[contextly_sidebar id=”udNwqOIAuoXmmq4oBCsaq9kpD7HiqHsa”]El diario Reforma informó este jueves 29 de enero que un juez federal rechazó admitir la demanda por 36 millones de dólares de la ciudadana francesa, Florence Cassez, por daño moral contra el expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, otros exfuncionarios, Grupo Televisa y dos periodistas.
Juan Manuel Vega Tapia, juez segundo de distrito en materia civil, se declaró incompetente, ya que dijo que –en cuanto a la acusación contra exfuncionarios– la vía civil no es la procedente, sino que debe ser revisado bajo la Ley Federal de Responsabilidad patrimonial del Estado.
En la demanda a Televisa y a los reporteros Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah – responsables de difundir el montaje que hizo la Policía Federal bajo el mando de Genaro García Luna para simular la captura de Cassez en diciembre de 2005-, el juez Vega determinó que el caso debe ser revisado por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia del DF, pues no es un asunto federal.
Los abogados de Cassez todavía no son notificados del asunto, pero pueden aceptar el fallo para iniciar los nuevos trámites o apelar ante un tribunal unitario de circuito.
La ciudadana francesa detenida por su presunta participación con una banda de secuestradores basa su reclamo en la sentencia de la Primera Sala de la Corte, que ordenó su liberación en enero de 2013, ya que consideró que era inocente porque el montaje televisivo sobre su captura tuvo un “efecto corruptor” que vició todo el proceso penal en su contra.
Florence Cassez fue condenada en México a 60 años de cárcel por secuestro en 2005 y fue liberada en enero de 2014 después de que la Suprema Corte le otorgara un amparo por “las irregularidades ocurridas durante su proceso”.
La ciudadana francesa fue detenida por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que dirigía Genaro García Luna. En ese entonces fue acusada de pertenecer al grupo delictivo Los Zodiaco, liderado por su pareja sentimental, Israel Vallarta, y de participar en al menos tres secuestros.
Los funcionarios que participaron en la aprehensión de Cassez incurrieron en por lo menos tres delitos: contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, de acuerdo con un reporte emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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