”, pues era un espacio donde los uniformados escribían quejándose de las condiciones laborales.
En unos meses pasaron de decenas a miles de participantes. La respuesta los motivó a organizar una primera manifestación pública con un mitin en el Zócalo del DF el 26 de junio de 2013. Por primera vez, los uniformados capitalinos se atrevían a señalar sus inconformidades.
Un mes después pensó que el movimiento había dado resultado pues fue llamado a un encuentro con el oficial mayor de la PGJDF, Basilio Puebla Medina, el 27 de julio.
Aunque era un día laboral, pidió permiso a su jefe directo para acudir a la cita que transcurrió con normalidad.
Días después le notificaron que era sujeto de un procedimiento administrativo por “desacato de una orden”, es decir, haber faltado a trabajar el día que se encontró con el funcionario. A partir de ahí se inició una investigación que derivó en el máximo castigo para un funcionario público: la destitución.
Sabe que hacer público cualquier cosa que ponga en evidencia a las corporaciones policíacas es mal visto por los funcionarios y mandos, pues, según les dicen, “daña a la corporación”.
Después de perder su trabajo y seguir con el movimiento, teme ser víctima de más represalias, pues sabe cómo actúa la policía. Por ejemplo, dice, para sembrar un delito basta con la acusación de alguien para que inicie un proceso en su contra. En un un “palabra contra palabra” cualquiera podría ser hasta encarcelado.
Incluso teme por su vida pues sabe que los “puntos ciegos” de las cámaras de vigilancia puestas por toda la ciudad son espacios perfectos para atacar a alguien sin que quede registrado en el sistema operado desde el Centro de Mando de la Ciudad de México. “No soy paranoico”, dice, pero toma precauciones hasta al usar el transporte público como el metro y evitar cualquier tipo de “accidente”.
¿Los policías son corruptos?
Los policías no son reconocidos socialmente y más aún, 80% de los mexicanos los considera los funcionarios públicos más corruptos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2014 realizada por el INEGI. Ellos lo saben y aprenden a sobrellevarlo y algunos, con sus acciones frente a la ciudadanía, refuerzan esa percepción.
El hombre moreno, de 39, años, no se esfuerza por convencer de la honestidad de los policías. Reconoce que existe la corrupción, pero es una cadena proveniente de todos los puestos del organigrama. “Los mandos son los que se corrompen. Dan órdenes en cascada, aunque la mayoría no acepta la corrupción, lo hace” y después de un tiempo, dice Bernal, se vuelve costumbre.
El sistema está tan corrompido que cualquiera con intenciones de hacer bien su trabajo lucha contra corriente. Cuando Jaime egresó de la academia de policía conoció un dicho común entre el gremio “hazte pendejo y llegarás lejos” y que lo vio cumplido en sus años de servicio.
Un ejemplo de ello es que “las mordidas” que los policías reciben cuando trabajan en calle son parte de una cadena de cuotas hacia los mandos inmediatos y recursos necesarios para el mantenimiento de sus propios equipos.
Cualquier compostura de los vehículos y uniformes debe ser pagado por quien los ocupa. Él, por ejemplo, se encargaba de la investigación de homicidios en la PGJDF tenía que pagar de su bolsillo hasta por las copias de los expedientes.
Además, desde que llegó a la corporación en 1999, tuvo un salario de 11 mil 500 pesos durante la administración de Samuel del Villar, quien empujó un aumento salarial considerable pues en un inicio los policías de investigación percibían poco más de 5 mil pesos mensuales.
15 años después, el sueldo no aumentó. Aunque ascender en el escalafón permitiría mejorar las condiciones económicas, pocos pueden acceder a puestos más altos, no por falta de capacidades sino de “contactos”; los “mandos” están destinados para los allegados de los jefes, mientras que el Servicio Civil de Carrera, mediante el cual se realizan exámenes y se distribuyen los ascensos es un “engaño”.
Bernal espera que los policías se convenzan de defender sus derechos para ser mejores funcionarios públicos y que el movimiento pueda seguir creciendo hasta conseguir algún cambio en el gremio que, dice, repercutiría en la sociedad.
