[contextly_sidebar id=”Xp1GOxH7CIF3Ps15oRnZaJSBKkZxZMTd”]A través de una lista de 10 puntos, los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa rechazaron los resultados de las investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó este 27 de enero y señalaron que no permitirán que el gobierno cierre el caso.
“No vamos a permitir que cierren las investigaciones con la sola declaración de los asesinos”, aseguró el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz, quien agregó que continuarán con la búsqueda de los normalistas hasta que no se les dé una prueba científica que demuestre que los estudiantes fallecieron.
Al tomar la palabra, el abogado Vidulfo Rosales presentó la lista de 10 puntos por los que los familiares no aceptan el informe de la PGR.
- No existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. “Dado que es más que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes.
- La declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula.
- La información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados
- La PGR no ha aclarado cómo explica el homicidio de Julio César Mondragón, cuyos restos fueron encontrados en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.
- A cuatro meses de los hechos, el Estado mexicano se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables. El extitular de la Policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, su subalterno Francisco Salgado Valladares, Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, y 11 personas más continúan prófugos, junto con el líder de Guerreros unidos, Ángel Casarrubias Salgado “El mochomo”.
- La Procuraduría General de la República no ha logrado que exista un sólo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos.
- En el mismo expediente, donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota.
- Sólo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido.
- No se ha indagado la responsabilidad del Ejército, puesto que en el expediente hay indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó, ante el Ministerio Público, que el Ejército sabía desde 2013 que Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula.
- No ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno de Guerrero.
Rosales acusó que el gobierno federal tiene prisa para cerrar una investigación que no es concluyente y adelantó que los padres de familia acudirán a instancias internacionales en busca de ayuda, por lo que el próximo 2 y 3 de febrero irán al comité de Desaparición Forzada de la ONU, donde acusarán de manera formal al gobierno mexicano.
Después de rechazar la versión de la Procuraduría General de la República con la pregunta “Si los quemaron con todo y celulares, ¿por qué 15 días después de la desaparición el celular de mi hijo timbraba?”, Epifanio Álvarez, padre de Jorge, uno de los estudiantes desaparecidos, aseguró que el gobierno federal “ha pisoteado su dignidad”.
“La subprocuradora me dijo que mi hijo estuvo en Flores Magón; no es posible que los hayan quemado”, señaló Carmen Cruz, madre de otro de los normalistas, quien pidió que el gobierno les entregue a sus hijos antes de acusar que los militares sí participaron en la desaparición de sus hijos, puesto que “bloquearon calles” y habían amenazado a los estudiantes.
Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza, otro de los desaparecidos, aseguró que gente de Iguala les comentó que el Ejército había participado en la desaparición de los jóvenes y acusó que la intención del gobierno es cerrar el caso antes de las elecciones del próximo 7 de junio.
Antes de concluir la conferencia, una de las madres de los desaparecidos aseguró que los familiares de los estudiantes lucharán para que no haya elecciones en Guerrero en junio próximo.
La tarde de este 27 de enero, la Procuraduría General de la República confirmó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, cercano al basurero de municipal de Cocula.
Acompañado del jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam dijo que, con base en las declaraciones de los participantes en los hechos, se determinó que “los estudiantes fueron señalados como delincuentes del grupo antagónico”, por lo que fueron asesinados.
Concluyó que no existen evidencias que indiquen que elementos del Ejército mexicano hayan participado en los hechos.
A continuación puedes consultar el comunicado íntegro que emitieron los padres de familia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa la noche de este 27 de enero.
